Un juzgado de Pamplona investiga si hubo delito en la adjudicación de cuatro obras en el parque Sendaviva tras los incendios de 2022. La querella de VOX admitida sostiene que los contratos se ‘trocearon’ para no alcanzar el mínimo de 200.000 euros que habrían requerido de una Mesa de Contratación (dos de ellos no llegan por 1 euro), y que se adjudicaron a la misma empresa que luego se encargó de las obras de remodelación del piso del exsecretario de organización del PSN y actual parlamentario socialista, Ramón Alzórriz, a un precio que el partido político considera muy inferior a la realidad.

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 5 de Pamplona dictó este martes un auto con la admisión de la querella contra el gerente de Sendaviva y el dueño de Adentro Construimos, por los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Con respecto a Alzórriz, al ser aforado como parlamentario ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), acordó remitir la querella a este órgano “para la tramitación en su caso del procedimiento” contra el parlamentario.

Los hechos investigados se remontan a finales de 2023, cuando se adjudicaron las obras de reconstrucción de Sendaviva, afectado el verano de 2022 por unos graves incendios. Las adjudicaciones se fraccionaron en cuatro contratos, denuncia la querella, para no llegar a los 200.000 euros por separado, y se concedieron a Adentro Construimos: dos de los contratos eran de 199.999 euros, un tercero de 190.000 y el cuarto de 199.848 euros. En total, las obras adjudicadas de forma directa a esta constructora por las obras de Sendaviva alcanzaron los 789.846,74 euros.

Después de estas adjudicaciones, esta constructora llevó a cabo las obras de reforma de un piso del entonces portavoz socialista en el Parlamento de Navarra y secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, que dimitió hace casi un año tras desvelar que su pareja había trabajado con Servinabar, empresa en el foco de posibles casos de corrupción ligados a Santos Cerdán.

El presupuesto de las obras en su piso, de acuerdo a la licencia municipal, según refleja la querella, fue de 38.000 euros, algo que el partido político considera “imposible”, según sus estimaciones sobre el calado de la reforma, la ubicación del inmueble en la ciudad y su duración. “Estaríamos hablando de 150.000 euros”, sostiene .

DOS PRUEBAS SOLICITADAS

De momento, la magistrada del juzgado solicitó este martes dos diligencias. Por un lado, requirió a la Intervención General del Gobierno de Navarra que aporte los informes que hubiera elaborado en relación con los cuatro contratos de obra denunciados. El que presentó el pasado 11 de diciembre ya consideró irregular el troceamiento de las adjudicaciones: Intervención General concluyó que “debieron ser objeto de licitación conjunta”. El juzgado también acordó remitir a la Cámara de Comptos toda la documentación enviada ya por Parquenasa, dueña de Sendaviva, para que realice un informe sobre la “licitud o ilicitud del fraccionamiento” de las cuatro adjudicaciones.

Parquenasa está formada en un 55% por socios privados (Grupo la Información, editora de Diario de Navarra, Criteria de Caixabank y el que era un grupo constructor, Grupo Sanzol). El otro 45% es de NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio), sociedad pública que depende del departamento de Cultura, Deporte y Turismo, y que es el administrador único de esta sociedad.

El informe solicitado por el juzgado a la Intervención General del Gobierno de Navarra ya concluyó el pasado mes de diciembre que los cuatro contratos de obras en Sendaviva que fueron adjudicados por el procedimiento simplificado a una misma empresa, Adentro Construimos, “debieron ser objeto de licitación conjunta” y, por tanto, el procedimiento de contratación “debería haber sido abierto” a quienes hubiesen querido concurrir. Sostenía que utilizar los cuatro procedimientos simplificados fue improcedente.

Las obras fueron financiadas con la subvención del Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física (INDAF) a Parquenasa. El INDAF, cuyo director gerente es el socialista Jorge Aguirre, depende del departamento de Cultura, Deporte y Turismo de la consejera Rebeca Esnaola.

La Intervención General se encarga de controlar que el gasto público se ajusta a la normativa. En su informe, vio indicios de que hubo un incumplimiento de la resolución que fijaba las bases de la concesión de esa subvención, aunque “parcial”, porque la ejecución de las obras se realizó correctamente. El organismo pedía al INDAF que, una vez se cuantifique el impacto económico del incumplimiento, pida el reintegro a Parquenasa. El Gobierno foral hizo público el informe a finales de febrero después de que la consejera Esnaola desvelara su existencia y leyera solo una parte.

UPN también lo denunció ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que abrió una investigación al apreciar posibles irregularidades, pero la suspendió al estar el tema judicializado.

Te puede interesar

UPN se personará en la querella contra Alzórriz y la constructora de las obras de Sendaviva

Ir a la noticia

La querella presentada por VOX también se dirige contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, por su condición de consejero delegado de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), donde está integrada NICDO. En su caso, la querella ha sido inadmitida por la falta de un trámite procesal en su presentación (el poder especial). Cuando se subsane este trámite, está por ver cómo y en qué tribunal evoluciona la investigación del caso, ya que Arasti es aforado ante el Tribunal Supremo por ser consejero del Gobierno foral y Alzórriz ante el TSJN como parlamentario.  Quien no lo investigará será la magistrada que dictó el auto ayer, ya que deja el juzgado y en los próximos días toma posesión en la Sección Primera de la Audiencia de Navarra.