La línea de defensa política que el Gobierno de María Chivite venía utilizando después de que se conociera hace apenas una semana el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Ábalos, quedó dinamitada y hecha añicos ayer dejando un escenario límite para la presidenta, para el PSN, y para un Ejecutivo a la deriva y con nulas posibilidades de enderezar el rumbo. La sacudida de informaciones, que terminaron por desencadenarse durante toda la jornada, deja a este Gobierno sin crédito ante los ciudadanos. Y, por cierto, interpela seriamente a unos socios que permanecen impasibles. Si a primera hora de la mañana se conocía la escandalosa revelación de que la UCO ha descubierto que Santos Cerdán, el hombre que ha sido el poder en la sombra del PSN, sería el propietario, nada menos, que del 45% de Servinabar, la empresa constructora de su amigo Antxon Alonso, a última hora de la tarde la crisis tomaba tintes mayúsculos con la caída y dimisión de Ramón Alzórriz.

El hasta ayer vicesecretario del PSN, mano derecha y hombre de la máxima confianza de Chivite, tomó la decisión después de revelar que su pareja ha trabajado en Servinabar desde 2021 a 2024, la empresa implicada en la presunta trama de corrupción destapada por la UCO, y añadió que era algo que desconocía María Chivite, por lo que ante la pérdida de confianza de la secretaria general, decidió dar este paso. Un golpe en plena línea de flotación que viene de su mano derecha. El problema para el Partido Socialista de Navarra y para este Gobierno no es la pérdida de confianza de la secretaria general sino la del conjunto de los ciudadanos. Porque a estas alturas del caso, después de todo lo que han dicho con tanta vehemencia como beligerancia, quienes hoy, como Alzórriz y Cerdán, han tenido que abandonar por distintos motivos sus puestos de máxima responsabilidad en la organización socialista, dejan la credibilidad de este Ejecutivo y de la propia Chivite herida de muerte. 

Los hechos se están anteponiendo a las palabras. Y estos son de una gravedad política irrefutable y continúan elevando la intensidad de un terremoto que ha vuelto a situar a Navarra en el epicentro de la sospecha y el escándalo. Porque más allá de lo que termine por dirimir la justicia en el caso de Cerdán, Ábalos y Koldo, el paso del tiempo, está visto, sólo parece empeorar las cosas a la espera de que continúen nuevas revelaciones. Por la mañana, y antes de conocerse la dimisión de Alzórriz, Chivite no dio más pasos que reiterar que va a auditar las obras. Hay que recordarle a la presidenta que eso ya lo van a hacer la UCO y el Tribunal Supremo, que ofrecen garantías de llegar al fondo del asunto. Lo que parece lejos de asumir, aunque está por ver cómo digiere el golpe de Alzórriz, son responsabilidades políticas, y resultan clamorosas a estas alturas. A este Gobierno, como ocurre con Sánchez en Madrid, se le ha movido el suelo bajo los pies, y a nadie puede responsabilizar más que a su propio partido. No hay ninguna salida digna que permita continuar a este ejecutivo acorralado.