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TRIBUNALES

La justicia da la razón al Gobierno y desestima las reclamaciones para la devolución del IRPF por maternidad en Navarra

Destaca que el legislador navarro excluyó de forma consciente dichas prestaciones y considera que la sentencia del Supremo favorable a las madres en el resto de España no es aplicable debido a la autonomía tributaria de la Comunidad foral

Manifestación de las madres por la devolución del IRPF hace justo un año.

Manifestación de las madres por la devolución del IRPF hace justo un año.

Actualizada 11/10/2019 a las 15:06
  • Diario de Navarra
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La juez ha dado la razón al Gobierno foral en su contencioso con las madres y padres navarros y ha desestimado las seis demandas interpuestas para la devolución del IRPF por maternidad.

En sendas sentencias que pueden ser recurridas en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la magistrada que ha enjuiciado los seis recursos considera que el legislador navarro quiso excluir como exentas del IRPF las prestaciones por maternidad, que la doctrina que fijó el Tribunal Supremo para el resto de España no es aplicable en la Comunidad foral debido a su autonomía tributaria reconocida en la Constitución, así como que las dos normas que regulan el impuesto —la estatal y la navarra—no son homólogas.

Estas sentencias, dictadas por la misma juez en los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona debido a la abstención de sus titulares al estar en una situación análoga a la de los recurrentes, tienen su origen en los recursos presentados por seis madres y padres contra sendas resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra, que había desestimado las reclamaciones económico administrativas formuladas contra Hacienda por la tributación del IRPF de 2016.

El 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo fijó que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF. Lo hizo interpretando un artículo de la ley estatal de IRPF que, al igual que ocurre en la norma foral que regula este impuesto, no incluye la maternidad entre las prestaciones exentas de tributación.

La juez explica que a ella solo le compete examinar la cuestión a la luz de la normativa foral vigente, de forma ajena a las pretensiones de índole política o social. “Dicho de otro modo, hay que situar en un plano las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan y, en otro plano distinto totalmente ajeno, la calificación jurídica sobre la conformidad o no a derecho de un acto administrativo, que tiene que hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos”, apunta.

En este sentido, la magistrada señala que el Supremo “ha sentado doctrina legal respecto al precepto homólogo en la legislación estatal, en sentido favorable a las tesis de las demandantes al considerar que en la expresión prestaciones por nacimiento se incluye también la prestación por maternidad”. Y lo hace, añade, vía interpretativa, considerando tres criterios: el primero, el de la valoración de la exposición de motivos de la ley estatal, que, advierte la juez, tiene una dicción distinta a la de la ley foral; el segundo, gramatical; y el tercero, sistemático.

A tenor del examen de estos criterios, la juez concluye que el legislador navarro ha querido excluir como exentas del IRPF las prestaciones por maternidad. En cuanto a la exposición de motivos de la norma foral, la magistrada destaca que “no contiene mención explícita alguna a la exención de la prestación de maternidad, a diferencia de la norma estatal”, que sí tiene. Por tanto, como señaló el letrado del Gobierno de Navarra en el juicio, no hay discrepancia alguna entre el concreto precepto y el tenor de la exposición de motivos.

Además, prosigue la juez, así como la exposición de motivos de la ley foral no dice nada, por el contrario la memoria justificativa de la misma que acompañaba al proyecto de ley “se explica de forma clara y precisa que se excluye la prestación de maternidad como exenta del IRPF”.

El recorrido sufrido por el proyecto durante su tramitación parlamentaria pone de manifiesto que el legislador foral ha querido dejar fuera del ámbito de la exención en el IRPF a las prestaciones por maternidad.

La juez apunta que la propia sentencia del Supremo de octubre de 2018 reconocía que las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social es distinta de las que otorguen en su caso las Comunidades Autónomas o los entes locales de carácter complementario derivado de la libertad de configuración del legislador que puede, en todo caso, justificar un tratamiento distinto a efectos o no de la exención.

En relación a los criterios interpretativos, la magistrada abunda en que la voluntad del legislador no ha sido la de incluir la prestación de maternidad como renta exenta, pues se compadecería mal con la previsión explícita como rendimientos del trabajo de las prestaciones por incapacidad temporal por paternidad y maternidad, percibidas por quienes ejerzan actividades empresariales o profesionales.

“Todas las madres españolas, incluidas las navarras, tienen derecho a la prestación por maternidad, claro, esto no se discute, pero otra cosa es el tratamiento fiscal o tributario, que puede ser diferente en el Estado y en Navarra”, asegura la juez, que añade que hay otras prestaciones, por ejemplo el subsidio por desempleo, que es renta no exenta y, aunque es de ámbito nacional, tiene un tratamiento tributario propio.

Al respecto, reitera que la voluntad del legislador foral se puso de manifiesto en la supresión de la exención que rigió en Navarra durante años, que, al hilo de las alegaciones de trato discriminatorio y desigualdad, supuso un régimen de exenciones por razones familiares más amplio que el aplicable al territorio común, lo cual era legítimo por virtud del régimen tributario propio y pleno. Si el legislador navarro hubiera querido mantener la exención, zanja la juez, “bastaba con no haber modificado el precepto” y haberlo dejado como estaba.

