Presupuestos de Navarra 2023
La CEN critica el destino que da el Gobierno navarro a los fondos europeos
Cuestiona que la mayoría vayan al ámbito público y que se reduzca el presupuesto previsto en 2023 para los órganos de control y seguimiento de estos fondos


Actualizado el 04/11/2022 a las 08:20
Los fondos europeos que el Gobierno de Navarra va a gestionar el año que viene se van a destinar en su mayor parte al ámbito público, inyectando dinero a los distintos departamentos y en muchos casos para inversiones, reformas, obras, entidades locales o edificios públicos, “sin lograr que las empresas puedan beneficiarse de esas ayudas en la mejora de su competitividad a través de la digitalización y la sostenibilidad”, lamenta la Confederación Empresarial Navarra (CEN) al analizar las partidas de gasto de los presupuestos de la Comunidad foral para el próximo año.
Recalca que estos fondos se debían destinar “a la transformación del modelo productivo” y eso pasaba por ayudar a las empresas en esa transición.
Pone como ejemplo que se prevea gastar casi 5 millones de euros en las obras del Palacio del Marqués de Rozalejo con unos fondos que la UE puso en marcha para impulsar la recuperación económica.
“Nuevamente ponemos de manifiesto que no se emplea el dinero en la transformación del modelo productivo en la medida necesaria”.
MENOS DINERO PREVISTO EN 2023 PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
Además, la CEN llama la atención sobre el hecho de que hayan bajado las partidas destinadas a la Oficina de control de los fondos y a la dedicada al seguimiento de lo proyectos del Plan de Recuperación y Resiliencia. “Está resultando muy complicado realizar un seguimiento del destino de los fondos, su empleo real y las diferentes partidas, elementos esenciales para asegurar la transparencia y eficiencia de las inversiones”, subraya.
Por otro lado, señala que las empresas les están trasladando su “preocupación” por la “falta de transparencia y de datos fiables y suficientes en todo lo que rodea a esas ayudas”.
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La CEN pide en este sentido al Ejecutivo que diseñe un plan que monitorice y mida el impacto de los fondos “con transparencia” para ver su repercusión real en las empresas “y por tanto, en la sociedad”.
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