La Diada catalana discurrió por los cauces que el independentismo de los partidos y el de las organizaciones sociales secesionistas empezaron a perfilar la noche misma del 23-J. Su objetivo no sólo es lograr una gobernación radicalmente sesgada de España, tratando de forzar a Sánchez a sentarse a negociar una amnistía para los encausados del procés y, después, un proceso de autodeterminación vía referéndum. Su fin compartido pasa también por recuperarse del declive que sufren en la propia Cataluña, reflejado en la pérdida de la confianza mayoritaria de sus ciudadanos, y que quedó también de manifiesto en una menor asistencia ayer a la Diada. No es la pretendida sintonía entre los independentistas lo que extrema sus propósitos, sino la pugna constante entre ERC y Junts, y entre la ANC y Òmnium, lo que alienta el rupturismo. Cuando en octubre de 2022 Junts decidió abandonar el Gobierno de coalición con ERC, Aragonés llegó a pensar que se había deshecho de Puigdemont, para quedarse solo al frente del independentismo institucional, mientras a Sánchez le bastaba con los republicanos para culminar la legislatura. Pero el 23-J desbarató el tablero al devolver a Junts a la aritmética de Madrid. Y el cuerpo a cuerpo constante entre los dos grupos parlamentarios del independentismo hace que ninguno de ellos se quede atrás al reivindicar máximos y tratar de sacar el máximo rédito a sus posibles apoyos para la investidura de Sánchez. Aragonés ha hecho suyas las exigencias expuestas por Puigdemont desde Bruselas. El secretario general de Junts, Jordi Turull, recordó ayer que no renunciarán a ejercer los derechos de la nación catalana, “por acuerdo o de manera unilateral”. Mientras el presidente de Òmnium señaló que “la amnistía es una restitución de los derechos fundamentales, reconociendo que lo que se ha considerado como delito en realidad no lo es”. Unas pretensiones inaceptables, que no sólo permitirían legitimar los actos secesionistas de 2017, sino que abrirían la puerta a una posible repetición.