La industria es uno de los pilares de la prosperidad y el bienestar en Navarra. Basta unos pocos datos para entenderlo: aporta el 31% del Producto Interior Bruto de la Comunidad foral, suma 9.500 millones de euros en exportaciones, está integrada por un tejido de 3.337 empresas repartidas por todo el territorio y da trabajo a unas 72.000 personas en un sector con salarios medios más altos que el resto de grandes actividades económicas. Sin embargo, la industria también tiene una cara oscura por culpa de las grandes cantidades de energía que consume y el enorme volumen de todo tipo de residuos y emisiones que genera, debilidades que van en dirección contraria al aumento de la eficiencia y la sostenibilidad que marcan los tiempos.

¿Cómo puede todo un sector afrontar esta revolución verde sin poner en peligro su viabilidad? Se trata de un desafío verdaderamente enrevesado debido a que buena parte de la industria navarra está integrada por micropymes de menos de diez empleados. En concreto, así son el 75% de las empresas del sector, que carecen de los recursos y el tiempo para plantearse esta transformación y precisa ayuda. A estas se suman otro 18,6% de empresas con entre 10 y 49 trabajadores, que ya tienen bastante con el día a día para mantenerse ocupadas a tiempo completo. Y dada la complejidad del reto, ni medianas de hasta 249 empleados (5,2%) ni grandes empresas manufactureras (1,2%) las tienen todas consigo para encarar con garantías los necesarios cambios sin perder competitividad.

Hay una parte positiva. En esta precipitada carrera hacia una economía más sostenible medioambientalmente, hay mucho que ganar en autonomía estratégica para Europa. La pandemia, la invasión rusa de Ucrania o la crisis recientemente desatada entre Hamas e Israel son acontecimientos que han puesto en solfa la dependencia energética de países que se han demostrado poco fiables. El enfrentamiento comercial y tecnológico entre China y Estados Unidos ya es una realidad que apela al Viejo Continente para ponerse las pilas en áreas que, por ahorro de costes, se habían dejado en manos de largas e incontrolables cadenas globales de suministros.

ESTÍMULOS Y CASTIGOS

Aunque las ventajas puedan resultar evidentes, reducir estas vulnerabilidades supone un esfuerzo mayúsculo. La industria está obligada a salir de su zona de confort para embridar consumo energético, emisiones y residuos. Según los datos del Gobierno de España, las empresas manufactureras están detrás del 24% de todo el consumo energético, emplean el 22% de los combustibles fósiles y son responsables del 21% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El uso extensivo de las energías renovables, la reutilización de ciertos subproductos y la revalorización de otros son algunos de los muchos pasos que hay que ir dando, algo en lo que la inversión en I+D+i tendrá mucho que decir.

Las autoridades europeas están siguiendo el efectivo y viejo método del palo y la zanahoria para estimular la transformación verde de la industria. Por un lado, promueve leyes cada vez más restrictivas sobre sostenibilidad y eficiencia, al tiempo que marca exigentes plazos temporales para su cumplimiento. Por otro, pone a disposición de las empresas de una amplia oferta de subvenciones y préstamos blandos para engrasar la reconversión. Como tarde, se pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050. Dentro de estos paquetes de ayuda con fondos comunitarios, precisamente ahora está al caer la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la descarbonización de la industria.

Con una inversión pública de 3.100 millones de euros, se estima que podrá movilizar unos 11.800 millones al sumar las inversiones privadas. Gracias a estos fondos se espera la creación de unos 8.000 nuevos empleos y un incremento de la competitividad de la industria en un 10%, todo ello con un recorte en las emisiones de dióxido de carbono de 13 millones de toneladas anuales. Los fondos europeos pretenden actuar de detonante del cambio, de forma que faciliten el complicado tránsito hasta que los proyectos de las empresas alcancen la rentabilidad. Estaba previsto que a mediados de octubre se publicara la primera línea de ayudas del PERTE de descarbonización. Estará dotada con 1.000 millones de euros, de los que 500 millones serán subvenciones y otros 500 millones, préstamos. Los proyectos que se presenten deberán ejecutarse hasta 2026, aunque todavía no se ha aclarado si se permitirá que se sobrepase este límite si entrañan una especial complejidad.

La principal pata sobre la que se sostendrá la descarbonización de la industria será la electrificación de los procesos. Un caso que encajaría como anillo al dedo en este PERTE sería la sustitución del horno de carbón de coque que la empresa Rockwool emplea en su planta de Caparroso por uno eléctrico, que estará alimentado parcialmente por la planta solar instalada en un solar junto a las instalaciones fabriles. No todos los procesos industriales tendrán en la electrificación su solución y tendrán que plantearse alternativas como el hidrógeno verde. El aprovechamiento del calor residual será la última pata para rebañar los últimos resquicios de energía desperdiciada hasta la fecha.

Los principales beneficiarios del PERTE a la descarbonización son las empresas del sector manufacturero cuya actividad se encuadre en los grupos 10 al 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Estas corresponden a fabricantes de productos minerales no metálicos como cerámica, cemento y vidrio, así como la industria química, refino de petróleo, metalurgia, papel, pasta de papel y aquellas empresas que empleen grandes instalaciones de combustión como sucede con la industria de alimentación y bebidas.