El Pleno del Senado decidió ayer vetar la proposición de ley de amnistía que fue aprobada por el Congreso. Lo hizo, como es preceptivo, por mayoría absoluta. Con lo que la iniciativa vuelve a la Cámara baja que, con toda probabilidad, votará el próximo 30 de mayo -también por mayoría absoluta- el texto de la amnistía para su publicación inmediata en el BOE. Nuestro sistema parlamentario bicameral, con un Congreso que tiene la última palabra, y con un Senado que no acaba de encarnar el Estado compuesto, está diseñado para asegurar la gobernabilidad del país. En tanto que el Poder Legislativo no podría verse bloqueado más que en caso de que las Cortes tuvieran que ser disueltas por carecer de una mayoría parlamentaria solvente. 

Pero el veto expresado este martes por el Senado no resulta ocioso. Revela que la iniciativa que el Congreso aprobará en pocos días no cuenta con un consenso amplio, sino con una anuencia limitada a la mitad más uno de la representación política. Que su aprobación resulte inexorable no puede convertirse en motivo para desechar cuantas críticas y reservas despierta la amnistía. La promulgación legal y legítima de la norma no impide que se mantengan los argumentos que la presentan como una reforma constitucional encubierta. 

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El hecho de que el partido del presidente Sánchez resolviera tramitarlo como proposición de ley -tras pasar de considerarla inconstitucional a defenderla como plenamente constitucional- atendió, sin duda, al propósito de eludir los dictámenes preceptivos no vinculantes que de seguro habrían puesto en cuestión su contenido. Los intentos del independentismo para blindar la norma frente a posibles interpretaciones adversas demostraron hasta qué punto se trata de una norma jurídicamente forzada por necesidades partidarias. Los resultados de las catalanas han conducido a una lectura de parte de una amnistía todavía no promulgada, como causa de este último declive independentista. Como si la caída de un secesionismo que se siente amnistiado de antemano concediera a la norma en trámite un especial aval constitucional.