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Tribunal Supremo

El Supremo confirma que los 123 despidos de TRW no se justificaban “con beneficios”

El Alto Tribunal no estima la petición de nulidad, por lo que la empresa no está obligada a readmitirlos

Imagen de los trabajadores de la plantilla de TRW en los días de los despidos.
Trabajadores de la plantilla de TRW en los días de los despidos.
Actualizada 14/02/2018 a las 11:35

Una sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer este jueves ratifica que los 123 despidos llevados a cabo en la multinacional ZF-TRW en 2016 fueron “injustificados”. El Alto Tribunal viene a dar la razón al Tribunal Superior de Justicia de Navarra que en primera instancia tampoco encontró causas económicas ni productivas que justificasen los despidos en la planta de Landaben fabricante de componentes y piezas para vehículos.

La sentencia, cuyo sentido ya se había adelantado semanas atrás, deja un sabor “agridulce” a los trabajadores de la planta por cuanto el fallo certifica que no existían causas para ejecutar los despidos pero la legislación vigente deja en manos de la dirección de la empresa ZF-TRW Pamplona la decisión de que puedan retornar todos los despedidos.

NO HABÍA CAUSAS ECONÓMICAS

El Supremo recuerda que TRW Automotive España SLU obtuvo beneficios entre 2011 y 2015 (28, 6 millones en 2011; 24, 5 en 2012; 29, 8 en 2013; 18, 9 en 2014 y 19, 5 en 2015).

“Ha de rechazarse en consecuencia -afirma en su sentencia- que concurra causa económica que justifique el despido colectivo, porque no basta para acreditar la causa extintiva con acreditar una reducción de ingresos que es insuficiente y en modo alguno justifica la idoneidad de la medida extintiva, pues no es ni plausible, ni razonable, ni proporcional, y a la vez no es real atendiendo a los datos que revelan beneficios en las cinco anualidades referidas”.

En cuanto a las causas organizativas y productivas, la sentencia también las desestima. “No se ha justificado que en Landaben se hayan producido cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal, en el modo de organizar la producción o en demanda de productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”.

“Tampoco se ha aportado ninguna justificación razonable de la existencia de causa organizativa para los 123 despidos previstos -arguye el Supremo-. No es de recibo la alegación empresarial relativa a que ‘no será capaz de recuperar su competitividad y obtener nuevos productos si no se produce un ajuste en la plantilla adecuado al volumen de actividad que se espera en un futuro’, pues ello solo evidencia la inexistencia de la causa”.

SE DESESTIMA LA NULIDAD

La sentencia del Supremo no atiende la demanda de nulidad que reclamaba el comité y las cinco secciones sindicales (CC OO, UGT, LAB, ELA y CGT). Según argumentaban los distintos recursos presentados por la representación social, la empresa habría “vulnerado” los derechos de los trabajadores y habría actuado de “mala fe” durante las negociaciones del ERE.

“No se aporta en el presente caso ningún dato determinante de la existencia de fraude de ley, dolo, coacción o abuso de derecho... Ni la ausencia de buena fe se evidencia”, concluye el Supremo.


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