El secretario del Ayuntamiento de Pamplona considera que la petición de una comisión de investigación por la cesión de 17 plazas de garaje en el parking de la Media Luna a propietarios de chalets afectados por las obras de la torres de Salesianos "no se ajusta a derecho". La decisión del secretario, que se sustenta en el propio reglamento de las comisiones de investigación, constituye un varapalo en las pretensiones de EH Bildu, Geroa Bai y Conrigo-Zurekin —el tripartito en el gobierno—y del PSN de activar por primera vez en la historia municipal una comisión de este tipo desde que se aprobó su regulación en 2022.

El tripartito en el gobierno denunció el impago de una factura de 10.850 euros emitida por el parking de la plaza de Toros por la cesión de las 17 plazas de garaje a los propietarios de viviendas de la Media Luna, "que no podían acceder a sus vados, debido a unas obras ajenas al Ayuntamiento, que se estaban llevando a cabo en el solar de Salesianos", según recoge el secretario en su informe, al que ha tenido acceso este periódico. La cesión de las plazas de garaje se produjo en 2022, durante el gobierno de Enrique Maya (UPN).

"Visto el contenido de la misma [de la solicitud de la creación de la comisión], es meridianamente evidente que dicha proposición no encaja con la finalidad del objeto de la figura de las Comisiones de investigación, y de la redacción del vigente artículo 113 bis del R.O.P (Reglamento Orgánico del Pleno)", declara el secretario del pleno del Ayuntamiento de Pamplona. 

El reglamento es claro: solo se puede investigar al alcalde y a su equipo de gobierno, no a un alcalde de otra legislatura que cesó de su cargo. El artículo 113 bis dice textualmente: "En el seno de la Corporación Municipal podrán constituirse Comisiones para investigar cualquier asunto que se entienda merece la especial atención municipal en el ámbito de sus competencias y en el seguimiento de la gestión de quien ostente la Alcaldía y de su equipo de gobierno, extinguiéndose una vez terminada la investigación".

El tripartito en el gobierno solo podría activar una comisión de investigación para fiscalizarse a sí mismo. "Los peticionarios (a excepción del grupo PSN), forman precisamente parte del equipo que ostenta actualmente el gobierno municipal, lo cual teóricamente solo les habilitaría para solicitar una “Autocomisión” de investigación sobre el seguimiento propio de la gestión de quien ostenta la actual Alcaldía y de su equipo de gobierno, pero no sobre Alcaldías y/o equipos de gobierno que ya no gobiernan, lo cual sería una actividad propia de los grupos de la oposición, pero no del equipo de gobierno", recoge el informe del secretario. 

El letrado considera asimismo que una comisión de investigación sobre el caso del impago de la factura en 2022, durante la alcaldía de Enrique Maya (UPN) , "sería utilizada inadecuadamente por el actual equipo de gobierno (y el grupo PSN), para investigar la gestión de un equipo de gobierno anterior que ya cesó y que, por lo tanto, quedaría fuera del ámbito de aplicación de dicho artículo".

UPN CELEBRA LA DECISIÓN DEL SECRETARIO

El grupo municipal de UPN ha enviado una nota tras conocerse el informe del secretario del Pleno en la que "celebra" su decisión. "Estamos ante un nuevo episodio de la estrategia de acoso y derribo contra la oposición que ha puesto en marcha el equipo de gobierno de Asiron, con la colaboración del PSN. Se han dedicado a rebuscar en los cajones cualquier asunto de la etapa de UPN, y estaban convencidos de que con esta factura habían encontrado un gran escándalo", han declarado.

"Resulta especialmente llamativo que pretendieran construir todo este espectáculo a partir de una actuación que tenía como finalidad dar respuesta a los problemas de unos vecinos que, durante meses, no podían acceder a sus garajes por unas obras. Han querido convertir una solución a una molestia a unos vecinos en un caso contra UPN", han añadido desde la formación regionalista.

Se da la circunstancia de que el servicio jurídico municipal ya inició una investigación en la que llamó a declarar a 10 personas, tanto cargos del gobierno de Maya en 2022 como propietarios de los chalets afectados. Esa investigación determinó que el Ayuntamiento de Pamplona no tiene que hacer frente a esa deuda —que correspondería a la promotora de los edificios— aunque ya apreció irregularidades: la inexistencia de un expediente de contratación, las ausencias de una reserva de crédito y también de las tres ofertas preceptivas al tratarse de un importe superior a los 3.000 euros y, por último, la posible nulidad del contrato