La magistrada del Supremo Susana Polo, a cargo de la instrucción del ‘caso Tsunami Democràtic’, acordó ayer el archivo de la causa penal abierta por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg. 

Polo tomó esta decisión una vez que el juez Manuel García-Castellón archivó la causa de la Audiencia Nacional en la que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras la decisión de la Sala de lo Penal de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021.

 El motivo se debe a un error procesal del juez García Castellón que no cumplió con los plazos que establece la ley para prorrogar la investigación, que acordó 24 horas después del tiempo límite. 

Un desenlace inesperado del caso, uno más en la cadena de hechos imprevistos que vienen jalonando las gravosas consecuencias políticas y judiciales del amago de ruptura de la comunidad catalana con la España constitucional. Como era previsible, la falla en la instrucción ha sido interpretada por el independentismo como la evidencia de que el juez ha actuado con “intencionalidad política”. 

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Ayer, Puigdemont volvió a insistir en que este “era y es un caso de lawfare de manual”. Este es el nulo respeto que presentan por las instituciones y el Estado de Derecho los socios secesionistas de Pedro Sánchez, poniendo una vez más en entredicho que en España exista una democracia plena y garantista. Precisamente, cuando si algo prueba lo ocurrido es que la justicia que tanto critican y desprecian, incluso cuando les da la razón, opera con sus garantistas mecanismos de revisión.

Además del archivo de este caso, ayer también se conoció que el juez que investiga la trama rusa del procés deniega la amnistía a Puigdemont y eleva la causa al Tribunal Supremo. Puigdemont y los secesionistas catalanes se las prometían muy felices con la claudicación de Pedro Sánchez para aprobar la ley de Amnistía y quedar exonerados así de todas sus causas pendientes. 

Pero es evidente que más allá de las intenciones políticas, la última palabra corresponde a los jueces. Y esa es sin duda la mejor garantía que cabe en un Estado de Derecho pleno como el español. Por más que el independentismo insaciable siga poniendo sobre la justicia su dedo acusador.