El responsable de Obras Públicas del Gobierno foral, el consejero de Cohesión Territorial Óscar Chivite, insistió en el Senado en desligarse de las “controversias” que se produjeron en la mesa de contratación de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate, por ser anteriores a su toma de posesión como consejero, que fue el 18 de agosto de 2023. Recalcó que esas mesas son “independientes” y el Gobierno “no adjudica”, en respuesta a María Caballero (UPN) y Ana Beltrán (PP).

Sostuvo que el letrado del Gobierno que esa tarde compareció en la Cámara Alta, Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación y autor de la denuncia de ese proceso en la Oficina Anticorrupción, ya declaró que no sospecha que esa adjudicación se diera “a dedo”. Aludía así a un funcionario al que Obras Públicas ubicó en una nave de Landaben, traslado que fue anulado por la Oficina Anticorrupción, que vio en ello un acto de represalia que ayer negó Chivite.

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Caballero le preguntó por el presidente de la mesa de contratación, un funcionario de 73 años, y que, conociendo la puntuación que habían dado cuatro técnicos, dio la suya, dando la vuelta al resultado de la adjudicación, agregó la senadora. “Es cierto que conocía la puntuación el presidente de la mesa, pero no sabemos si él había votado previamente o no. Yo no lo sé”, respondió Chivite.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, también preguntó por este jefe de servicio y el consejero contestó: “Si tienes una obra compleja, hay que poner al mejor”.

Las senadoras de UPN y PP le preguntaron por su relación con Santos Cerdán, del que se investiga si era copropietario de Servinabar. El consejero señaló que no está confirmada esa vinculación y que sobre eso solo sabía lo que se ha publicado.

Chivite dijo que antes de llegar al cargo conocía “poco” a Cerdán. “Como concejal (de Cintruénigo) sabía que él era secretario de Organización, pero yo participaba poco en la vida del partido”.

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Ya en el Gobierno, eso cambió. “Santos Cerdán tenía entre sus responsabilidades como diputado del Congreso la función de mediar entre los diferentes partidos políticos. No olvidemos que el Gobierno actual es de coalición y los acuerdos se tienen que hacer de una forma consensuada”. Así justificó la presencia de Cerdán en numerosas reuniones entre los Gobiernos central y navarro. “En ese contexto y con infraestructuras en mi departamento que había que impulsar y muy relacionadas con los ministerios, había una relación para gestionar estos asuntos”. Coincidió con él hasta en 20 ocasiones, le dijo a Beltrán.

La senadora del PP le echó en cara que llevaba escrita la justificación de la presencia de Cerdán en esas reuniones y subrayó que el resto de diputados y senadores socialistas no iban.

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En cuanto a si Cerdán fue clave para que los presupuestos del Estado destinaran 40 millones a Belate, Chivite señaló que ese gasto se incluyó en los presupuestos de 2023, cuando no era consejero, pero no se ejecutó y se presupuestó para el siguiente.

Caballero quiso saber cuándo y cómo le propuso “su sobrina” ser consejero. Respondió que la presidenta ya le había trasladado en ocasiones anteriores su interés en que participara en actividades en el Gobierno, pero al ser administrador único de una empresa pequeña eso no podía ser.

Sin embargo, luego Chivite contó que en agosto de 2023 la presidenta le propuso ser consejero, y una semana después, el 18 de ese mes, tomaba posesión del cargo. Hay que recordar que entonces seguía siendo administrador único de su empresa, Lauburu, algo que incumplía la ley de incompatibilidades, por lo que la Oficina Anticorrupción propuso sancionarle por falta “grave”.

Chivite no presentó su renuncia al cargo de administrador único hasta el 12 de septiembre, un día después de que UPN denunciara su situación y Anticorrupción se dirigiera a él. Por eso, la incompatibilidad duró 25 días. Ayer Chivite afirmó en el Senado que estuvo esos 25 días realizando “toda la tramitación” para dejar ese puesto en la empresa.

El consejero dejó claro ante la pregunta de la senadora de UPN que no dimitiría en caso de que se demostrara que una trama corrupta se hubiese podido beneficiar de las obras de Belate. Argumentó que ni los consejeros ni la presidenta adjudican las obras.

- “No dimitiría por esto”.

- “Pues serán los ciudadanos los que los echen si esto se demuestra”, concluyó María Caballero.