Sobre el trato discriminatorio, la magistrada señala en primer lugar que, aunque nadie ha planteado la constitucionalidad de la ley foral, al hilo de las alegaciones sobre la pretendida discriminación práctica se ha de recordar la competencia de la Comunidad Foral de Navarra para regular de manera autónoma el IRPF a partir de un régimen fiscal propio, así como del convenio establecido sobre la base de la disposición adicional primera de la Constitución. Esto impide, apostilla la sentencia, considerar en situaciones homólogas a quienes estén sometidos a los regímenes tributarios forales o al régimen común.

El principio de igualdad no puede ser entendido como uniformidad en materia financiera o en cualquier otra, ya que acabaría con el principio de autonomía; sin embargo, sí actúa como garantía de que las posiciones jurídicas fundamentales y básicas de los ciudadanos —en el momento de recibir servicios o al contribuir a los gastos públicos— no deben ser diferentes dependiendo de su localización.

Por todo ello, la juez rechaza la supuesta discriminación alegada por los demandantes sobre una discriminación a las madres y padres navarros. El resultado, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo analizada, podrá sugerir a los interesados una suerte de trato discriminatorio, “pero no lo es desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico constitucional como ha quedado expuesto”.

Para finalizar, la juez opina que “no se puede trasladar un problema de política legislativa al ámbito judicial”. Y concluye: “Será el legislador el que, en su caso, si quiere, tras los trámites oportunos en el ámbito parlamentario, quien adapte o modifique la norma que este órgano jurisdiccional debe aplicar, debiéndose desestimar de plano todas las argumentaciones de tipo político que puedan contener las demandas, que siendo las mismas muy respetables, son ajenas a un proceso judicial contencioso administrativo que trata, como ya se ha dicho hasta la saciedad, exclusivamente del control jurídico de la actuación administrativa, es decir, si se ajusta o no al ordenamiento jurídico”.

 

El pasado 23 de septiembre el Palacio de Justicia de Pamplona acogió los juicios por las seis demandas presentadas para reclamar al Gobierno de Navarra la devolución desde 2015 del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad. Las demandas se plantearon después de que el Tribunal Supremo declarara en octubre del año pasado la exención de este impuesto en el régimen común.

Estas han sido las posturas de las partes afectadas:

1.El Gobierno de Navarra se acogió a una memoria del Parlamento foral para rechazar la devolución

El Gobierno de Navarra se acogió a la memoria justificativa del Parlamento Foral para oponerse a la demanda realizada por las madres que reclaman la devolución del IRPF de sus prestaciones por maternidad, después de la sentencia del Tribunal Supremo, que exigía su devolución.

La parte demandada, el Gobierno de Navarra, se escuda en la existencia de “memorias justificativas” a las que “tuvieron acceso todos los parlamentarios antes de emitir su voto” en el momento de la aprobación de la Ley Foral 22/2012 sobre el IRPF.

En esa documentación, alude el abogado de la parte, se excluye la maternidad entre los ámbitos de exención de pago del IRPF.

Además, se escuda en dos sentencias, del Tribunal Supremo y el Constitucional, para avalar esa importancia de las memorias justificativas emanadas del Parlamento “por contener los antecedentes a la aprobación de una norma”.

También aludió a la autonomía propia de la Hacienda Foral y a la “libertad del legislador” a la hora de redactar las normativas, y apuntó a que “no se debe anular la autonomía legislativa de Navarra, ni las normas navarras deben ser idénticas a las del Estado”.

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2. Las madres afectadas vieron en la exención un tema de "justicia y honor"

 

La parte demandante, el colectivo de madres afectadas por la devolución del IRPF, apuntó que se trataba de una cuestión de "justicia y honor", tras la vista celebrada en el Palacio de Justicia de Navarra.

La abogada María Dolores Pérez de Obanos, una de las madres afectadas por la exclusión de la exención del pago de IRPF por maternidad, y que se representa a sí misma y a otra madre como afectadas, reconoció que existe "una normativa específica" pero aludió al caso de las haciendas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, donde tras la sentencia del Tribunal Supremo se produjo la devolución del IRPF a las madres y padres afectados.

Alegó que la normativa de la Seguridad Social reconoce ese derecho, y "muy por encima, la Constitución, que prohíbe que haya una discriminación" entre territorios.

 

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3 . Chivite se compromete a devolver el IRPF

 

 

Tan solo una semana después de la celebración del jucio, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, aseguró que "el Gobierno está comprometido" con la búsqueda de una solución para el IRPF abonado por las bajas de maternidad y paternidad.

Chivite afirmó que quiere "dar una solución antes de fin de año, el compromiso es claro" con estas personas que cumplieron con sus obligaciones fiscales y que tras sucesivas decisiones del Gobierno central y vasco son las únicas del país que no han tenido la devolución de ese impuesto.

"En Navarra tenemos nuestra propia normativa y según la interpretación de técnicos y juristas no permite contemplar la exención de ese impuesto", ha dicho, y recordado que sin embargo sí hay una ley foral que contempla la deducción de ese impuesto.

 

 

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