El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado este viernes que le "preocupa" la situación de los menores de la comunidad vinculada a la Fundación Maestro Ávila, en la localidad de Arguiñano, "un centro que no cuenta con una resolución administrativa estatal que reconozca oficialmente la enseñanza impartida dentro del sistema educativo español", y ha comentado que van a solicitar una reunión con la Fiscalía de Navarra "con la intención de resolver las posibles irregularidades apreciadas".

Gimeno ha comparecido en comisión parlamentaria, junto a la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, a petición de EH Bildu, para exponer la situación de estos menores y ha explicado que su departamento "no puede establecer determinadas actuaciones respecto a la actividad educativa" y "no lo puede hacer en base a la normativa existente". "Por ejemplo, el departamento de Educación, entre otras actuaciones, no lo puede cerrar", ha dicho, para señalar que "la actividad educativa referida tiene reflejo documental de su existencia en el departamento de Educación desde 2014".

Gimeno ha detallado que "los responsables de la entidad manifiestan que el citado centro desarrolla su actividad educativa dirigida a estudiantes en edad de escolarización de familias residentes en las localidades de la zona" y que "el centro de estudios atiende a 55 alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, organizados en cinco agrupamientos correspondientes a los niveles de segundo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato".

Según ha expuesto, "los responsables del centro manifiestan que el centro de estudios cuenta con un acuerdo de colaboración con un centro educativo privado situado en Michigan". "Respecto al procedimiento de acreditación académica, se informa que la entidad no expide títulos oficiales con validez académica en el sistema educativo español, limitándose a realizar actividades educativas a distancia con el citado centro y vinculando a la acreditación de su alumnado a la certificación oficial de títulos del sistema de Estados Unidos", ha explicado Gimeno, que ha añadido que "al finalizar los estudios, el alumnado obtiene un diploma de High School de Michigan, con la posterior homologación ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de España, permitiendo obtener la equivalencia oficial al título de Bachillerato español, una cuestión que se está revisando y podría ser revocada o revisando cuando menos esa homologación".

En estos momentos, ha comentado, "tienen planteada la posibilidad de constituirse en centro asociado o adscrito al centro de Michigan, tramitando en Navarra la homologación del mismo como centro de enseñanza extranjero". Y ha aseverado que "a la entidad se le traslada e informa expresamente que la impartición de enseñanzas correspondientes a etapas del sistema educativo de carácter obligatorio requiere la preceptiva autorización administrativa conforme a la normativa vigente".

En relación con el procedimiento de autorización, Carlos Gimeno ha relatado que "los responsables del centro de estudio señalan que están trabajando en el proyecto de traslado de la actividad educativa a las instalaciones del antiguo centro privado Andéraz, que refieren haber adquirido recientemente".

El consejero ha detallado que "no se ha acreditado la validez académica oficial de los estudios impartidos, más allá de los posibles mecanismos individuales de acreditación de su alumnado, vinculando a la certificación oficial de los sistemas de títulos del sistema de EEUU".

Según el consejero, "diferentes administraciones educativas en la Comunidad foral, de todos los colores políticos, han sido conocedoras de esta actividad, no han tomado ninguna medida al respecto, porque directamente no es posible, ni era posible en ese momento, ni lo es en el momento actual, con las herramientas normativas de que dispone el Gobierno de Navarra".

Gimeno ha comentado que "toda la normativa educativa que regula la creación, la organización y el funcionamiento de los centros docentes que imparten enseñanzas previstas tanto en la LOE y en la Ley Orgánica de Formación Profesional, no regula qué sucede o cómo actuar con quienes no son centros docentes inscritos en el Registro de centros docentes, ya que excede del ámbito competencial, en este caso, del departamento de Educación o del Gobierno".

"No está prevista la autorización de un centro docente de oficio por la Administración. Siempre debe ser a solicitud de los interesados", ha dicho, para afirmar que "aún siendo conocedores de la realidad de ese alumnado, el departamento de Educación no tiene competencia para clausurar dichas instalaciones". Ha insistido el consejero en que "al no ser un centro docente, no podemos actuar, no podemos sancionar a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a esas instalaciones, aunque estén en edad de escolarización obligatoria".

"Lo único que puede y ha hecho el departamento a lo largo de estos años ha sido ponerlo en conocimiento del departamento de Derechos Sociales, por si pudiera haber alguna situación de desprotección de esos menores", ha manifestado.

Por su parte, la consejera Maeztu ha explicado que han analizado la situación y que la identificación de los menores es clave para iniciar un proceso de valoración de la posible situación de desprotección y contactar con las personas afectadas, "motivo por el cual se ha solicitado colaboración al Ministerio Fiscal ya que el departamento y la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia no tiene competencia para realizar dichas identificaciones".

Según Maeztu, el departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia, "bien sea por parte de familiares, centros educativos sanitarios o servicios sociales" y se interviene si es necesario después de analizar el caso. En cualquier caso, ha dicho que desde el departamento han trasladado toda la información a Fiscalía, "que ha archivado el procedimiento". "En cualquier caso, los Servicios Sociales de la zona son conocedores de la situación y todos estamos alerta ante posibles situaciones de riesgo que pudieran identificarse", ha dicho.

La parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha mostrado su "preocupación" por una "situación que ahí está desde 2014". A su juicio, este alumnado está en situación de "desprotección" y es "hora de actuar".

Desde UPN, Ángel Ansa ha condenado la "violencia" contra esta comunidad "por parte del entorno de la izquierda abertzale". "Se habla por algunos de una secta católica de ultraderecha cuando la realidad es que la Fundación Maestro Ávila se encuentra inscrita en el registro de fundaciones desde 2009", ha dicho, para defender que "se deben garantizar los derechos básicos de los menores".

El socialista Kevin Lucero ha señalado que "nos preocupa que exista una actividad educativa organizada con alumnado de distintas edades, incluidos menores en edad sin autorización administrativa como centro docente" y ha afirmado que desde el Gobierno se ha actuado "en el margen de sus competencias".

Por Geroa Bai, Itxaso Soto ha expuesto que "debe primar la protección del menor ante todo" y ha defendido que "lo mejor para los menores es vivir con sus iguales, con protección, con un sistema que si ve prácticas de desprotección tenga la capacidad de poder denunciar, es decir, un sistema regulado".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha pedido que "se preserve el interés de los menores y se vaya de la mano de la Fiscalía", y ha opinado que "se ha actuado con prudencia".

Finalmente, Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha señalado que "el interés superior del menor debe guiar todas las acciones y decisiones de la Administración, también en una cuestión tan peliaguda y oscura como esta". "Hablamos de menores que se encuentran en un contexto nada deseado", ha dicho.