El diagnóstico de la convivencia en Pamplona elaborado a partir de 828 encuestas entre las 186.113 personas mayores de 16 años empadronadas en la ciudad; aportaciones de los grupos políticos EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin, tras declinar UPN y el PP participar; del tejido asociativo y social; del Gobierno de Navarra o de entidades de memoria histórica y reciente concluye que el 71% de la ciudadanía ve la convivencia en la ciudad como “buena o muy buena” y que un 88% cree que el debate político está “demasiado crispado”. Entre otros datos arrojados tras el trabajo hecho con la asistencia técnica de la Fundación Baketik y de CIES Análisis de Mercado y Opinión figura también que un 72% de la sociedad pamplonesa entiende que persiste “una deuda pendiente con las víctimas”. No les pone apellido, aunque EH Bildu insistía este lunes en “todas”.

Ante el plan de convivencia que prepara el Consistorio, un 70% de la ciudadanía “considera prioritario incorporar medidas específicas de reconocimiento de las víctimas de ETA y de otras violencias políticas y un 82% coincide en la importancia de evitar su instrumentalización política”. También aborda el trabajo de campo la inmigración. Para el 53% las personas migrantes son las más expuestas a la discriminación y un 41% asocia la llegada de personas de oros países con una menor seguridad.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, encabezado por el alcalde, Joseba Asiron (EH Bildu), y por su teniente de alcalde, Garbiñe Bueno (EH Bildu) y los portavoces de sus socios, Mikel Armendáriz (Geroa Bai) y Txema Mauleón (Contigo Zurekin) presentó este lunes algunos datos del diagnóstico de la convivencia y la propuesta de ejes estratégicos para elaborar el plan. En una comparecencia en el Consistorio trufada de críticas a las políticas de UPN y el PP y a su negativa a participar en el proceso para el plan de convivencia, cuya inclusión en el acuerdo programático fue uno de los “logros” que el entonces secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, destacó cuando el 13 de diciembre de 2023 su partido firmó y registró con el tripartito la moción de censura a UPN. Quizá por eso tres de los cinco ediles socialistas convocaron minutos después de que hablara el equipo de gobierno a un análisis de urgencia. Allí la portavoz, Marina Curiel, abogó porque el plan se convierta en una “prioridad de ciudad”.

En una nota de prensa del Consistorio además, incluyeron críticas directas, sin llegar a nombrar a los partidos. “Según este estudio, el 71% de la ciudadanía califica la convivencia actual en Pamplona como buena o muy buena, dato que contrasta fuertemente con otro: el 88% percibe un alto nivel de crispación en el debate político. Ambos indicadores demostrarían lo alejadas de la realidad que estarían las estrategias de polarización de determinadas formaciones políticas que llevan a que el 91% de la ciudadanía perciba que el enfrentamiento es cada vez mayor pese a que en su entorno no lo es”. No tardó UPN en explicar su opinión sobre la encuesta y reiterar su rechazo a un plan de convivencia liderado por EH Bildu. “Pretenden hacerse pasar por el garante de la convivencia de Pamplona, cuando la realidad es que son exactamente lo opuesto”, señalaron.

PLAN PENDIENTE

Expuso el Consistorio que tras la encuesta y diagnóstico, a los que destinó 35.695 euros, llegará el encargo del plan. La redacción se hará a través de un contrato menor (15.000 euros) y la adjudicación se prevé para junio y la entrega para noviembre para poder incluir partidas para desarrollarlo en el presupuesto de 2027. Como ejes figuran el refuerzo a la participación y vínculo con el tejido social, prioridad la intervención en barrios, desarrollar estrategias contra discursos de ocio y discriminación, incorporar memoria y víctimas con metodología prudente y enfoque de derechos humanos o abordar la desigualdad y la exclusión como retos.