Tres décadas de la A-15
'Caso Urralburu': comisiones y vigilancia inexistente en la A-15
El expresidente socialista Gabriel Urralburu y su exconsejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, fueron condenados a cárcel tras obtener comisiones de las constructoras por distintas adjudicaciones
Actualizado el 11/05/2025 a las 08:21
La mancha de la corrupción también se extendió sobre la principal infraestructura navarra de los años 90, la Autovía de Leitzaran, y acabó con el ingreso en prisión, entre otros, del expresidente socialista Gabriel Urralburu y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón. Ambos desempeñaron sus responsabilidades de Gobierno durante el inicio de las obras, hasta que UPN logró la presidencia del Gobierno foral tras las elecciones de mayo de 1991. Sin embargo, en ese período, entre 1989 y 1991, los dos dirigentes socialistas proyectaron diferentes obras públicas y según determinó la justicia “exigieron y obtuvieron de las empresas que pretendían ser adjudicatarias importantes cantidades de dinero a cambio de obtener una adjudicación”.
El llamado ‘caso Urralburu’ no fue sino una derivación del ‘caso Roldán’. Así, mientras en 1994 se iba conociendo que el exdelegado del Gobierno y exdirector de la Guardia Civil había engordado su patrimonio de manera sospechosa por medio de fondos reservados y comisiones, se fue destapando, tirando del ovillo, el escándalo que implicaba a los dos socialistas navarros. Roldán fue quien instruyó a estos sobre cómo proceder en en las prácticas irregulares de corrupción y quien les puso en contacto con su testaferro Jorge Esparza, director comercial de la constructora Huarte, adjudicataria de varias obras públicas en Navarra.
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De la contabilidad llevada por Esparza para Roldán y guardada bajo llave en una entidad bancaria suiza, salieron a la luz unas fichas con las siglas G.U. y A.A. relacionadas con obras, cantidades de dinero y constructoras. Aparecían obras como la Autovía del Norte -donde también se cobraron pagos a las empresas por servicios de contravigilancia inexistentes aprovechando la amenaza de ETA-, la UPNA o el edificio de Consultas Externas del Hospital de Navarra. En 1995, una vez levantado el secreto de sumario del caso Roldán, la documentación reunida implicaba definitivamente a ambos políticos navarros: cheques de constructoras financiando sus inmuebles o que iban a parar directamente a sus cuentas particulares.
De acuerdo a las conclusiones judiciales, Urralburu y Aragón habían aumentado su patrimonio en 320 millones de pesetas, sin contar los más de 400 millones que, a su nombre, se encontraban bloqueados en Suiza por la justicia helvética. Además de las penas de cárcel a Urralburu y Aragón, rebajadas finalmente a cuatro años, tuvieron condenas a 3 años de cárcel las mujeres de Urralburu y Aragón como cooperadoras necesarias; a 4 el testaferro Jorge Esparza y a otros 3 el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán.
