Obras públicas
Polémica en la adjudicación de los túneles de Belate: dos letrados y el interventor ven indicios de arbitrariedad
Tres miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares por su disconformidad en la valoración de las ofertas y la solvencia del ganador
Actualizado el 16/01/2024 a las 07:38
“La licitación en curso se refiere a una obra cuya trascendencia social y económica no puede perderse de vista, lo que obliga a una especial atención y cuidado”. Esta frase figura entre la documentación del proceso de licitación y adjudicación de las obras de un nuevo túnel en Belate. Una “atención y cuidado” que, a juicio de tres representantes de la mesa de contratación, no se ha tenido en este proceso. Supuestas anomalías, arbitrariedades o negligencias que han quedado reflejadas en las actas y en seis votos particulares emitidos por dos letrados y el interventor. Según estas tres personas, las puntuaciones de los criterios cualitativos de las siete ofertas presentadas no están suficientemente motivadas y la “solvencia técnica” en la construcción de túneles de la oferta ganadora no está certificada.
La mesa de contratación ha desarrollado su trabajo desde el 23 de marzo de 2023, con la apertura de los sobres con las ofertas, hasta el 23 de octubre, con la firma de la propuesta de adjudicación que elevaron a Obras Públicas del Gobierno de Navarra. Su director general, Pedro López, la firmó el 26 de diciembre. Este periódico ha tenido acceso a las actas y votos particulares de la mesa.
Ocho personas han formado parte de dicha mesa, que estaba presidida por un director de servicio del departamento de Obras Públicas. Cinco personas (el presidente y cuatro vocales) son ingenieros o técnicos en materia de obras públicas. Los otros tres vocales son técnicos jurídicos: el letrado que ejerce de secretario, el interventor y el representante de la Junta de Contratación, que es licenciado en Derecho. Las actas reflejan discrepancias e incluso tensiones entre ambos grupos. La mayoría de decisiones no se han tomado por unanimidad sino por mayoría de 5 a 3.
FALTA DE MOTIVACIÓN EN LAS PUNTUACIONES OTORGADAS
Los primeros tres votos particulares se emitieron a raíz de varias reuniones en agosto, donde se estudió el sobre 2 Propuesta de criterios cualitativos. Los cinco técnicos de obras públicas puntuaron la memoria técnica y el programa de obra de las siete ofertas. “Todos hemos podido expresar nuestras opiniones libremente, también nuestras diferencias, no faltando puntos de tensión y enfrentamientos; entiendo que todo dentro de un orden y salvando, por lo general, el debido respeto a las personas”, señala el secretario sobre el tono de estas reuniones.
El representante de la junta apunta que en dos reuniones presenciales no fue posible alcanzar un acuerdo entre los redactores del informe (los cinco técnicos de obras públicas) y los tres miembros discordantes. Así que finalmente, se impuso la opinión del grupo mayoritario. Los ingenieros consideraron que el documento “cumple satisfactoriamente su finalidad, es correcto, y no han encontrado necesario modificarlo”.
En sus votos particulares, el letrado, el interventor y el representante de la Junta de Contratación concluyen que las puntuaciones de las siete ofertas no están lo suficientemente motivadas, tal como exige la Ley Foral de Contratos Públicos. “El informe de valoración no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras”, señala el secretario, que añade: “La línea divisoria que distingue el acto arbitrario y nulo del válido en Derecho es la ausencia y presencia de motivación”.
El interventor también es claro en su voto particular: “El informe se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo, lo que implica que dichas ofertas no sean comparadas de forma homogénea”. “Una insuficiente motivación puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores, ya que se podrían estar conculcando los principios básicos de la contratación de igualdad de trato”, añade.
El representante de la junta recuerda que el pliego fija unos criterios de valoración -memoria técnica y programa de obra- con nueve epígrafes que permiten hacer un “razonamiento y juicio comparativo”, pero la valoración es “más descriptiva que ponderativa”.
