Covid
El Gobierno de Navarra devolverá en breve 786 multas del primer estado de alarma
El departamento de Interior ha analizado una a una la sanciones tras la sentencia del Tribunal Constitucional
Publicado el 03/06/2022 a las 06:00
La decisión que adoptó el año pasado el Tribunal Constitucional de anular los dos estados de alarma de la pandemia y gran parte de las sanciones impuestas bajo su paraguas va resolviéndose a distintos ritmos en Navarra. Mientras el Ayuntamiento de Pamplona sigue estudiando las multas afectadas y otros como el de Tudela aún no han decidido qué hacer, la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra aprobará en los próximos días tres resoluciones que pondrán punto final a las 3.582 sanciones que interpuso la Policía Foral durante los tres primeros meses de pandemia. Entre los desenlaces inminentes, el archivo de las multas no pagadas y la devolución mediante ingreso de 786 que sí se abonaron. Desde el Gobierno central, que se encarga de gestionar las multas de Policía Nacional, Guardia Civil y de algunos ayuntamientos con recursos más limitados, no se ha ofrecido una respuesta sobre cómo se encuentra el procedimiento.
Las sentencias del Tribunal Constitucional, que entendieron que el estado de alarma no fue un instrumento jurídico adecuado para las restricciones de derechos fundamentales que aprobó el Gobierno central para combatir la covid-19 (los jueces esgrimieron que habría sido necesario el estado de excepción) dejó en el aire las más de 30.000 multas impuestas durante ambos periodos. Fuera, a priori, quedaban multas como las 7.000 por el mal uso de la mascarilla, entre otras.
Una vez conocido que el Tribunal Constitucional anulaba el segundo estado de alarma, en octubre del año pasado, Gobierno central y foral anunciaron que archivaban las no cobradas y que devolverían las ya abonadas del primer estado de alarma. Se puso entonces en marcha un minucioso trabajo administrativo para analizar, multa por multa, cuál estaba afectada por las sentencias del Alto Tribunal y cuáles no. Y ese proceso acaba de finalizar en el departamento de Interior del Gobierno de Navarra, competente de las multas que interpuso Policía Foral (3.582 sobre las 13.848 sanciones que hubo entre el 15 de marzo y 21 de junio de 2020).
MUCHAS PRESCRIBIERON
De todas ella, cuando se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba este primer estado de alarma -julio de 2021- había 969 que ya se encontraban archivadas por distintos motivos: posible inexactitud de los datos de la denuncia, error en la identificación del denunciado, fallos en la relación domiciliaria y, sobre todo, por haber prescrito la infracción al haber tardado más de un año sin poder notificar el inicio del procedimiento. Por lo tanto, una de cada cuatro sanciones ya se encontraban archivadas sin haberse iniciado el procedimiento sancionador.
En otra situación se encontraban 670 expedientes que sí estaban en curso, por lo que se decidió archivarlos y no seguir con el curso sancionador. También hubo 481 no pagadas y cuya exigencia de pago se había trasladado a la Agencia Ejecutiva (departamento de Economía de Hacienda) para iniciar la vía ejecutiva y ejecutar el cobro mediante pago, embargo o con una compensación en IRPF.
Finalmente, estaban las 786 que sí se habían pagado. Durante estos meses, dentro del departamento de Interior del Gobierno de Navarra se ha analizado expediente por expediente, con las comprobaciones oportunas, y se ha localizado a cada persona infractora, a la que se ha enviado por carta un formulario de abono por transferencia con el fin de que comunicara un número de cuenta. Además, durante todo este tiempo se han atendido y ofrecido respuesta centenares de llamadas de personas que habían pagado y querían saber si les correspondía devolución o no.
Tras este laborioso cribado, la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra va a firmar en los próximos días tres resoluciones que supondrán el archivo de todas las denuncias no tramitadas, la revocación de las sanciones impuestas, con la consiguiente devolución de la cantidad cobrada, y la revocación de las sanciones que se enviaron a Hacienda por no haber sido pagadas, solicitando a la Hacienda Tributaria que cese cualquier reclamación de pago.
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