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Sentencias

Condenado a 2 años de prisión al exalcalde del Valle de Egüés por revelación de secretos

La Audiencia dice que el portavoz de Geroa Bai en Egüés accedió a información personal que borró una ex edil de UPN

Derecha, Alfonso Etxeberria, alcalde del valle de Egüés entre marzo de 2013 y 2019, el miércoles en el inicio de la vista oral en la que se le juzga por presunto delito de revelación o descubrimiento de secretos
Derecha, Alfonso Etxeberria, alcalde del valle de Egüés entre marzo de 2013 y 2019J.A. GOÑI
Actualizado el 15/07/2021 a las 07:57
Doce días después de la vista oral y por unanimidad de los miembros de la sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el que fuera alcalde del Valle de Egüés entre marzo de 2013 y junio de 2019, Alfonso Etxeberria Goñi, ha sido condenado a dos años de prisión y cinco de inhabilitación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La sentencia contra el ahora portavoz de Geroa Bai en el Ayuntamiento considera probado que en 2013 accedió a información que había borrado la ex edil de UPN Carolina Potau del ordenador que utilizaba cuando era responsable de la contabilidad de la sociedad municipal Andacelay. La Audiencia también ha condenado por el mismo delito a 15 meses de prisión y 4.200 euros de multa a un vecino del valle, F. A. R., informático, quien ayudó a Etxeberria a recuperar los datos.
El tribunal tiene en cuenta en su fallo las atenuantes de dilaciones indebidas y, en el caso de Etxeberria, además, la de reparación del daño. Valora que consignó antes del juicio la cantidad para garantizar la indemnización que solicitaba la fiscalía para Potau. Este hecho reduce la franja de las penas respecto a lo solicitado por las acusaciones, ejercidas por fiscalía y ex ediles de UPN que aparecían en fotografías rescatadas del ordenador y difundidas posteriormente. Se trata de Carolina Potau y Estefanía Clavero, ex ediles, y de José A. Andía, ex alcalde. Recibirá la primera 4.000 euros y 2.000 los segundos.
La Audiencia difundió el miércoles la sentencia y dio cinco días a las partes para anunciar si recurrirán en casación al Tribunal Supremo. Tras una modificación de 2015 es el órgano al que recurrir el auto que cierra un caso abierto en 2013 y que en 2017 se reactivó.
INTIMIDAD VULNERADA
A lo largo de 77 folios la sección segunda desgrana los hechos probados, la condena y las informaciones recogidas en las declaraciones de la vista oral, celebrada entre el 30 de junio y el 2 de julio. La Audiencia considera que Alfonso Etxeberria, “con el único fin de conocer el contenido del ordenador utilizado tiempo atrás” por Carolina Potau “y descubrir sus secretos, vulnerando su intimidad al no contar con su consentimiento”, encomendó a su amigo que accediera al ordenador y recuperara todos los datos que habían sido eliminados.
Relata que el informático realizó hasta cuatro escaneos con cuatro programas de recuperación de datos. Accedió a los archivos eliminados por Potau, “entre los que se encontraban multitud de fotos personales, familiares e íntimas, una de ellas en topless, de la exconsejera de la sociedad pública”. Ahonda en lo que apuntaron los peritos de Guardia Civil, que pese a que el programa informático le permitía previsualizar el contenido antes de recuperarlo, el informático almacenó todas las fotos y documentos personales, que ordenó en carpetas, e hizo “al menos tres copias”.
Recuerda que, aunque entre los datos y archivos recuperados había una gran cantidad de fotos personales e íntimas de Potau, ajenas a Andacelay, Etxeberria, “consciente de que con ello vulneraba la intimidad” de Potau, facilitó su visionado a los consejeros de Andacelay, previa firma de un documento de confidencialidad que él elaboró.
"SACAR RÉDITO"
Según la sentencia, “con la intención de sacar rédito de dichas fotos y documentos, y sin importarle vulnerar la intimidad” de Carolina Potau y del resto de personas, Etxeberria decidió que se confeccionara un dossier con fotos a color de las que habían sido recuperadas y que se referían, entre otros motivos, a viajes familiares y a fotos personales de celebraciones de Potau con sus compañeros de partido y proveedores. Remarca una rueda de prensa en la que se dio a conocer a terceros el contenido de los datos recuperados, incluyendo en la nota de prensa, “si bien no las fotos ni el dossier”, sí una descripción explicativa. Asimismo, apuntan a que en un pleno posterior se adjuntó el dossier que contenía, sin su autorización, los datos borrados por Potau. En la Sección Segunda de la Audiencia entienden que “existe prueba de cargo suficiente para declarar probados los hechos objeto de acusación”. Apuntan que en el juicio tanto Etxeberria como el informático reconocieron que cogieron el ordenador que Potau había usado en Andacelay y decidieron instalar un programa de recuperación de datos “para acceder a la totalidad del contenido”. “Esta acción ha sido reconocida por ambos acusados, acreditada pericialmente y avalada por todos y cada uno de los testigos”, destaca el tribunal.
Los magistrados explican que el delito de revelación de secretos exige que la conducta delictiva se lleve a cabo sin autorización y entienden que en el caso “no cabe duda”. Añaden que es necesario que la información se utilice en perjuicio del titular o de un tercero y afirman que la rueda de prensa convocada “deja bien a las claras que se usó en perjuicio” no solo de Potau, sino especialmente de Andía, a quien se le exigió la dimisión “de nuevo”. Acabó renunciando un mes después.
DOLO ACREDITADO
Señalan también que en este delito se castiga la conducta dolosa y que se exige una intención especial. La Sala entiende acreditada la intencionalidad “por los actos, anteriores, coetáneos y posteriores”. “El procesado, ante el hallazgo, lejos de poner el ordenador a disposición judicial si tan relevante lo entendía, optó por enseñarlo a todos los consejeros y, para crearse una coartada en esta acción, les hizo firmar un documento de confidencialidad”.
Y concluye que los que no son titulares del secreto “difícilmente puede disponer de él”. Concluyen que solamente hubieran podido crear el documento de confidencialidad Potau, “a quien esas fotos y documentos pertenecían y no a quien, dolosamente, se había hecho con ellos”.

