Infraestructuras
El letrado de los túneles de Belate reitera su sospecha de una adjudicación a dedo
El secretario de la mesa de contratación envía al Parlamento de Navarra un extenso escrito para aclarar las “medias verdades” del consejero de Cohesión Territorial
Actualizado el 22/03/2024 a las 12:38
El secretario de la mesa de contratación de las obras para duplicar los túneles de Belate ha enviado al Parlamento de Navarra un extenso escrito para aclarar las “medias verdades” que en su opinión contaron los responsables de Cohesión Territorial y algunos parlamentarios el pasado 8 de marzo, en la comparecencia del consejero Óscar Chivite. Entre otras cuestiones, insiste en que al inicio de los trabajos de la mesa ya se “comentaba” la empresa que iba a ganar la licitación.
En aquella comisión parlamentaria, Chivite y el director general de Obras Públicas, Pedro López, defendieron la “legalidad y transparencia” de la adjudicación de las obras del túnel. Estas obras fueron fiscalizadas positivamente por el interventor pero con un reparo no suspensivo y seis votos particulares de dos letrados y el propio interventor.
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Tal como explica en su escrito remitido el 18 de marzo, el secretario decide dirigirse directamente a los parlamentarios para rebatir algunos argumentos de los responsables de Obras Públicas y para defenderse de las acusaciones de varios parlamentarios. Lo hace en duros términos. Explica que no está dispuesto a “tragar sapos” y que en su nómina no va “pasar por imbécil”. Apunta que lo cómodo hubiera sido guardar silencio. “Pero me niego a que se ridiculice nuestro trabajo en la mesa de contratación y se nos presente (a los letrados) como unos histéricos sin sustancia”.
El secretario (funcionario técnico de administraciones públicas) reitera lo que expuso en su voto particular, que en el departamento de Cohesión Territorial había “comentarios” sobre la empresa que iba a llevarse la adjudicación. “Ese comentario no es de pasillo, ni un chisme; se dijo en una reunión de la mesa y figura en el acta por su relevancia”. E insiste: “Los barruntos se cumplieron y la oferta mejor valorada coincidió con lo apuntado por los chismosos”.
Además, este funcionario añade nuevos detalles hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, muestra sus sospechas de que Cohesión Territorial no entregó al Parlamento todos los correos eléctricos sobre los trabajos de la mesa de contratación, tal como habían solicitado varios grupos parlamentarios. En concreto, faltarían los últimos correos que cuentan lo que pasó una vez que la mesa terminó su trabajo el 23 de octubre y entregó la propuesta de adjudicación al director de Obras Públicas.
Según relata, el 6 de noviembre, Pedro López convocó a una reunión a los miembros de la mesa “para ver qué se podía hacer”. Los dos letrados le expusieron que si tenía dudas sobre la legalidad de la adjudicación, podía dirigirse a la Junta de Contratación y solicitar un informe. Esto contradice lo expuesto por López en el Parlamento, donde dijo que no había motivo legal para negarse a firmar la propuesta de adjudicación. “Hubiera sido una irresponsabilidad”, dijo. Según el secretario, estos últimos correos electrónicos hacen referencia a que el presidente de la mesa (el director de Nuevas Infraestructuras) llamó a una de las licitadoras para preguntar si habían visto las actas en el portal de contratación. No aclara el motivo de esta llamada.
El secretario rechaza algunos de los argumentos expuestos por el consejero Chivite y por su número dos. Ambos cargos destacan que el interventor hizo una fiscalización positiva de la adjudicación que avala la “legalidad” del proceso a pesar del reparo no suspensivo. El secretario argumenta que un reparo aunque no sea suspensivo “en modo alguno significa respaldar o legitimar el acto en cuestión sino precisamente lo contrario”. Añade que en el caso de Belate, “no se ha prescindido totalmente del procedimiento” aunque los letrados hablen de falta de motivación y arbitrariedad. Así, concluye que la adjudicación es legal aunque esté “viciada”.
Otro argumento esgrimido por Chivite y el parlamentario Javier Lecumberri (PSN) es que ninguna de las 17 empresas licitadoras recurrió la adjudicación a pesar de contar con “potentes bufetes”. El sector de las obras públicas es un “mercado cerrado que se autorregula”, explica. “En cuanto a las empresas navarras, alguien desconoce que no pueden indisponerse con la Diputación, que es su principal cliente”, añade.
Otra cuestión discutida es el sistema de valoración de las ofertas técnicas. Como se recordará, cuatro técnicos entregaron sus puntuaciones al presidente de la mesa y este puntuó el último volteando el resultado. El consejero Chivite señaló que la ley de contratos no especifica cómo deben realizarse las puntuaciones. Sin embargo, el letrado explica que la mesa es un órgano colegiado “en el que todas las opiniones han de tener el mismo valor y trascendencia”.
¿Chismes o amaño? En una reunión de la mesa de contratación, cinco personas reconocieron saber de comentarios sobre la empresa que iba a ganar la licitación, según el letrado.
Falta de motivación El secretario señala que los letrados “no se arrogan conocimientos técnicos ni ingenieriles” sino de comprobación jurídica, incluida la justificación de las puntuaciones a las ofertas de las empresas.
El volteo en la puntuación El presidente de la mesa puntuó las ofertas el último y conociendo los puntos de los demás “contraviniendo la lógica de funcionamiento de cualquier órgano colegiado”.
Sospechas, no evidencias El letrado cita un acuerdo del Gobierno de Navarra de 2022 que pide “a los funcionarios la denuncia de comportamiento indiciarios de conductas fraudulentas”. “Léase bien, indicio, sospecha; no evidencias ni certezas”.
A la Oficina Anticorrupción Esos “indicios” se han puesto en conocimiento de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
¿Expediente complejo? El secretario rechaza que el expediente de Belate fuera más “complejo y amplio” que otros. Afirma que las ofertas técnicas estaban limitadas a 35 páginas.
Votos particulares El secretario desmiente al consejero, que afirmó que los votos particulares “eran frecuentes”. “En 28 años como vocal secretario únicamente suscribí uno anteriormente”, afirma.
Transparencia El departamento incumple “de forma sistemática” la obligación de publicar los informes, actas y reparos. “Está denunciado sin que nadie haga nada”, dice.
