Obras de Belate
En el cale, todo había estallado
El 19 de junio, cuando la presidenta Chivite asistía al acto de unión de las bocas del nuevo túnel de Belate, el Gobierno ya conocía el demoledor informe que precipitaría el final de la actual adjudicación
Publicado el 19/09/2026 a las 05:00
El 19 de junio, a las 11.35 horas, una excavadora atravesaba un trozo de pared de pizarra del duplicado túnel de Belate en obras, uniendo así la boca sur y norte, lo que se conoce como el cale. Entre otros cargos, asistió a ese momento la presidenta María Chivite, que dijo con entusiasmo: “¡Vamos a celebrar!”, añadiendo que mientras “unos hacen ruido”, ellos se dedicaban a trabajar y a cumplir con la directiva europea en la seguridad de esta infraestructura, algo pendiente desde hace años.
Sin embargo, en ese momento, detrás de los focos, había estallado lo que iba a ser el golpe final a una tormentosa adjudicación de estas obras a la UTE que integraban Acciona, Osés y Servinabar (ya fuera), empresa esta última de Antxon Alonso, en la que se investiga si participaba el exdirigente del PSOE, Santos Cerdán (él lo niega), peso pesado del socialismo navarro hasta su caída en junio de 2025, tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que puso el foco en él.
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Un mes antes de ese cale, el 19 de mayo, el director general de Intervención, Juan José Pérez Capapay, supo que la dirección general de Obras Públicas del Gobierno había trasladado a la UTE meses antes (el 31 de diciembre de 2025) una orden de continuidad de las obras con las modificaciones del proyecto inicial, a pesar de que en noviembre él había formulado un reparo suspensivo de las mismas que el Ejecutivo dijo que iba a acatar.
En un informe firmado el 12 de junio, el Interventor General no convalidó esa orden de continuidad. Sostuvo que el proyecto con el que se trabajaba en Belate, y que modificaba el original, no cumplía los requisitos legales. Apuntó a una infracción del ordenamiento jurídico que podría ser constitutiva de “nulidad de pleno derecho”.
JUNIO TORMENTOSO
El 17 de junio, Obras Públicas, que depende del departamento de Cohesión Territorial de Óscar Chivite, conoció el informe de Pérez Capapay. Respondió con otro discrepante, asegurando que el proyecto está aprobado, que la Intervención General sabía lo que se estaba haciendo desde finales de 2025 y que, además, habían seguido sus instrucciones. Agregó, eso sí, que “desconocía” que no había recibido en su momento la “orden de continuidad”.
Lo que sí tenía claro Obras Públicas, y así lo destaca, era que acatar ese nuevo informe de la Intervención implicaría la paralización inmediata de los trabajos. Las obras siguieron hasta culminar el cale del 19 de junio. Óscar Chivite argumentaba esta semana en el Parlamento que era una necesidad técnica, para evitar posibles derrumbes.
REUNIÓN CON LOS SOCIOS
A finales de junio, el consejero cuenta a sus socios la situación y la decisión que ha tomado la parte socialista del Gobierno para que no se detengan los trabajos.Quieren abonar a la UTE los sobrecostes que tuvo antes del reparo suspensivo que en noviembre de 2025 formuló la Intervención General: 8,3 millones. Lo harán mediante una fórmula que les permite aprobarlo en la sesión semanal del Ejecutivo, la del “enriquecimiento injusto” de la Administración. Se utiliza, por ejemplo, para abonar trabajos realizados, pero que por diversas causas no tienen formalizado un contrato que los sustente.
Los socios reclaman un informe que analice si eso es factible jurídicamente. Acuerdan pedirlo.
El 27 de julio se abre otro frente para las obras, cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decide integrar la adjudicación de estas en la causa que instruye, a la espera de que la UCO realice un informe.
El 6 de agosto, el consejero de Presidencia, Javier Remírez, solicita a la Asesoría Jurídica del Gobierno un informe que analice si pueden abonar los sobrecostes y con la fórmula elegida.
NIEGAN LA SITUACIÓN
El 3 de septiembre, este periódico informa de que las obras en Belate llevan días paradas. Así lo habían constatado los que pasan habitualmente por la zona. Sin embargo, Remírez llega a negarlo cuando preguntan por ello los periodistas. Sostiene que obedece a una situación “intermedia” entre fases de los trabajos.
Ese mismo día 3, el consejero recibía el informe de la Asesoría Jurídica que había solicitado y que hunde los planes del Gobierno. Como se pide una aclaración, la Asesoría lo vuelve a mandar, ya con la respuesta, el día 7.
Ese 7 de septiembre, lunes, el Ejecutivo se reúne con sus socios en la llamada Comisión de Seguimiento, aunque no acude la presidenta Chivite. Allí les da a conocer las conclusiones del contundente informe jurídico, que sostiene que no se dan los requisitos legales para abonar a las constructoras ese dinero ni procede hacerlo por la vía elegida.
Dos días después, Remírez desvela la existencia del informe en la rueda de prensa que como portavoz da tras la sesión semanal del Gobierno. Según Geroa Bai, ocho minutos antes de esta, se lo envió a ellos, más de 100 folios que debían analizar.
Los socios reclaman a la presidenta que les aclare qué va a pasar, agotadas todas las vías para abonar a la UTE los trabajos. La reunión tiene lugar el lunes 14 por la tarde, y en ella conocen la opción en la que se trabaja: la rescisión del contrato con la UTE, de común acuerdo con esta. El siguiente paso sería volver a licitar lo que resta para culminar la duplicación de este túnel.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE?
María Chivite, Óscar Chivite y Javier Remírez daban a conocer públicamente ese plan el miércoles en el Parlamento, en una sesión convocada porque UPN había pedido la comparecencia urgente de la presidenta. La oposición, pero también uno de los socios, Geroa Bai, defienden que se deben asumir responsabilidades políticas por este desaguisado. Coinciden en cuestionar la gestión, pero UPN, PP y Vox citan también la sucesión de irregularidades desde el proceso de adjudicación, e insisten en ver “la sombra de la corrupción” sobre esta obra y sus “sobrecostes”.
El Gobierno pretende reducir lo ocurrido a contradicciones entre juristas y técnicos, y a que los “controles internos funcionan”. Reiteran que no se ha pagado ni un euro sin amparo jurídico.
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Los sobrecostes que no se han abonado ascienden ya a 9 millones.
