El secretario de la mesa de contratación de Belate, Lorenzo Serena Puig, ha revelado este martes en el Senado que cuando sus ocho miembros firmaron la propuesta de adjudicación a Acciona, Osés y Servinabar, con seis votos particulares alertando de irregularidades y el informe de reparo del interventor, el director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro López Vera, les reunió en una sala. “Nos pidió que nos volviésemos a juntar para rehacer las cosas y solventar esas deficiencias, pero le dijimos que las actas estaban ya firmadas y que si tenía alguna duda sobre la legalidad de la adjudicación acudiera a la Junta de Contratación”, ha relatado en la comisión de investigación sobre la trama Koldo. En lugar de acudir a este órgano, este alto cargo del Gobierno de Navarra solicitó al Ministerio de Transportes un certificado de solvencia técnica de Acciona que intentó incluir en el expediente. “En mi opinión esto es nulo de pleno derecho porque esa duda sólo la puede verificar la mesa de contratación, el órgano de contratación carece de competencia para ello”, ha afirmado.

Los intentos por rehacer el trabajo de la mesa de contratación cuando ya había concluido su función ya venían reflejados en los correos electrónicos solicitados por el Parlamento de Navarra. Allí, el director de Nuevas Infraestructuras y presidente de la mesa, Jesús Polo Soriano, les decía: "Si hay buena voluntad por parte de todos, todavía estamos a tiempo de evitar la mala imagen que se va a dar". Este correo electrónico figura en la tanda de emails posteriores al 23 de octubre, cuando la mesa de contratación terminó su trabajo, y que en un primer momento el departamento de Cohesión Territorial no quiso entregar al Parlamento.

Esta “actuación extemporánea” del número dos del departamento de Cohesión Territorial se suma a las irregularidades que ya constan en las actas de esta licitación y que este martes, Lorenzo Serena ha tenido que repetir ante los senadores: la falta de motivación en la valoración de las siete ofertas, el sistema de votación viciado porque el presidente de la mesa votó el último y dio un vuelco en el resultado, la ruptura de la confidencialidad de las ofertas al haber estado a la vista de la plantilla del departamento y las dudas con el certificado de solvencia técnica de la oferta ganadora.

Ha sido la primera vez que este letrado aparecía públicamente para someterse a un intenso interrogatorio sobre la polémica adjudicación de la mayor obra pública de Navarra de los últimos años, la duplicación de los túneles de Belate por 62,8 millones. Lorenzo Serena, con 29 años de experiencia en contratos públicos, ha ofrecido a los senadores una detallada lección de la normativa y procedimientos administrativos, pero ha sido cauto en sus valoraciones personales sobre la existencias de delitos. “Yo no soy juez. Yo hice las observaciones que consideré que había que hacer”, ha reiterado en varias ocasiones ante la insistencia de UPN, PP y Vox por que diera su opinión sobre las irregularidades denunciadas. 

De forma pedagógica, ha explicado que la Administración “puede dictar un acto absolutamente nulo de pleno derecho pero si un juez no lo declara nulo seguirá teniendo validez”. La adjudicación de Belate no ha sido recurrida por ninguna de las 17 empresas que participaron en la licitación. “Decir que la validez de un acto administrativo dependa de si ha sido recurrida no me parece de recibo”, ha dicho frente a las palabras del consejero Óscar Chivite, que pone en valor la ausencia de recursos.

El secretario de la mesa de Belate ha criticado también la “falta de transparencia” porque la resolución de adjudicación firmada el 28 de diciembre por Obras Pública no cita los votos particulares ni el reparo no suspensivo ni la “actuación extemporánea” del director general, dando a entender que en tal caso alguna empresa se hubiera animado a recurrir.

Entre otras cuestiones, el letrado ha reiterado que cinco de los ocho miembros reconocieron haber escuchado comentarios sobre la empresa que iba a resultar adjudicataria. “Consta en acta firmada por los ocho miembros de la mesa”, ha dejado claro. “Como existía el nubarrón de que estaba adjudicada de antemano”, Serena ha explicado que instó a los cinco ingenieros encargados de hacer la valoración técnica a que pusieran especial cuidado en motivar sus puntuaciones. “Es un derecho del propio adjudicatario para que nadie pueda cuestionar el contrato”, ha señalado en su comparecencia. Sin embargo, el primer borrador que elaboraron era “excesivamente descriptivo”. Hubo tres borradores más que no llegaron a convencer a los dos letrados de la mesa y al interventor y que motivó el primer voto particular.

Serena ha admitido que hace más de un año denunció ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción el tema de Belate y que se reunió en tres ocasiones con su directora, Edurne Eginoa.