Navarra ha presentado cuatro alegaciones al Real Decreto del Gobierno central sobre los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende aprobar antes de las elecciones del próximo día 29. Lo que persigue la Comunidad foral, como ha detallado esta mañana en comisión parlamentaria, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, es que tras la aprobación de este decreto el despliegue de los centros de datos sea "compatible" tanto con la competitividad y electrificación de la industria, como con la planificación económica y territorial de las comunidades autónomas, el uso eficiente de las redes eléctricas y la sostenibilidad energética e hídrica. En definitiva, que la regulación permita "ordenar y priorizar" el acceso a la capacidad eléctrica incorporando criterios industriales y territoriales e incentivado a los proyectos que incorporen sistemas de almacenamiento energético asociados a la generación de energía renovable. Con la tercera alegación, pide que se valore la incorporación de sistemas de circuito cerrado, recirculación y utilización del agua empleada en los procesos de refrigeración y, por último, que el texto incorpore una previsión específica para establecer mecanismos de coordinación entre la administración general y las comunidades autónomas.

"Hace falta una regulación ordenada de los centros de datos para evitar el colapso del sistema eléctrico y hemos querido dejar claro cuál debe ser la prioridad: la industria, la energía renovable, el almacenamiento, la eficiencia hídrica y el apoyo local. Si la industria tiene atendida toda su capacidad y los proyectos cumplen esos criterios estaremos de acuerdo en estudiarlos", ha defendido Irujo quien no obstante no ha querido detallar en qué estado se encuentran los centros de datos planteados en la comunidad (desde los seis de la Ribera que se llegaron a anunciar al proyecto para Gazólaz diseñado por el Grupo VDR y que depende directamente de la ampliación de la subestación de Orcoyen de 220 kv que el ministerio habría incluido en la nueva planificación) a la esperar de conocer el texto que afecta a Navarra de esa nueva planificación que el Ministerio le trasladó recientemente pero de forma verbal. Un texto que, de acuerdo con la manifestado aquel día, incluirá gran parte de las actuaciones que Navarra pidió incorporar en el trámite de alegaciones para, por un lado, dar apoyo a la red de distribución eléctrica con inversiones en las principales subestaciones y, por el otro, permitir la conexión de nuevos consumidores a la red de transporte evitando que se puedan perder proyectos industriales por falta de capacidad eléctrica.

En la comparecencia de este viernes, solicitada por el parlamentario de UPN, Ángel Ansa, también ha participado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, quien se ha referido a los dos centros de Nasertic, el principal en la calle Orcoyen y el de respaldo en la Comisaria de Beloso,  que cumplen, ha dicho, los requisitos recogidos en el decreto del Gobierno. 

Durante su intervención, Ansa ha compartido con Irujo que debe haber un implantación ordenada de estos centros pero ha cuestionado la normativa “anti-centros de datos” planteada por el Partido Socialista que ha pedido que no se apruebe para que el nuevo Gobierno que se constituya tras el 29-N elabore "una regulación, menos restrictiva, con exigencias técnicamente viables, proporcionadas, trabajadas con el sector y en colaboración con las comunidades, para conocer la realidad de cada una".  Ha cuestionado además que el nuevo marco regulatorio para estos centros se haga a través de un Real Decreto, de manera unilateral y "con mucha prisa" a pesar de contar con un informe "muy crítico" de la CNMC y con un apercibimiento de la Comisión Europea. "Estamos ante una normativa que, en lugar de facilitar la instalación de centros de datos de manera ordenada, la torpedea. Se están poniendo en riesgo más de 60.000 millones en inversiones proyectadas y casi 500.000 puestos de trabajo directos e indirectos que generarían", ha advertido asegurando que ninguno de los centros de datos de los que existen hoy en España cumple los requisitos técnicos que se piden y que se trata de toda una "declaración de guerra" al sector.

Desde el PSN, Kevin Lucero, ha compartido las alegaciones presentadas por Navarra porque, ha dicho, "el desarrollo de estas infraestructuras no puede hacerse a costa de encarecer la energía ni a costa de la industria, lo que obliga a establecer prioridades". En la misma línea, Oihan Mendo, de EH Bildu, ha dicho que la prioridad debe ser "para los proyectos que aporten valor y demanda sostenible". "Es razonable que un centro que consume 600MW reduzca márgenes de beneficio invirtiendo en renovables y almacenamiento porque sino estos centros impactarán en los precios de la electricidad y eso influye en la propia aceptación social". 

En la versión del proyecto de real decreto que el Gobierno remitió al Consejo de Estado se flexibilizar algunos de los requisitos medioambientales previstos para los centros de datos.  Entre los cambios más relevantes figuran las mayores facilidades para acreditar el suministro renovable y una alternativa transitoria de cinco años vinculada a la reducción automática de la demanda eléctrica. También se aumentó de uno a diez megavatios (MW) el listón a partir del cual los centros de datos deberán cumplir con la mayoría de requisitos del decreto. Entre las novedades que se incorporaron al proyecto está una relacionado con el criterio de correlación horaria, según el cual los centros deben consumir, hora a hora, un 80% de electricidad renovable. El nuevo texto incluyó la posibilidad de rebajar este 80% a un 60% durante las horas punta hasta finales de 2028, y a un 70% durante las horas punta y llano hasta el final del periodo transitorio de cinco años.