Las obras de Belate
Malestar de Obras Públicas con el interventor general: "Todo lo de Belate se hablaba con él"
Obras Públicas desmiente al interventor general y asegura que desde el principio este sabía que las obras se estaban haciendo según el nuevo proyecto
Publicado el 19/09/2026 a las 05:00
El informe de la Intervención General de Navarra que declara nula de pleno derecho la “orden de continuidad” de las obras de Belate fue respondido con un contrainforme de la dirección general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra para rebatir sus puntos “de hecho y de derecho”. Defiende que la Intervención General “sí era conocedora de que las obras se estaban ejecutando según el proyecto modificado” y no con el licitado. Cita “múltiples evidencias”, como las ocho reuniones mantenidas entre diciembre y abril, incluida una visita al túnel. “En estas reuniones se han tratado temas tanto de índole jurídico como técnico”, afirman.
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También cita informes de la Intervención donde se habla del “incremento de gasto” que suponía el uso de las cerchas HEB-160 frente a las cerchas reticulares previstas originalmente”. No obstante, Obras Públicas admite que no envió en su momento a la Intervención el "escrito de continuidad” firmado el 31 de diciembre.
Por otro lado, Obras Públicas intenta justificar que las obras continuaran según el proyecto modificado a pesar del reparo suspensivo porque “no era viable dar marcha atrás sobre lo ejecutado". En su escrito, Obras Públicas desvela que la Intervención General les solicitó en varias ocasiones la entrega de un nuevo documento denominado “modificado 2”, pero con la advertencias de que no emitiría una fiscalización positiva si volvían a incluir partidas del modificado 1 (objeto de reparo suspensivo). “Esto deja al órgano gestor en indefensión total”, señala Obras Públicas.
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Asimismo, justifica que no se paralizaran las obras por el “importante quebranto para la Hacienda foral”, en referencia a los daños y perjuicios e intereses de demora que podría exigir la adjudicataria. “El retraso de cinco meses por parte de la Intervención en fiscalizar las certificaciones 14 a 18 ha provocado avisos de reclamaciones de intereses y facturas bajo protesta por parte de la UTE”, expone Obras Públicas. Añade que una paralización podía poner en riesgo la subvención de 40 millones del Estado.
