Corrupción. Chantajes. Amenazas. Espionaje. Mentiras. Encubrimientos. Son prácticas que no tienen encaje democrático. Pero Feijóo sigue callado… El mismo PP de siempre”. Este es un mensaje que el gran cerebro del PSOE e interlocutor de delincuentes, Santos Cerdán, escribía en las redes sociales hace unos días. “El burro hablando de orejas”, reza el dicho popular. Y después de leerlo, y ciñéndome a Navarra, viene a mi memoria que el pasado mes de septiembre se cumplieron 25 años desde que la Audiencia Provincial de Navarra condenara, por primera vez en España, a un presidente autonómico. Fue el socialista Gabriel Urralburu, presidente de la comunidad foral entre 1984 y 1991, periodo en el que el político navarro cobró comisiones millonarias a cambio de la adjudicación de obras públicas. Urralburu fue condenado a 11 años de cárcel y una multa de 780 millones de pesetas (unos 4,7 millones de euros) por un delito continuado de cohecho (aceptación de sobornos) y dos delitos por fraude contra la Hacienda Foral. En 2001 se convirtió en el primer presidente de una comunidad en ingresar en prisión. Por cierto, el socialista todavía le debe a la Hacienda Foral 561.495 euros. El siguiente presidente socialista del Gobierno de Navarra, Javier Otano, dimitió tras menos de un año en el cargo después de que una jueza le descubriera una cuenta bancaria a su nombre y el de su esposa en Suiza. Desde entonces, el PSN no volvió a liderar el Gobierno de Navarra hasta 2019, cuando la socialista María Chivite, con el apoyo tácito de Bildu, Geroa Bai, IU y Podemos, fue investida presidenta del Gobierno Navarra, cargo que ha revalidado en 2023 con el mismo totum revolutum de apoyos.

Y hablando precisamente de obras públicas, quiero referirme a la información facilitada por este periódico sobre el procedimiento de adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, una obra que según el gobierno de Chivite, “responde a una demanda histórica y pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Navarra con la seguridad vial en una de las carreteras que une la Comunidad Foral y la conectan con Europa”. Discurso mentiroso y manoseado teniendo en cuenta que la obra obedece al exigible cumplimiento de la Directiva 2004/54/CE sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la Red Transeuropea de Carreteras. Porque si de “compromiso del Gobierno de Navarra con la seguridad vial” hablamos, no se entiende que el Departamento de Cohesión Territorial no haya sacado todavía a licitación los contratos de conservación de carreteras vencidos desde el 30 de noviembre pasado. Sigo.

Sobre el proceso de adjudicación de dicha obra, lo que más llama la atención es que uno de los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones sea “la realización de obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años avalada por certificado de buena ejecución de al menos una obra similar (túnel) por importe de ejecución igual o superior a los 65 millones de euros”. La empresa adjudicataria de la obra presentó certificaciones de una obra de carretera+túnel, especificando que el túnel costó 55 millones de euros, es decir, esa cifra no cumplía el requisito exigido en el Pliego de Condiciones. Pero hete aquí que son los técnicos de la Mesa de Contratación los que alteran ese importe de 55 millones de euros engordándolo con otras partidas del total de la obra hasta superar los 65 millones de euros exigidos en el Pliego de Condiciones. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? ¿Una Mesa de Contratación modificando una cifra aportada por un licitador?

Resultado de lo anterior: las actas emitidas por la Mesa de Contratación contienen varios votos particulares de los juristas que ponen de manifiesto que “el informe de valoración no expone las razones que justifican las puntuaciones ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras”. Y algunos de esos votos particulares, añaden: “La línea divisoria que distingue el acto arbitrario y nulo del válido en Derecho es la ausencia y presencia de motivación. El informe se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo, lo que implica que dichas ofertas no sean comparadas de forma homogénea. Una insuficiente motivación puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores, ya que se podrían estar conculcando los principios básicos de la contratación de igualdad de trato”.

El consejero Óscar Chivite se ha apresurado a decir que la adjudicación de la obra ha sido “correcta”, añadiendo que “las discrepancias jurídicas son habituales”. Hasta lo que yo entiendo por “discrepancia”, es el desacuerdo o disconformidad entre varios, y en este caso, si en algo parece que hay unanimidad es en el criterio de los juristas. Pero claro, fíate tú de la valoración jurídica que hace un consejero que durante casi un mes ha estado incumpliendo la Ley Foral 19/1996 de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra siendo, a la vez que Consejero, Administrador Único de una empresa. Emulando a Cerdán: ¿El mismo PSN de siempre?

A destacar el silencio atronador de Bildu, Geroa Bai y Podemos Contigo Sumar. Si se hubiera tratado de una obra adjudicada por un gobierno de UPN, ya habrían pedido una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra; habrían realizado pintadas en la fachada del Dpto. de Cohesión Territorial poniendo “¡UPN corruptos!”; habrían hecho una barricada en el túnel; y Kontuz (¿hay alguien ahí?), que aún se le espera en los casos “Davalor” y “mascarillas”, seguro que en este asunto también habría presentado una querella contra el Consejero en el Tribunal Supremo.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política