Competencias
Navarra había empezado ya a ejercer 7 de las 10 funciones de tráfico que se traspasaron
Ambos gobiernos estaban ultimando ya las condiciones de la pasarela que se iba a ofrecer a guardias civiles de tráfico para pasar a Policía Foral


Publicado el 21/02/2024 a las 05:00
El Gobierno de Navarra ya había empezado a ejercer siete de las 10 funciones y servicios que se habían traspasado a la Comunidad foral cuando asumió el pasado 1 de julio en exclusiva las competencias de tráfico y seguridad vial. El acuerdo para ese traspaso de competencias ha quedado anulado. Fue pactado entre ambos ejecutivos, el central y el navarro, refrendado por la Junta de Transferencias y aprobado por el Gobierno de España mediante un real decreto que el Tribunal Supremo ha anulado en una sentencia que se conoció el lunes.
Ambos gobiernos recalcan que van a buscar otras vías para materializar la transferencia. El Ejecutivo navarro analiza en qué situación se han quedado los servicios y qué pasos debe dar.
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QUÉ SERVICIOS ESTABA YA PRESTANDO NAVARRA
En concreto, el Gobierno navarro, según fuentes de su departamento de Interior, estaba ya al frente de la autorización de centros médicos para reconocimientos de conductores y de centros de sensibilización y reeducación vial (recuperación de puntos); dar de alta a vehículos, profesores e inspecciones de autoescuelas; las campañas divulgativas de educación y formación vial; estaba realizando informes para pruebas deportivas y marchas ciclistas que se desarrollan íntegramente en Navarra y autorizando eventos dentro de la Comunidad foral con vehículos históricos, además de asumir el cobro de tasas por todas las gestiones relacionadas con Tráfico.
PENDIENTES, LA VIGILANCIA DE LAS CARRETERAS Y LA GESTIÓN DE MULTAS
Navarra todavía no había asumido funciones esenciales en ese traspaso de las competencias de tráfico como son las medidas de vigilancia o restricciones en la circulación y el trámite y cobro de multas. Esta última la iba a ejercer a partir del año 2025.
En cuanto a la vigilancia de las carreteras, hay que recordar que el acuerdo fijaba un plazo máximo de 4 años (hasta 2027) para que culminara todo el proceso y que en las vías navarras solo estuviera la Policía Foral.
IBA A RECAUDAR UNOS 12 MILLONES POR LAS MULTAS
Asumir la transferencia de tráfico y seguridad vial en exclusiva iba a suponer un coste para Navarra de 15 millones de euros. Sin embargo, conllevaba la gestión de nuevos ingresos por la gestión y recaudación de las sanciones de tráfico y las tasas.
La vigilancia de las carreteras se iba a asumir en exclusiva cuando la Policía Foral de Tráfico tuviese ya los 149 agentes que iba a necesitar. Se financiaría a través del módulo por policía que abona el Estado y que se regula en el Convenio Económico. En 2020 se fijó en 56.515 euros por agente, cifra que se actualiza anualmente y que se iba a revisar cuando se hubiesen incorporado 75 de los 149 nuevos agentes.
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En cuanto al resto de funciones y servicios traspasados, se financiarían con lo recaudado por tasas y sanciones. Las multas, si se exceptúa el atípico 2020, año de la pandemia, han supuesto desde 2015 una recaudación en Navarra de unos 12 millones de euros al año (11,9 millones).
LA SITUACIÓN NO VA A AFECTAR A LOS SERVICIOS AL CIUDADANO
Lo que ha dejado claro el Gobierno de Navarra es que la sentencia del Tribunal Supremo no va a afectar a los servicios que se prestan al ciudadano ni a los que ha recibido desde que la Comunidad foral asumió el 1 de julio esta competencia.
INCERTIDUMBRE EN LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO
Asumir esta competencia en exclusiva afecta a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, a los que se iba a ofrecer tres opciones. La primera, integrarse en la Policía Foral de Tráfico, con la garantía de que mantendrían su destino y sueldo. Es lo que se llama la pasarela, cuyas condiciones estaban negociando ambos gobiernos en un acuerdo que estaba ya cerca de cerrarse, según Interior. Era la primera vía a la que se iba a recurrir para conseguir los agentes necesarios en Policía Foral y se pretendía que los guardias civiles que aceptaran estuvieran incorporados para el último cuatrimestre de este año.
Las otras dos opciones para esos agentes eran ser recolocados en otros servicios de la Guardia Civil en Navarra y ser destinados a unidades de Tráfico de la Guardia Civil en otras comunidades.
Ha habido estos meses un goteo de salidas de guardias civiles de tráfico. Así, los que querían ir a otros destinos han acelerado los trámites, dada la situación que iban a tener en Navarra, algo que está afectando a todas las unidades, excepto a la de Pamplona, ya que los puestos no se reponen.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) trasladó a la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la “incertidumbre” en la que se han quedado decenas de agentes que, tras el parón judicial del proceso de asunción de competencias por parte de Navarra, están “condenados a no poder hacer planes de futuro”. Una situación que se va a dilatar en el tiempo, ya que ambos gobiernos sostienen que intentarán por otras vías materializar esa transferencia.
En un comunicado, la AEGC advierte que las familias de los guardias no pueden hacer planes de futuro sobre colegios o vivienda, y esto supone ralentizar cualquier avance en la pasarela.


