Nombramientos
Idoia Tajadura, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
Natividad Goñi y Gloria Arancón serán vocales titulares y Eduardo Jiménez, Marta Beamonte y Javier Moreno, vocales suplentes


Publicado el 06/05/2025 a las 11:49
El Gobierno foral ha renovado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra que ahora preside Idoia Tajadura Tejada. Sustituye en el cargo a Marta Pernaut Ojer.
Tajadura, ex Letrada Mayor del Parlamento, es miembro de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. Será presidenta durante tres años y después no podrá ser reelegida, ya que llevaba ya tres años como vocal titular de este órgano, y son seis años el plazo máximo en el que una persona puede permanecer en este.
El Ejecutivo navarro ha nombrado vocales titulares a Natividad Goñi Urriza y a Gloria Arancón Largo, en ambos casos para un periodo de seis años. Además, ha designado como vocales suplentes a Eduardo Jiménez Izu, Marta Beamonte Aréjula y Javier Moreno Zudaire.
El motivo de esta renovación es que finalizaba el mandato de las personas que fueron designadas en 2019, en concreto de la que era presidenta Marta Pernaut y de la vocal Silvia Domenech Alegre, actual Letrada Mayor del Parlamento. Además, María Belén Cilveti Gubia no continuaba como vocal suplente.
QUÉ ES EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE NAVARRA
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra tiene como misión resolver las reclamaciones en materia de contratación pública. A solicitud de quienes estén interesados en la licitación y adjudicación de un contrato público, este órgano puede adoptar medidas cautelares, ya sea para corregir una posible infracción alegada o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados.
Está compuesto por la presidencia y dos vocales. Deben ser funcionarios en activo de la Administración foral, las administraciones locales o de otras entidades. Son designados por el Gobierno foral, previo informe de la comisión foral de Régimen Local y de conformidad con la propuesta que realice la Junta de Contratación Pública (en la que están las administraciones, empresas y profesionales que intervienen en las licitaciones, las organizaciones sindicales y la Oficina de buenas prácticas y anticorrupción).
La persona que preside este órgano debe tener una experiencia profesional de al menos diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública, y los vocales, de al menos cinco años.

