Diario de Navarra

La sentencia del Tribunal Supremo, que no se puede recurrir, anula los acuerdos de los gobiernos central y navarro para el traspaso a la Comunidad de la competencia en exclusiva de tráfico y seguridad vial. Estima un recurso de la asociación de guardias civiles Jucil y considera que la competencia de las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no está reconocida a Navarra en el Amejoramiento ni está amparada en su Derecho histórico. Concluye que por eso no basta un acuerdo de traspaso que se plasme en un Real Decreto del Gobierno central, sino que habría que modificar el Amejoramiento o aprobar una ley orgánica de traspaso de competencias del Estado. LA POSTURA DE DEL BURGO La vía elegida por los gobiernos para el traspaso de competencias estaba siendo objeto de debate en Navarra, y la sentencia ha dado la razón a las tesis del exdiputado y expresidente de Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, quien sostuvo que se estaba produciendo “una vulneración del ordenamiento jurídico”. Del Burgo expuso que es una de las competencias exclusivas del Estado y recordó que el Amejoramiento establece que en tráfico y circulación, Navarra conservará “íntegramente” las facultades y competencias “que actualmente ostenta” o dice que la Policía Foral ejercerá las funciones “que actualmente ostenta”. “Es evidente que conforme al Amejoramiento, las competencias en esta materia eran las que ejercía en el momento de su promulgación en 1982, que establecía una actuación compartida entre la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Policía Foral”, mantuvo Del Burgo. El exdiputado concluyó que no se podía utilizar el procedimiento que el Amejoramiento regula para el traspaso de competencias de Navarra, y que consiste en un acuerdo entre ambos gobiernos que se recoge en un real decreto del Ejecutivo central. Esta ha sido la vía por la que se optó, real decreto que ha anulado el Tribunal Supremo. Del Burgo señaló que el Amejoramiento prevé que puedan ampliarse las competencias de Navarra, como sería asumir tráfico en exclusiva, pero habría que hacerlo a través de dos vías. Una, reformar el Amejoramiento para que las incluya, lo que requiere el acuerdo entre gobiernos y que sea probado por el Parlamento navarro y refrendado por el Congreso y el Senado. El segundo camino es utilizar el procedimiento establecido en el artículo 150.2 de la Constitución, que es el que permite transferir a las Comunidades materias de la exclusiva competencia del Estado a través de una ley orgánica. Son los dos caminos que ahora ha planteado el Supremo. “LO AMPARÓ EL SUPREMO” Por el contrario, los gobiernos navarro y central mantienen que la vía elegida era la correcta. En el acto institucional en el que se formalizó el traspaso, intervino en su defensa el también experto en Derecho de Navarra y exparlamentario Miguel Izu. Sostuvo que tráfico es una competencia histórica de Navarra que se le arrebató en 1961, pero que en 1962 se acordó que solo fuera “suspendida” con la reserva de poder recuperarla. Tras la aprobación del Amejoramiento en 1982, Izu recuerda que todas las instituciones de Navarra y todas sus fuerzas políticas han reclamado la recuperación de las facultades en esta materia “de competencia histórica”. Recalcó que la vía elegida fue amparada por el criterio del propio Tribunal Supremo en dos sentencias del 13 de febrero y 7 de marzo de 2018. Estas recogían, al interpretar la expresión sobre las competencias “que actualmente ostenta” Navarra, que no debía valorarse desde “el prisma formalista de la última legalidad estatal preconstitucional adoptada, en contra de la tradición histórica y la filosofía del régimen foral”, sino como referida “a las funciones reales que la Diputación Foral seguía asumiendo y correspondían conforme a su ininterrumpida tradición”.

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Discrepancias en la vía elegida para el traspaso

El exdiputado Del Burgo sostuvo que se vulneraba el ordenamiento jurídico, mientras Izu defendió el camino acordado entre los gobiernos

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