La política española está sumergida desde hace años en un fango irrespirable en el que, en vez de sacar la cabeza, se ha ido hundiendo de forma paulatina al desoír los partidos las advertencias sobre una peligrosa deriva que ha llegado demasiado lejos. No ahora, sino mucho tiempo atrás. La polarización llevada al límite ha generado un tóxico frentismo guerracivilista asentado en una demonización del adversario que, una vez asumida, todo lo justifica para apartarlo del poder o impedir que acceda él. Una práctica extendida a todo el arco parlamentario, que ha alimentado una espiral de odio y que ha terminado por incluir a familiares de altos cargos en una batalla desplegada sobre un lodazal. 

La admisión a trámite en un juzgado de una denuncia del pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, basada en informaciones de prensa, ha sido el detonante. Tales actividades, cuya idoneidad es discutible para la pareja de un mandatario, tienen escaso recorrido penal, según la mayoría de los expertos. Es de entender la contrariedad de Pedro Sánchez, pero el trazo grueso con el que caricaturiza un país cuyos hilos mueven oscuros poderes “derechistas y ultraderechistas” -jueces, medios y oposición- y están en condiciones de poner contra las cuerdas incluso al jefe del Gobierno sugiere un pésimo diagnóstico sobre la calidad de nuestra democracia que flaco favor hace al prestigio de las instituciones. Y que, pese a las innegables imperfecciones del sistema, no se corresponde con la realidad. Es posible que Begoña Gómez haya sido víctima de excesos. Pero no más ni más graves que otras personas en una situación semejante. Ahora Sánchez ha recibido una avalancha de muestras de solidaridad que, como la manifestación del sábado en Madrid, le habrá reconfortado. En las próximas horas se sabrá si hasta el punto de hacerle continuar en La Moncloa. Merece la pena acabar de una vez con le pestilencia que envuelve y degrada la política española, una tarea exigible a todos los partidos. Empezando por el suyo.