La anulación por parte del Tribunal Supremo del real decreto por el que Navarra había asumido desde el pasado 1 de julio en exclusiva las competencias de Tráfico y Seguridad Vial tuvo este sábado un notorio protagonismo en el acto central del Día de la Policía Foral. Pese al carácter festivo de la celebración en la que se han entregado hasta 78 distinciones, tanto el máximo responsable del cuerpo policial, Iván Ortueta, como la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, han aprovechado sus intervenciones para referirse a la fallida competencia. Entre los asistentes al acto, además de una nutrida representación institucional, había desde responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros cuerpos policiales autonómicos y locales, a jueces, fiscales, miembros de la Escuela de Seguridad y Emergencias, sindicatos, representantes políticos y familiares.

El primero en hablar ha sido Ortueta, quien tras tomar el relevo a Juan Carlos Zapico al frente del cuerpo autonómico afronta una legislatura cargada de hitos históricos. Si se cumplen los plazos, acabará con la Policía Foral en Mutilva Alta. A pesar del revés del Alto Tribunal, Ortueta tampoco renuncia a poder materializar en la carretera la exclusividad en las competencias de Tráfico. “La sentencia del Supremo tiene un evidente impacto para Policía Foral pero no nos separa de un objetivo en el que seguimos creyendo”, ha defendido para a renglón seguido apelar al “compromiso” de todos los partidos y pedirles “diálogo” para que haya acuerdo. “Esperamos poder contar con la misma voluntad, compromiso y capacidad de acuerdo, tanto por parte del Gobierno de Navarra y del conjunto de la representación parlamentaria, como por parte del Gobierno del Estado. Seguiremos trabajando para que cuando la transferencia se produzca estemos plenamente preparados para dar el mejor servicio a la ciudadanía”.

La presidenta María Chivite ha recibido el guante: “Asumir las competencias de Tráfico no es un movimiento contra nada ni nadie. Es simplemente la extensión de una responsabilidad utilizando todo el conocimiento propio y ajeno para dar el mejor servicio a la ciudadanía navarra”. Os corresponderá a la Policía Foral, tal y como hemos acordado el Gobierno de España y el de Navarra y han apoyado por unanimidad todos los partidos navarros participantes de la Junta de Transferencias. Que no quepa ninguna duda”.

Ha admitido que la resolución del Tribunal Supremo “supone un alto en el camino” pero quiso aclarar que “no es una señal de prohibido el paso. Es simplemente una señal de STOP que nos obliga a parar hoy, pero que mañana nos permitirá volver a incorporarnos a la vía de la transferencia”. Algo que se hará, recordó, mediante una reforma de la Lorafna. De ahí su llamada al resto de partidos para alejarse del “ruido” y acordar una “postura común” ante el Estado sobre la transferencia. “No voy a permitir que se utilice el nombre de la Policía Foral para atacar Navarra”. Ha remarcado que el acuerdo ha sido la herramienta que nos ha construido como comunidad y que será, también, el instrumento que se ponga en marcha para resolver esta situación. “Si queremos anteponer el servicio público, si la clase política también quiere ser útil a la sociedad navarra, debemos sentarnos, acordar entre nosotros y trasladar una postura común al Estado”, ha concluido.

La Policía Foral se encuentra actualmente en fase de análisis y reflexión para plantear un nuevo plan estratégico (2024-27) que permita como objetivo prioritario dar respuesta a las demandas de seguridad pública de la sociedad. El cuerpo autonómico ha ido incrementando en los últimos años su número de agentes, en paralelo al crecimiento de sus necesidades. Este 2024, lo integran 1.148 personas, el número de efectivos más alto de su historia y donde la presencia de mujeres es cada vez más notable. La plantilla de Policía Foral sumará 100 policías más cuando finalice el proceso de oposición para el ingreso que está a punto de resolverse. En 2023, el cuerpo autonómico atendió alrededor de 117.000 llamadas, llegando a tramitarse 9.000 denuncias en su Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona, lo que supone la cifra más elevada en sus quince años de funcionamiento. En cuanto a intervenciones generales, según la Memoria de Policía Foral de 2023, se instruyeron un total de 44.135 expedientes, un 0,38% más que durante 2022. En cuanto a las denuncias administrativas, fueron 41.888, de las cuales 37.169 pertenecientes al área de Seguridad Vial. Asimismo, la Policía Foral llevó a cabo la investigación de 6.446 delitos. Por tipología, los delitos de hurtos registrados fueron 2.283, mientras que los delitos contra las personas fueron 1.590, en su mayoría de lesiones (1.562). Asimismo, Policía Foral atendió 1.531 delitos contra el patrimonio. En lo referente a violencia contra la mujer, se registraron 812 delitos. Asimismo, se actuó en 213 delitos contra la libertad sexual y 17 de bullying. En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, se registraron 4.128 denuncias.