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Competencias

Del Burgo defiende que asumir Tráfico requiere modificar el Amejoramiento

Ha redactado un dictamen en el que concluye que un mero acuerdo en la Junta de Transferencias no respeta el ordenamiento jurídico

Ampliar Jaime Ignacio del Burgo.
Jaime Ignacio del Burgo.J.A. GOÑI
  • Diario de Navarra
Publicado el 02/01/2023 a las 06:00
Las competencias de Navarra han sido una de las cartas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido utilizando en sus negociaciones en el Congreso. En el pacto que suscribió con Bildu para salvar los presupuestos del Estado de 2023 incluyó fijar en marzo de este año la fecha límite para firmar las transferencias completas de tráfico y seguridad vial que el Estado traspasará a Navarra y que llevará a que la Guardia Civil deje de estar en sus carreteras. Un pacto que ha llevado al expresidente de la Diputación Foral Jaime Ignacio del Burgo a elaborar un dictamen “para determinar cuál es el procedimiento normativo que ha de aplicarse para que Navarra, tal y como ejerció hasta 1963, recupere la plenitud de la competencia que actualmente comparte con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”. Hay que recordar que las competencias de la Comunidad foral están recogidas en el Amejoramiento, que este 2022 ha cumplido cuarenta años y que sólo se puede modificar si hay un acuerdo entre Navarra y el Estado.
Del Burgo concluye en el trabajo, que ha remitido a la presidenta María Chivite y a los principales cargos públicos de PP y UPN, que un mero acuerdo en la Junta de Transferencias no respeta el ordenamiento jurídico. Según defiende, el Amejoramiento no prevé en Navarra ninguna transferencia en materia de tráfico pues se remite a las competencias ejercidas en el momento de su promulgación, es decir, el convenio de 1963. “La transferencia de la plena exclusividad de la competencia en materia de tráfico es una modificación del Amejoramiento”, sostiene para a renglón seguido poner de manifiesto que aunque Navarra tiene derecho a ampliar sus competencias “si no hay un convenio entre Navarra y el Estado que modifique el Amejoramiento no puede acordarse la privación a la Guardia Civil de las funciones que ahora realiza en materia de tráfico. Y eso solo puede hacerse mediante una Ley Orgánica”. Es decir, que sólo mediante la modificación del Amejoramiento del Fuero es posible, en su opinión, que Navarra ejerza en exclusividad las competencias de ejecución en materia de tráfico que actualmente comparte la Policía Foral con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Lo que supone, explica, es que el convenio alcanzado haya de someterse a la aprobación del Parlamento de Navarra por mayoría absoluta y seguidamente al refrendo del Congreso y el Senado, mediante el procedimiento de lectura única y con exigencia de un quórum de mayoría absoluta. “No es un puro formalismo jurídico, sino una consecuencia del derecho de participación de los ciudadanos en las decisiones que les afectan”, asegura antes de calificar de “inaceptable” que “el Gobierno pueda pactar fuera del procedimiento establecido con ninguna fuerza política de la Comunidad foral o de cualquier otra comunidad la fecha de entrada en vigor de una reforma que debe contar con la aprobación del Parlamento de Navarra y el refrendo de las Cortes Generales”.
Defiende del Burgo que no estamos en una situación similar a la del País Vasco. “Si se pudo transferir la competencia de tráfico fue porque en el Estatuto vasco se especificaron las competencias que se reservaba el Estado, entre las que no se encontraba la atribución del Tráfico a la Guardia Civil. De ahí que no fuera necesario más que reunir a la Junta de Transferencias para concretar la transmisión de los servicios, y de los medios personales y materiales necesarios”.
A lo largo de 31 páginas, el jurista empieza recordando los cambios acaecidos entre 1839 y 1841, a raíz del Convenio de Vergara que puso fin a la I Guerra carlista y que derivaron en un trasvase de competencias al nuevo régimen foral. “No hay un derecho histórico que se remonte al siglo XVIII y XIX que justifique la competencia exclusiva sino en todo caso existe el derecho a reivindicar dicha exclusividad cuando se trata, como ocurre en materia de tráfico, de facultades que en el pasado se ejercieron por aplicación de la Ley Paccionada de 1841”, argumenta.
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