Las obras de Belate
El detonante que ha paralizado Belate: la Intervención advirtió en junio que continuar la obra era ilegal
Obras Públicas dictó en diciembre de 2025 una orden de continuidad que, según el interventor, le otorga a la UTE Acciona-Osés un derecho para cobrar sobrecostes
Publicado el 19/09/2026 a las 05:00
Obras Públicas del Gobierno de Navarra se dio un tiro en el pie cuando el 31 de diciembre de 2025 firmó una “orden de continuidad” de las obras del túnel de Belate después de prometer que acataba el reparo suspensivo de la Intervención General al polémico modificado con los 8,5 millones de sobrecostes. Esa es la conclusión a la que llegó el propio director general de Intervención, Juan José Pérez Capapay, el pasado 12 de junio en un nuevo informe donde afirma que dicha orden de proseguir con las obras podría ser nula de pleno derecho por la “absoluta inexistencia de expediente” y por haber prescindido “absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Añade que la orden “puede conllevar una serie de derechos y obligaciones para el contratista” (la UTE formada por Acciona y Osés) y causar quebrantos económicos a la Hacienda Pública de Navarra. Es decir, la adjudicataria puede agarrarse a esta “orden de continuidad” para reclamar los 9 millones del polémico modificado, incluso con intereses de demora. Le coloca, además, en una posición de fuerza de cara a negociar la rescisión del contrato.
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El informe de la Intervención General fue contestado por la propia dirección general de Obras Públicas mediante un informe de no conformidad que destila sorpresa y enfado. “No existe una ausencia de procedimiento, sino una complejidad administrativa sobrevenida en la que el órgano gestor ha seguido en todo momento las instrucciones de Intervención General”, responde Obras Públicas.
Estos informes, conocidos tres meses después de su redacción, revelan un soterrado enfrentamiento entre la Intervención General, que depende del departamento de Economía y Hacienda, y Obras Públicas. Además, el demoledor informe de la Intervención es clave para entender por qué el Gobierno de Navarra impulsó sin éxito otra vía para pagar los sobrecostes y finalmente ha decidido rescindir el contrato.
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El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, citó la existencia de ambos informes en la comparecencia junto a María Chivite y Javier Remírez el pasado miércoles en el Parlamento de Navarra. Hasta entonces se desconocía que el 31 de diciembre, la directora general de Transportes, Berta Miranda, había firmado un “escrito de continuidad” de las obras, que en ese momento estaban paradas. Miranda asumió la suplencia de Obras Públicas tras el cese de Pedro López Vera y hasta que fue nombrada María Torres el 4 de febrero.
El 23 de diciembre, la Intervención General había fiscalizado positivamente las certificaciones (facturas) pendientes de abono a la UTE de Acciona y Osés porque se suprimían y reembolsaban los sobrecostes ya pagados y porque “Obras Públicas acepta dicho reparo suspensivo y manifiesta su voluntad de concluir la tramitación del citado modificado nº 1 en cuanto sea posible”.
Esta coletilla se iba repitiendo en todas las facturas. El 14 de mayo, la Intervención General pidió por escrito a Obras Públicas que le aclarara dos cuestiones, si la obra se estaba ejecutando conforme al proyecto original y en base a “qué actuación administrativa”.
El 19 de mayo, Obras Públicas le entregó a Intervención el escrito de continuidad del 31 de diciembre, donde se le dice a la UTE que “se puede continuar con la ejecución de las obras según la solución técnica del proyecto del modificado nº 1 hasta que se concluya la tramitación del mismo, a fin de no causar un grave perjuicio para el interés público”. La Intervención reprocha a Obras Públicas que le haya ocultado este escrito, que a su juicio debió ser objeto de fiscalización previa. Además, se siente engañada al haberle hecho creer que las obras se estaban ejecutando según el proyecto licitado.
El interventor recuerda que el 28 de noviembre de 2025 venció el plazo para aprobar el expediente de modificación, sin posibilidad de prórroga. Se perdió entonces el paraguas legal para continuar las obras según el nuevo proyecto. “Esos trabajos dejarían de ser válidos y devendrían nulos de pleno derecho”, afirma. Un hecho grave teniendo en cuenta que existía un reparo suspensivo que Obras Públicas prometió acatar.
