El presidente Pedro Sánchez ha puesto fin a su periodo de reflexión, ese que le llevó a anular su agenda desde el pasado miércoles, ante lo que considera una campaña de acoso y derribo contra él y su esposa, dando un giro de 360 grados, para acabar donde estaba, y continuar al frente del Ejecutivo. 

Fin a las especulaciones y a una dejación de funciones más que cuestionable. Y lo ha hecho con los mismos argumentos que jalonaron su carta a la ciudadanía: recurriendo a un victimismo frentista e irresponsable, y pidiendo a la mayoría social que “se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”. ¿A qué mayoría se refiere? Políticas y prácticas, claro está, de las que Sánchez se evade, como si en la polarización de la política española no tuvieran nada que ver el PSOE que él encarna, ni las decisiones que ha tomado su Ejecutivo. 

Ahí están los pactos con EH Bildu o la Ley de Amnistía, disfrazada de una supuesta reconciliación que no convence a nadie. Como cabía esperar, el presidente no realizó la más mínima autocrítica, no puso una sola medida sobre la mesa, y vuelve a someter al conjunto de la sociedad a una especie de plebiscito personalista, un o yo o el caos, en el que dice asumir el compromiso de trabajar “por la regeneración pendiente de nuestra democracia”. 

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Por la noche confirmó que se refería a jueces y medios, lo que supone un aviso poco tranquilizador. En cualquier caso, estas frases hiperbólicas poco se corresponden con la realidad del Estado de Derecho y las instituciones que lo representan, y con la calidad democrática de un país, el nuestro, que él mismo defendía hasta hace pocos días. Evitar que el fango colonice impunemente la vida política es tan necesario, como imposible de conseguir si Pedro Sánchez sigue con su deriva y pretende erigirse así mismo como el único capaz de marcar la raya del bien o del mal. 

La legislatura apenas ha echado a andar, y el clima con el que va a continuar no avizora, ni de lejos, una necesaria estabilidad que ayude a afrontar los problemas que aquejan a los ciudadanos.