La ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez claudicó de la peor manera ante el secesionismo catalán para seguir en la Moncloa, no solo fue el vergonzante inicio de una legislatura que ha ido dando tumbos desde entonces. Supuso además tensionar al máximo las costuras de nuestro Estado de Derecho y el pistoletazo de salida para que unos independentistas crecidos pusieran sobre la justicia su dedo acusador reforzados en su falso relato. De aquellos barros iniciales, han llegado los lodos que han impregnado el devenir de esta legislatura con continuos reproches del Gobierno y sus socios contra jueces y fiscales en diferentes asuntos, sin importarles lo más mínimo las graves consecuencias que conlleva la erosión de la confianza judicial. Y continúan en un momento crítico, cuando los casos de presunta corrupción cercan el círculo más estrecho del presidente y del PSOE. Una realidad que ha encendido todas las alarmas. 

Así lo evidenciaron la presidenta del CGPJ y la fiscal general durante sus discursos de la apertura del año judicial. Teresa Peramato, nombrada por el Ejecutivo, advirtió de que la crítica legítima no puede ser sustituida por la descalificación sistemática; y la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, calificó de extraordinaria gravedad las acusaciones generalizadas. Con estos argumentos, buscaron contrarrestar las críticas de ministros y políticos sobre la presunta motivación partidista de varios procesos clave. Entre ellos, la investigación de la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta, las medidas cautelares contra la ‘ley de nietos’ y las causas que afectan a David Sánchez y Begoña Gómez, hermano y esposa del presidente. El Gobierno sigue ignorando las advertencias del Poder Judicial. Apoyar la tesis del lawfare y dividir a los jueces en “buenos y malos” solo logra erosionar la confianza de una institución que cuenta con un sistema de recursos, garantías y contrapesos que garantizan su independencia. Pretender controlar la Justicia es una línea roja en democracia. Como subrayó Perelló, sin independencia se difumina el Estado de derecho.