Diario de Navarra

L A deuda pública ha crecido en más de 88.000 mil millones tras la pandemia, y el propio Gobierno calcula que lo hará en otros 50.000 hasta final de año, con lo que superará ampliamente los 1,3 billones de euros, el 115% de nuestro Producto Interior Bruto, cuando el Plan de Estabilidad recomienda que no supere el 60% del PIB. Ese incremento se debe en gran medida al gasto de las Administraciones públicas -el 95,5% del PIB en 2019, el 120% en 2020- y significa que no solo estaremos endeudados hasta las cejas durante generaciones, sino que el Estado tendrá que destinar a pagar los intereses el dinero que es imprescindible para favorecer la creación de empleo o mejorar partidas sociales. Las subvenciones europeas no llegarán hasta 2021 y serán insuficientes para tapar, incluso levemente, este gran agujero. Y, entre tanto, hay que llegar a diciembre de 2020. Pese a todo, el Gobierno no parece preocupado. El presidente y sus ministros están de vacaciones. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, acaba de decir que el colectivo más damnificado por esta gran recesión son los jóvenes, que serán los que tendrán que devolver el ingente volumen de deuda pública y que cuando se acaben las subvenciones, seguirá su falta de cualificación profesional, sacrificando su libertad de elección y sus ingresos futuros. Pero en España no solo avanzamos en una ley de educación no consensuada, sino que somos incapaces de saber cómo va a comenzar dentro de tres semanas el nuevo curso. Hay prevista una Conferencia de presidentes para abordar este tema y el Ministerio, que manda poco, y las comunidades autónomas dan palos de ciego, volviendo locos a los alumnos, a los padres y a los profesores. Y el Gobierno, los gobiernos, de vacaciones. España, con 37.000 nuevos contagios en una semana, es el país de Europa Occidental con mayor incidencia del coronavirus y sufre el bloqueo o las restricciones de casi todos los países europeos. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir que no se fía de nuestros datos y tiene toda la razón. Los españoles tampoco nos fiamos. A la espera de esa ineludible Comisión de Expertos independiente que analice que hemos hecho mal, qué seguimos haciendo mal, Fernando Simón dice que “no vamos mal, pero tampoco como nos gustaría”. Cuando la industria turística quede definitivamente destruida, ¿a quién le vamos a pedir cuentas? Pero el Gobierno, el central, pero también los de Madrid -otra vez a la cabeza de los malos datos- o elde Andalucía -negándose a hacer PCR a los inmigrantes- siguen de vacaciones o en la inopia. Como el Congreso de los Diputados. Mientras los pilotos de Ryanair se han bajado el sueldo un 20% para que no haya despidos, los diputados y senadores no solo no se bajan el sueldo, sino que están de vacaciones pagadas. Y mientras, el debate político y periodístico es dónde está el Rey emérito, la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo y el escrache a Pablo Iglesias durante sus vacaciones. Sobre esto último, un apunte. Todos los escraches y los acosos son condenables. Los que le hacen a Pablo Iglesias y los que hizo o alentó él a los políticos del Partido Popular. Y deben tener el mismo trato judicial y político. ¿De verdad es coherente que se pueda ir de vacaciones un Gobierno en esta situación cuando millones de españoles no sabe si van a estar confinados, si van a tener trabajo o clase dentro de un par de semanas?

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Y el Gobierno, de vacaciones

Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, señala que el colectivo más damnificado por esta gran recesión son los jóvenes

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