El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha parado los pies al presidente Donald Trump al rechazar la imposición arbitraria de aranceles y demostrar su independencia e integridad. En una presidencia cada vez más imperial, con un Trump dispuesto a tensar al límite la legalidad y el equilibrio de poder marcado por la Constitución, la decisión del Supremo constituye un alivio. Los jueces han constatado que siguen siendo el último parapeto institucional para evitar que el país se deslice por una peligrosa pendiente autocrática. Ha triunfado, por tanto, el Estado de Derecho frente a la tendencia del presidente a invocar poderes de emergencia para eludir el control del Congreso. La sentencia deja claro que esos poderes extraordinarios no pueden utilizarse de forma arbitraria para alterar el comercio internacional ni para imponer decisiones de enorme impacto sin el respaldo del poder legislativo. La imposición unilateral de aranceles no es un episodio aislado. 

Trump ha recurrido reiteradamente a la excepcionalidad como instrumento de gobierno: desde el despliegue de agentes federales contra inmigrantes hasta operaciones militares ejecutadas sin el aval del Congreso como la intervención en Venezuela para detener al expresidente Nicolás Maduro. Y justamente, ahora mismo, Trump ha movilizado a un enorme contingente militar para atacar a Irán en una operación de mucha más envergadura que los bombardeos del pasado mes de junio contra las instalaciones del proyecto nuclear iraní. Esa concepción expansiva del poder presidencial ha puesto a prueba el sistema de equilibrios de la democracia estadounidense. El Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales, ha reafirmado su disposición a preservar su independencia frente a las presiones de la Casa Blanca. La independencia de las instituciones -como ha ocurrido con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, objeto de reiteradas coacciones- es un pilar esencial de la estabilidad democrática. Un Trump claramente humillado y lejos de aceptar el revés reaccionó con su habitual tono desafiante anunciando un nuevo arancel global del 10% e insultando a los magistrados. Trump les calificó de antipatriotas y desleales a la Constitución. Les acusó de dejarse influenciar por sinvergüenzas y delincuentes anónimos y terminó con una retahíla de improperios al afirmar que los jueces son “unos tontos y unos perros falderos”. De los nueve jueces del Tribunal Supremo, seis votaron a favor de rechazar la subida de los aranceles y tres en contra. Dos de los jueces conservadores que votaron contra Trump fueron precisamente nombrados por él durante su primer mandato (2017-2021). Y eso debió escocer a Trump porque considera que sus nombramientos, bien sea juez, militar o cualquier otro cargo, le deben obediencia y lealtad absolutas. 

La decisión del Supremo no disipará, sin embargo, la incertidumbre permanente que provoca Trump porque seguirá con su particular guerra comercial con diversas vías legales para mantener la presión arancelaria como instrumento de amenaza, negociación y coerción económica y política. Queda pendiente si el Gobierno se verá obligado a devolver a las empresas parte de los cerca de 200.000 millones de dólares recaudados por el pago de aranceles. Se avecina otra larga batalla judicial. Para las empresas europeas y también para las navarras, seguirá la tensión que dificulta la planificación y amenaza la estabilidad comercial. Al menos, el Supremo ha dejado claro que el presidente no puede imponer aranceles a golpe de decreto o de mensaje en redes sociales. No es una cuestión menor. Es la reafirmación de un principio fundamental: incluso el presidente de Estados Unidos tiene límites. Y es precisamente en esos límites y en la integridad de las instituciones donde se mide la fortaleza real de una democracia.