LAS CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA CONSTRUYENDO TÚNELES
Según la valoración técnica, la UTE Acciona-Osés-Servinabar obtuvo 46,22 puntos de los 50 posibles, frente a los 44,85 y 44,05 de las otras dos UTE que encabezaban Mariezcurrena y Obenasa. Se procedió entonces a abrir los sobres con las ofertas económicas. Acciona, Mariezcurrena, Obenasa y FCC obtuvieron 50 puntos al ofrecer la máxima rebaja (62.881.801 euros). Por tanto, la valoración técnica ha sido determinante para la adjudicación del contrato.
La mesa de contratación acordó requerir a la oferta ganadora que aportara la documentación exigida en el pliego, entre ellas certificaciones de solvencia económica y técnica. Uno de estos puntos es la relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, “avalada por certificado de buena ejecución, de al menos una obra similar (túnel), por importe de ejecución igual o superior a los 65 millones de euros”.
Acciona presentó siete certificados y la mesa de contratación aceptó como válido uno de ellos, la autovía A-23 en el tramo alto de Monrepós-Caldearenas (Huesca), una obra de 4 kilómetros con un túnel de 3.077 metros, construido entre agosto de 2009 y mayo de 2019. Sin embargo, no hubo unanimidad de la mesa en este punto. De nuevo, los tres técnicos jurídicos votaron en contra y presentaron votos particulares al considerar que las certificaciones aportadas por Acciona hablan de una obra de 55 millones, es decir, por debajo de los 65 millones exigidos.
La disparidad de criterios entre ingenieros y los tres expertos en contratos radica en si se toman las obras del túnel en sentido amplio o estricto. Acciona presentó un certificado por importe de 87,26 millones correspondiente al tramo de autovía, de los que 51,82 millones corresponden al subgrupo A-5 “túneles”. Sin embargo, los cinco técnicos de obras públicas de la mesa calcularon que el 88% del total de la obra (unos 77 millones) ha de atribuirse al túnel y que por tanto supera el umbral de los 65 millones.
“No puedo compartir que se venga a alterar el importe de la obra ejecutada manifestado por el licitador en su certificado. De esta manera, si el licitador ha determinado y lo ha hecho bajo su responsabilidad, que la obra del túnel (subgrupo A5) ha ascendido a 51.820.708 euros, no parece que la mesa pueda tener por acreditado, y certificado, un importe diferente sin una evaluación que constituya suficiente motivación, dado que se tasa de manera inconcreta (“en unos 77 millones de euros”) sin especificar tampoco cómo se ha llegado a esta”, señala el representante de la junta.
Por su parte, el secretario señala que la mayoría de la mesa, para salvar la diferencia entre los 51 millones certificados y los 65 millones exigidos “efectúa un trasvase de cantidades partiendo de los importes de otros subgrupos”, al entender que hay que incluir todos los elementos que son necesarios para el funcionamiento del túnel. “En mi opinión, ese trasiego de datos excede las funciones de valoración o de interpretación y calificación documental propias de la mesa”, afirma.
En la misma línea, el interventor dice: “Cabe cuestionarse hasta qué punto es válido realizar cálculos adicionando importes de otros subgrupos para alcanzar y/o superar el importe de solvencia exigido, por lo que, en mi opinión, dichas dudas deberían haberse solventado mediante el trámite de subsanación o aclaración”.
Tal como recogen los votos particulares, los letrados propusieron ofrecer a Acciona el trámite de subsanación o solicitar un informe aclaratorio al director de la obra “vista la proximidad geográfica de la obra” (Huesca). La mayoría de la mesa rechazó esta posibilidad.
El interventor también lamenta que este debate se produjo mediante un “largo intercambio de correos electrónicos” que a su juicio “han dificultado en enorme medida el entendimiento”. Así, el interventor, mediante correo del 28 de septiembre manifestó la conveniencia de una reunión presencial de la mesa. Ese mismo día, también por correo electrónico, el presidente de la mesa contestó que no lo veía necesario. “Las posturas son claras y no va a cambiar nada”, escribía el presidente en su respuesta por email.
