Alcaldes remiten al Gobierno foral a La Rioja para regular la N-121-A

Los alcaldes de los municipios enlazados por la N-121-A rebaten la opinión esgrimida por el Gobierno de Navarra para rechazar su propuesta del desvío del tráfico internacional por esta vía. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, aseguró el miércoles que cualquier decisión para restringir el tráfico internacional debe estar “sustentada en derecho” y “ahora mismo, cuando hablamos de siniestralidad, no se dan las condiciones para esa medida desde el punto de vista de la seguridad jurídica”.

La N-121-A, objeto de reforma desde el pasado 8 de febrero con un proyecto de 2+1 y pendiente del desdoblamiento de los túneles de Belate, soporta al día un tránsito de 10.000 vehículos. Una tercera parte son camiones.

Los alcaldes reaccionaron este jueves al criterio defendido en la víspera por el portavoz del Gobierno con la sentencia del Supremo conocida el mismo día de su comparencia semanal, referida al desvío de camiones por la AP-68 en La Rioja. Según daba cuenta el diario del mismo nombre el miércoles, “la sentencia justifica que el convenio entre el Gobierno de La Rioja, la Administración General del Estado y la concesionaria de la Autopista mejora la seguridad vial y reduce la siniestralidad y mortalidad en la N-232 a su paso por La Rioja”.

Los alcaldes se reafirman en sus reivindicación, amparados en la lectura que realizan de la resolución judicial. Entienden que “si hay voluntad política hay forma jurídica y que si no la hay que lo digan claramente y a ser posible expliquen por qué”.

Su reflexión fue realizada después de que el martes llevasen a cabo una acción de protesta junto a la boca norte del túnel de Belate con un corte simbólico de la N-121-A. Reclamaron entonces medidas urgentes de seguridad en tanto en cuanto no se adecúa la galería a las exigencias dictadas por la Unión Europea para túneles de más de 500 metros de rutas transeuropeas.

POSTURA DE NAVARRA SUMA

Por otro lado, Javier García, parlamentario de Navarra Suma, expresó la conformidad de su formación con el criterio sostenido por el Gobierno foral para mantener el tráfico pesado en la N-121-A “durante y después de las obras”. “Un informe de la Policía Foral señala que no se puede probar que vaya a disminuir la tasa de accidentalidad si se quitan los camiones”, señaló. Asimismo solicitó al departamento foral de Cohesión Territorial que elabore un plan de actuaciones para minimizar los efectos de los trabajos del 2+1 sin que se resienta el flujo del transporte. En tercer lugar, insistió en la propuesta del 2+2 frente a la alternativa elegida, en fase de ejecución en su primer tramo.