El Consejo Europeo acotó el miércoles las intenciones de la Comisión para dotar a las personas vacunadas frente al Sars-CoV-2 de un documento que les asegure la libre circulación en la UE. Los Veintisiete modificaron el certificado sanitario previsto al excluir la constatación de que su portador haya sido infectado y desarrollado así anticuerpos, para ceñirlo a la inmunización recibida y a las pruebas PCR o de antígenos realizadas. Pero, sobre todo, revirtió a cada país la potestad de validar el pasaporte covid que porten quienes lo visiten añadiendo o no medidas adicionales. En el procedimiento de decisión, que requerirá del parecer final del Parlamento europeo, se entremezclan consideraciones de muy diversa índole que convendría diferenciar. Es necesario garantizar que la vacunación expedida a modo de certificado preserve los derechos fundamentales de las personas no inmunizadas sin enjuiciar las causas o razones de su situación u opción personal y sin que ello pudiera eximirlas de cumplir las medidas de prevención sanitaria legalmente establecidas para el acceso a cada país en condiciones de total libertad de movimientos. En segundo lugar, solo el acceso universal efectivo a la vacunación permitiría extender un pasaporte distintivo a quienes demuestren su protección frente al virus. En otros términos, el pasaporte covid adquirirá mayor carta de naturaleza a medida que la dotación de viales y su administración alcancen a más grupos de población. Las medidas deberán flexibilizarse ante una vacunación progresiva que no ha de percibirse como privilegio particular, sino como un bien común. El Gobierno de Pedro Sánchez se precipita cuando insiste en prescindir del estado de alarma después del 9 de mayo. Sería más sensato desde el punto de vista sanitario, y más inteligente desde el económico, asegurar el verano apurando posibles restricciones al menos hasta junio. Un tiempo propicio para que España madure su receptividad ante el pasaporte covid mientras avanza en la vacunación de los nacionales.