La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un año de prisión a Fran Moleón, exconcejal del PSN en el Ayuntamiento de Estella, por disponer para gastos privados 9.623,49 euros a través de una tarjeta de la empresa municipal Gedemelsa, de la que por aquel entonces era presidente.

La conformidad del inculpado con los hechos y penas propuestas por las acusaciones determinó que se dictara sentencia el pasado 27 de abril sin necesidad de celebrar el juicio previsto ante un jurado popular.

El procesado, que reintegró la cantidad total, ha sido considerado autor de un delito de malversación de caudales públicos y dimitió de sus cargos públicos tras conocerse lo ocurrido.

Según recoge la resolución judicial, el encausado fue concejal del consistorio de Estella y presidente de la empresa municipal Gedemelsa desde julio de 2024 hasta el 20 de febrero de 2025. Creada por el Ayuntamiento en 2007, esta sociedad tenía por objeto la promoción turística de la ciudad.

Durante el ejercicio de su cargo, con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, el acusado dispuso “sin autorización legal” de la citada cantidad para gastos privados que no tenían relación con el objeto de la sociedad ni con su condición de presidente de la misma, según reza la sentencia.

El magistrado presidente del tribunal del jurado ha acordado suspender la pena de prisión a condición de que el condenado, que ha sido inhabilitado por tiempo de 3 años para cargo o empleo público, no vuelva a delinquir en un plazo de 2 años.

GASTOS EN BARES, RESTAURANTES, TIENDAS, TABACO...

Según se supo en su día, Fran Moleón realizó gastos con la tarjeta de Gedemelsa, entre otras cosas, para pagar consumiciones en restaurantes y bares (como una cuenta de 150 euros en un bar), además de haberla utilizado también en alguna tienda de ropa, en el supermercado o en tabaco.

Tras conocerse los hechos a principios del año 2025, la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda, interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en representación del ayuntamiento para que se comprobase si se había cometido un delito de malversación de caudales públicos, algo que ahora se ha confirmado en la sentencia.