Día de la Policía Foral
Tráfico: los vaivenes de una demanda histórica de Navarra
Navarra no acaba de conseguir esa competencia en exclusiva, en una historia de acuerdos y anuncios fallidos e incluso de la utilización política de esta transferencia para otros fines
Publicado el 25/02/2024 a las 05:00
La exclusividad de la competencia de tráfico y seguridad vial ha sido una demanda histórica de Navarra, una competencia que ejerció hasta 1959. Su recuperación, de nuevo malograda, se había producido después de años de obstáculos y anuncios de acuerdos que nunca culminaban.
La vigilancia y ordenación del tráfico eran competencias de la Diputación Foral desde su creación en 1841, por sucesión en las facultades que había tenido la antigua Diputación del Reino. La Diputación consiguió mantenerlas hasta 1959. Así lo relata Miguel Izu en su libro 'La Policía Foral de Navarra'. Sin embargo, a partir de entonces el Ministerio de la Gobernación equipara esta competencia en todas las provincias, lo que supuso que la potestad sancionadora la tuvieran los gobernadores civiles y la llegada en 1960 a Navarra de los primeros 40 guardias civiles de tráfico, como relata Mikel Santamaría en su libro '90 años: Policía Foral de Navarra (1929-2018)'.
Navarra discrepaba. En 1962, ambas administraciones firmaron un convenio que supuso compartir la competencia. Según relata Izu, en un acuerdo del 31 de agosto de ese año la Diputación señalaba que no tenía inconveniente en “suspender de momento el ejercicio de sus derechos”, pero “siempre con la reserva” de “volver a recuperar” esas funciones.
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GOBIERNOS DE TODOS LOS COLORES
El Amejoramiento, aprobado en 1982, reconoce que en todo lo relativo a tráfico y circulación, Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que “actualmente ostenta” e indica que la Policía Foral seguirá ejerciendo sus funciones bajo el mando de la Diputación.
Las competencias de tráfico fueron reconocidas a Cataluña y País Vasco, pero no ocurrió lo mismo en Navarra, donde las han reclamado políticos de todos los colores y se ha negociado entre diferentes Gobiernos de la Comunidad foral y España.
Uno de esos intentos se produjo bajo la presidencia de Miguel Sanz, de UPN. En 1997, el entonces consejero de Presidencia e Interior, Rafael Gurrea, elaboró un estudio para que antes de 1999 la Policía Foral asumiese en exclusiva tráfico. Una reducida parte de la Guardia Civil se incorporaría a la Policía navarra. En 2000, el presidente José María Aznar, del PP, se comprometió con Miguel Sanz a que Navarra recuperase la competencia para el año 2001, pero aquello quedó en nada.
Posteriormente, el Gobierno central trasladó a Navarra su negativa a que la Guardia Civil abandonara las carreteras mientras siguiera el problema del terrorismo. El Ejecutivo de Sanz buscó una salida y acordó en 2002 solicitar el traspaso de tráfico, pero manteniendo en esa tarea también a la Guardia Civil. Navarra recuperaría la facultad de recaudar las multas, independientemente de qué agentes las impusieran. Llegó a haber un acuerdo que, de nuevo, no se materializó.
La Comunidad foral siguió reclamando esa competencia al Gobierno central del PSOE, que en 2005 insistió en que la Guardia Civil seguiría en las carreteras aunque Navarra asumiese tráfico. Ministros de Interior como José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba trasladaron su disposición a debatir el traspaso. Ahí quedó todo.
Las competencias de Navarra en materia de tráfico acabaron en el Tribunal Supremo cuando el Estado recurrió dos resoluciones de 2014 y 2015 del Ejecutivo de UPN, que regulaban restricciones para el tráfico de mercancías y ante pruebas deportivas. En 2018, el Supremo dio entonces la razón a Navarra, al respaldar que tráfico es una de sus competencias y funciones históricas. Según explicó ese año el ya presidente Pedro Sánchez, esta sentencia fue clave para que acordara con la presidenta Uxue Barkos el inicio de negociaciones para que Navarra asumiera en exclusiva tráfico y seguridad vial.
MONEDA DE CAMBIO PARA SÁNCHEZ
El anuncio de ese acuerdo se dio a conocer tras la reunión que Sánchez y Barkos mantuvieron en Moncloa el 30 de octubre de 2018. Sin embargo, no tardaría en proyectarse sobre ese pacto la sospecha de que no era fruto de un acuerdo entre gobiernos, sino entre el PSOE y el grupo del PNV en el Congreso. Lo desveló el 27 de febrero de 2019 el portavoz de este y diputado por Vizcaya, Aitor Esteban, cuando reclamó al presidente del Gobierno central que cumpliera el compromiso y materializara esa competencia pactada con ellos y “solemnizada con la presidenta Uxue Barkos” en Moncloa. Sánchez le respondió que así lo haría. Acabó la legislatura sin que se diera paso alguno.
El líder del PSOE volvió a necesitar al PNV para su investidura en diciembre de 2019 y Tráfico volvió a estar en su tablero negociador. El acuerdo que Sánchez firmó con Andoni Ortuzar, líder del Partido Nacionalista Vasco, especificaba que ese traspaso a Navarra culminaría en 6 meses, algo que tampoco se cumplió.
En 2022, para conseguir aprobar los presupuestos del Estado, el PSOE volvió a utilizar la competencia navarra al comprometerse por escrito con EH Bildu a que la transferencia fuera efectiva antes del 31 de marzo de 2023. Antes de que acabara ese mes, la presidenta María Chivite anunció el acuerdo de traspaso.
El Gobierno de Chivite en ningún momento se quejó públicamente de esa utilización de las competencias de tráfico. La pasada legislatura, estuvo meses negociando con Moncloa para conseguir cerrar ese acuerdo. Por su parte, los dirigentes de EH Bildu siguen asegurando que si se hizo realidad, fue gracias a ellos.
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En ese marzo de 2023, el acuerdo de traspaso fue respaldado unánimemente por la Junta de Transferencias en la que estaban todos los grupos parlamentarios de Navarra y luego aprobado por el Ejecutivo central mediante un real decreto. Parecía que había llegado por fin a la meta la larga y accidentada carrera de esta transferencia que se hizo efectiva a partir del 1 de julio y se iba a asumir progresivamente con un plazo límite, 2027, para que la Policía Foral fuese la única que llevara a cabo la vigilancia y control del tráfico.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una sentencia conocida el pasado lunes, ha anulado el real decreto por el que se formalizó el traspaso de esta competencia a Navarra, al estimar la demanda de la asociación profesional de guardias civiles Jucil. En su sentencia planteó dos posibles opciones para que Navarra pueda ejercer tráfico en exclusiva, una de ellas, promover una reforma del Amejoramiento que deje claro que es una competencia de Navarra. El jueves la presidenta Chivite anunció que van a impulsar de inmediato el procedimiento para esa modificación.
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