Geroa Bai respalda a su edil, también inhabilitado para 5 años

Alfonso Etxeberria, condenado por la Audiencia Provincial, no quiso hacer declaraciones ayer. Ni valoraciones ni explicaciones de las acciones que se plantea tras la sentencia que le condena a dos años de prisión (por los que no irá a la cárcel) y a cinco de inhabilitación para cargo público. El ahora concejal y cabeza de lista de Geroa Bai en las elecciones de 2019 se remitió a la nota de prensa que envió su partido. Para hoy, dijo, tiene prevista una reunión en la que anunció que hablarán de esas acciones. En el juicio, cuando se le ofreció la última palabra, apuntó que iban a por él.
La nota de la que hablaba Etxeberria, alcalde del tercer municipio de Navarra entre 2013 y 2019, era la que difundió Geroa Bai, la coalición de la que forma parte desde su fundación. Antes fue concejal por Nafarroa Bai y por CIVE. La coalición vasquista comenzó diciendo que “respeta” la sentencia. Pero matizó que “mantiene su convicción en que Etxeberria actuó con honradez en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Eguesibar”.
Mostraron su “confianza en las palabras de Etxeberria, que en sede judicial declaró que su intención nunca ha sido la de vulnerar la intimidad de nadie”.
Concluye Geroa Bai en el texto, que no menciona la petición de dimisión al edil, que el “afán de los concejales y concejalas del Valle de Egüés siempre ha sido el de intentar esclarecer la gestión de UPN”. Recordaron que la cuestionó la Cámara de Comptos. Su informe se remitió al Tribunal de Cuentas y al juzgado de Aoiz y las denuncias fueron archivadas, junto a las del Consistorio.
Petición de UPN
también a través de un comunicado de prensa se pronunció UPN. Pidió la dimisión “inmediata” de Etxeberria. Consideró probado que “cometió un delito para acceder a la alcaldía” y denunció la “complicidad de Geroa Bai”.
Mostró la satisfacción por la sentencia y trasladó a los ex concejales su pesar por el daño sufrido por ellos y sus familias. Potau fue expulsada de UPN cuando dimitió en medio de acusaciones sobre su gestión. Andía, al dimitir, alegó que había perdido la confianza de su partido.
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