Los socialistas denominan siempre a los gobiernos de coalición que forman con otros partidos, sean o no de izquierdas, como “progresistas” o “gobiernos de progreso”. El marbete de progresista lo aplican siempre, porque parece que la ciudadanía valora mejor el concepto de gobierno de progreso que el de gobierno de coalición y también porque progresista resulta una buena imagen de marca. Sin embargo, un gobierno progresista o de progreso debería ser mucho más que una imagen de marca. Todos los indicios apuntan a que el gobierno que va a formar el candidato del PSOE tras su investidura no solo no será progresista, sino que será un gobierno reaccionario.

Se consideran valores progresistas aquellos relacionados con el estado de bienestar, la defensa de los derechos de los más débiles, la solidaridad y la equidad; además de la defensa y promoción de derechos fundamentales como la igualdad de todos ante la ley. Con frecuencia, tan pronto como se alcanza el poder se olvidan o pasan a segundo plano tan importantes valores para centrarse en el reparto de los cargos institucionales, como ocurre en Navarra, donde nunca hubo tantos consejeros, vicepresidentes y directores generales como con gobiernos “de progreso”. Lo que resulta nuevo del proceso de investidura que acaba de terminar es que el pudor se haya perdido desde el primer momento y no se disimule que el único objetivo para el candidato del PSOE es mantener la presidencia del gobierno a cualquier precio. Y menudo precio. El problema es que lo pagamos todos, en forma de desigualdad, insolidaridad y ruptura de los principios básicos del Estado de derecho.

Los acuerdos con partidos tan de izquierdas como el PNV y Junts per Catalunya son cualquier cosa menos progresistas. Si ya resultan contradictorios por sí mismo los conceptos izquierda y nacionalismo, ahora se alcanza el sumun de la incoherencia con las declaraciones de “nación” y los referendos. Se traspasa al País Vasco la gestión económica de la seguridad social. Esto es muy significativo porque no se traspasa la seguridad social, lo que supondría la ruptura del principio de caja única, sino su gestión económica. El PNV no quiere ni ver el traspaso completo de la seguridad social porque esta es deficitaria y le supondría un importante roto en su presupuesto. Mejor que paguemos todos. La proposición de ley de amnistía no tiene nada de progresista, entre otras cosas porque se ha redactado pensando en personas concretas. Se amnistía a una lista de involucrados en el llamado 'procés', con independencia de los delitos que hayan cometido, incluso los supuestos de terrorismo e incluso el de malversación de caudales públicos (corrupción), caudales que, como es natural, nadie contempla su devolución. Por lo tanto, se rompe la igualdad ante la ley de todos los españoles, porque se redacta una ley que discrimina de manera específica y favorable a unos ciudadanos concretos. Además, nos repartimos entre todos la deuda de Cataluña, que se ha generado durante años de desgobierno, abusos y corrupción. Se ha adquirido el compromiso de revisar la financiación de Cataluña para aumentar sus ingresos. Da igual que esta decisión perjudique a otras regiones con renta más baja y que han conseguido endeudarse menos. El principio elemental de que todos contribuimos con nuestros impuestos según nuestro nivel de ingresos, y esa recaudación se gasta en infraestructuras y servicios para todos, se rompe. Ahora todo dependerá de la comunidad autónoma donde se resida. Todas estas decisiones son insolidarias, fomentan la desigualdad y nada tienen que ver con el concepto de progreso.

Ha causado un gran revuelo entre los profesionales del derecho, jueces, fiscales, abogados del estado y diplomáticos, entre otros, la barbaridad que supone la intención de revisar la actuación de jueces y tribunales por comisiones parlamentarias. Someter las decisiones judiciales al escrutinio de comisiones parlamentarias es un ataque directo a la separación de poderes, que es uno de los pilares de la democracia. Controlar a los jueces suele ser el primer paso de los gobiernos populistas con escaso respeto por la separación de poderes y los derechos fundamentales. Llama la atención que ninguno de los magistrados que son ministros del gobierno ha dicho ni pío. En un Estado de derecho todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Intentar controlar a los jueces es contrario a esa independencia.

Un gobierno progresista se caracteriza por proponerse el crecimiento económico, la mejora de la equidad, los mejores niveles de educación y de salud, y la garantía de la igualdad de oportunidades. Por el contrario, un gobierno que nace de estos acuerdos de investidura es un gobierno reaccionario.

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, entonces Servicio Regional de Salud