Al final, el parto de los montes de la negociación de PSOE-Junts no fue un ratón, sino un fantasma en forma de cesión, mediante la asunción de la versión del nacionalismo más extremo sobre lo que pasó en el 'procés' y en la declaración unilateral de independencia aunque fuese solo por un instante.

La primera impresión de la lectura del acuerdo es la consagración y aceptación de las mentiras políticas del nacionalismo. Se parte de la creación ex nihilo en 2010 en Cataluña, como si Cataluña viviese en el limbo tras haber disfrutado, sus instituciones y ciudadanos, de una amplísima autonomía política desde 1979 como bien saben el pujolismo y el maragallismo del PSC.

Se cargan las tintas contra la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, la que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de 2006 para justificar la desafección, con la mentira inequívoca de que el Estatuto no fue sometido a referéndum. Se justifican las leyes de desconexión de España mediante el ardid de que el Gobierno (de Rajoy) no supo negociar políticamente y “dialogar.

Se desacredita el uso legítimo del mecanismo de coerción estatal contemplado por el art. 155 CE apoyado en el Senado por el PSOE, con Sánchez de líder, y se vuelve a recrear el tiempo histórico de la guerra de sucesión dinástica de 1714 para hablar de la oportunidad histórica de resolver el conflicto histórico sobre el futuro de Cataluña. Ni los más recalcitrantes del 'procés' podrían imaginar cesión semejante.

A partir de ahí, erigiéndose el PSOE como si hablase en nombre del Reino de España y Junts en nombre Cataluña, se llega desde la equidistancia disimulada de justificar las discrepancias a la almendra del asunto, que no es otro que el reconocimiento de Cataluña como nación-estado, la conexión de la amnistía máxima en términos que aun no conocemos, pero que parecen vincularla a la concesión nominatim por el poder legislativo, desplazando al Judicial como han denunciado asociaciones judiciales; la celebración de un referéndum de autodeterminación al amparo se dice del artículo 92 de la CE, sin precisar qué cuerpo electoral será el convocado; la petición de más participación en organismos europeos e internacionales (quizás el nombramiento de un Comisario europeo o embajadores nacionalistas catalanes) y todo ello mediante lo que llaman la metodología del acuerdo, que requiere de la verificación internacional (mediador internacional) para comprobar que lo acordado se ejecutará en sus propios términos.

No ha pasado por alto al Consejo General del Poder Judicial la aparición de un concepto doctrinal extraño a nuestra tradición jurídica: la noción de 'lawfare' (guerra judicial), traído de la lucha en otros sistemas judiciales de los débiles contra los poderosos, que permiten desacreditar las pulcras e irreprochables sentencias del 'procés' como si hubiesen sido dictadas por “guerreros” contra la minoría insurgente nacionalista Aderezado, además ,con el anuncio de comisiones de investigación que actúen similiter modo a las Comisiones de la Verdad en Argentina.

Se comprende, por tanto, la máxima preocupación; lo que debe trasladarse en términos claros y no catastrofistas a la ciudadanía, que permiten apreciar lo siguiente. En primer lugar, el grave peligro de división entre españoles, que perpetuará la ya superada historia de las dos Españas. Todo ello, en el contexto de una verdadera guerra entre poderes del Estado, en especial entre el Gobierno y las instituciones catalanas y el Poder judicial, creando una situación inédita desde tiempos pretéritos, con los efectos colaterales previsibles. Finalmente más allá de la vulneración clamorosa del principio de que todos somos iguales ante ley, en especial en materia penal, se vivirán con la amnistía situaciones parecidas a las de la ley “del sólo sí es sí”. Siendo más que preocupante el cambio del modelo de Estado y la lucha también entre Comunidades y Regiones que harán recrear la imagen de un Estado arisco y no autonómico, suponiendo la modificación material del Estado de las autonomías como lo conocemos. La conclusión es que frente a este despropósito partidista, la sociedad y todas las instituciones deben hacer oír su voz y su oposición. En caso contrario, la España del régimen constitucional se habrá cambiado sin reformar la Constitución, sin consultar a los españoles, y sin un debate abierto sobre si nos irá bien o nos conducirá al precipicio como nación en el marco de la UE. ¡Todo por un tiempo en la Moncloa!

Manuel Pulido Quecedo. Abogado. Doctor en Derecho