Okupación en Navarra
Afectado por okupas en Estella: "En mi piso vive una persona con la que no tengo ningún contrato"
Un estellés lleva desde agosto de 2022 tratando de desalojar de su piso de alquiler a una persona que carece de contrato de arrendamiento, se introdujo de forma ilegal y se niega a abandonar el inmueble
Publicado el 26/03/2023 a las 06:00
Uno de los casos más curiosos es el de un vecino de Estella propietario de un piso en el centro de la ciudad del Ega. No se trata de una ocupación de una segunda vivienda como tal, ya que es un piso destinado al alquiler, pero comparte características con lo ocurrido en los 119 casos conocidos de inmuebles ocupados en Navarra el año pasado, según datos del Ministerio de Interior. Hace más de tres años, este hombre que prefiere mantener el anonimato firmó un contrato con una mujer interesada en alquilar el piso recién reformado para vivir. Hasta aquí todo en orden.
Después de un tiempo habitando en el piso de alquiler, la arrendataria decidió “subarrendar” el inmueble a otra persona. “En el contrato ponía que no se podía subarrendar”, comenta el afectado sobre la situación de un piso en el que pasaron a vivir la mujer con contrato y otra sin nada. Ambas estuvieron viviendo juntas durante “un tiempo” y acabaron “riñendo”, recuerda el afectado. Esta disputa acabó con la marcha de la mujer que tenía contrato y la permanencia de la persona que había entrado posteriormente de manera ilegal.
Según el propietario, ante el panorama, la primera mujer propuso romper el contrato con un abogado como mediador. “Yo le comenté: si no quieres continuar me parece perfecto. Tú dame las llaves, vamos al piso, lo vemos y ya está, pero te llevas todo”, explica haciendo referencia a que la ya exarrendataria debía obligar también a la persona sin contrato a abandonar el piso. Esto sucedió en los meses de verano del curso pasado. La negativa de la persona ilegal a dejar el piso hizo que el propietario acudiera al inmueble con agentes de Policía Municipal de la localidad para mediar y conseguir su objetivo.
“Le comenté que ya llevaba muchos meses en esa situación y a ver si en enero o febrero se comprometía a dejar el inmueble”, recuerda. “Dijo que no se iba y me puso una denuncia -menos mal que fui con los municipales- por acoso”, lamenta remarcando que él simplemente “quería su inmueble sin falta de tener que ir a juicios”. “Por eso hablé con ella”, incide añadiendo que desconoce en qué punto está el proceso judicial ya que, según él, no han recibido ninguna notificación.
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La primera de las denuncias es contra la persona que tenía contrato “porque no se podía subarrendar”. Según él, “lo ponía muy claro”. Y la segunda contra la persona que actualmente reside en el inmueble de manera ilegal. Por estos motivos, el afectado, siguiendo el consejo de su abogado, ha preparado toda la documentación necesaria para justificar que el inmueble, que años atrás se encargó él de reformarlo con vistas a alquilarlo, es propiedad suya.
Él mismo relata que el día que acudió con agentes de Policía Municipal lo hizo acompañado de dos hijos suyos. Fruto de la “impotencia”, al ver que la inquilina sin contrato se negaba reiteradamente a abandonar el inmueble, uno de los dos primogénitos aseguró que “no iba a moverse hasta que saldría”, comenta el padre reproduciendo las palabras del hijo. “Esta mujer no tiene ningún tipo de contrato. Yo he estado en esta casa desescombrándola a pico y pala y me quedo hasta que no salga”, repite el diálogo que se mantuvo en ese momento.
Finalmente, los tres abandonaron el inmueble junto a los agentes. Este motivo fue por el que la inquilina actual, que acumula más de un año viviendo de forma ilegal según el propietario, le denunció por acoso, pero finalmente “no van a llevarla a trámite”, reconoce.
Para el abogado Eduardo Ruiz de Erenchun, que ya ha defendido más de un caso de ocupación de inmuebles, los casos más farragosos son los relacionados con personas que se les acaba el contrato, dejan de pagar y no se quiere marchar. “Son casos más lentos”, dice. “Socialmente se les cataloga como ocupaciones, pero no lo son técnicamente”, añade. En estas situaciones la persona que no quiere pagar “alega vulnerabilidad” y “es mucho más difícil el poder echarlos”, asegura Ruiz de Erenchun sin relacionar ni hacer referencia alguna al caso ocurrido en Estella, ya que es una situación en la que difieren muchos aspectos.
