La coalición de Gobierno PSOE-Sumar constituida tras las elecciones del pasado julio trató de mostrarse más cohesionada tras la exclusión de las ministras de Podemos del Ejecutivo y la adscripción de sus escaños al Grupo Mixto del Congreso. Sin embargo, está siendo noticia cada pocos días porque bien la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, u otros miembros de Sumar que se sientan en el Consejo hacen públicas posturas o decisiones sin concertarlas con el socio mayoritario.

La insistencia de Díaz en el inmediato reconocimiento de Palestina como Estado, las cartas dirigidas por el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy a empresas españolas que mantienen negocios en Israel, la supresión del Premio a la Tauromaquia por parte del titular de Cultura Ernest Urtasun o la oposición a la fusión planteada por el BBVA con Banco Sabadell que, tras convertirse en OPA, ha hecho suya la parte socialista del Ejecutivo describen una situación que Pedro Sánchez parece sobrellevar como una concesión ineludible a Sumar. 

Sólo que las sucesivas faltas de sintonía en la coalición visibilizan una tensión de fondo. Un proyecto que se basa en la presunción de que hay un espacio a la izquierda del PSOE cuya demanda podría ser cubierta con una mezcla de abrazos y codazos entre quienes protagonizaron el cambio de 2015. 

La coalición de Gobierno no está en crisis, aunque cada vez que PSOE y Sumar desentonan, la estridencia se añade a la infinidad de disensos que afectan al bloque de la investidura. En este caso la fricción se vuelve sangrante porque, de manera inevitable, gran parte de los votos que pierde o no consigue ganar Sumar van a un PSOE que es consciente de que alcanzar la mayoría absoluta en solitario es una quimera y que precisa de todo aquello que se organice a su izquierda. Aunque le suponga un lastre. Por ello no puede procurar a Sumar el oxígeno que precisaría para salir a flote electoralmente cuando Sánchez lo necesita para sí mismo. La política partidaria tiende a la supervivencia.