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Política

Salud adquirió 560.000 mascarillas cuando Sodena almacenaba ya 683.000

Las FFP2 se importaron de China con la empresa Efficold de intermediaria

Ampliar Las regionalistas Cristina Ibarrola y Marta Álvarez, durante su rueda de prensa de ayer
Las regionalistas Cristina Ibarrola y Marta Álvarez, durante su rueda de prensa del lunesirati aizpurua
Actualizado el 30/08/2022 a las 00:12
Las portavoces de Salud de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, y Derechos Sociales, Marta Álvarez, denunciaron este lunes “malas prácticas” del Gobierno de Navarra durante la pandemia a la hora de adquirir material sanitario. Además de volver a citar el caso Sodena y la compra de mascarillas que aún siguen almacenadas y que supondrían un “despilfarro” de más de un millón de euros, dieron a conocer otro caso.
Según estas y tres informes de intervención, los departamentos de Salud y de Economía y Hacienda habrían formalizado en otoño de 2020 un contrato junto a la empresa Efficold S.A., del Grupo Mondragón, mediante el que el Ejecutivo foral habría pagado otros 1.288.000 euros más IVA para adquirir mascarillas FFP2 chinas a un precio “muy superior” al del mercado en aquella época. Todo esto teniendo supuestamente en aquellos meses dos almacenes de empresas privadas con un total de “683.000 mascarillas” que Navarra esperaba y sigue esperando vender. Cabe recordar que a día de hoy son casi 1,7 millones las mascarillas almacenadas que llegaron en varias tandas por el contrato entre Sodena, CEN y Albyn.
Además, las regionalistas criticaron que el Ejecutivo ha “intentado ocultar la propia intervención” y que el contrato “fue cuestionado por los controles técnicos de intervención del Gobierno”. “Tenía un reparo suspensivo de la intervención delegada que afirmaba que el precio de las mascarillas no estaba justificado y era muy superior al precio del mercado”, dijo Ibarrola.
Es decir, que la Intervención General, encargada de controlar la actividad económica del gobierno, no estaba de acuerdo con el contenido del contrato. El puesto de director general de Intervención y Contabilidad es de designación política. Lo ocupa Iñaki Arrizabalaga.
EL INICIO DEL CASO
Es 17 de junio de 2020, han pasado tres meses desde la declaración del Estado de Alarma y Salud firma un contrato con la empresa Efficold para comprar 560.000 mascarillas FFP2 que se recibirán en cinco meses y cuyo coste unitario es de 2,30 euros sin IVA. El contrato se romperá en caso de que la empresa no entregue unos test de ensayo a tiempo o no se certifiquen las FFP2. Es decir, que consigan el marcado CE de la Unión Europea para poder comercializarlas. La empresa espera tener la licencia en agosto, mes en el que empezará la producción y distribución. Hasta aquí todo claro. Un contrato con unas condiciones a cumplir. Las mascarillas eran de fabricación nacional “para una menor dependencia de terceros países”, como recoge la primera de las tres versiones del informe de intervención firmado a día 25 de noviembre de 2020. Salud valoró la oferta teniendo en cuenta la “no dependencia del mercado asiático” y la “garantía del suministro” por parte del Grupo Mondragón, entre otras variables.
LA LICENCIA NO LLEGA
Agosto de 2020, mes en el que se supone que tiene que llegar el primer lote de FFP2 producidas en España, pero desde el Grupo Mondragón avisan de que “se está retrasando la validación de las mascarillas”. El Ejecutivo foral “exige cumplir lo pactado” porque no había otra alternativa inmediata para adquirir el material. La empresa ofrece mascarillas de importación como alternativa. Las mismas que ha proporcionado a las empresas del grupo y al Gobierno vasco. El precio es el mismo que el pactado: 2,30 euros la unidad más IVA. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales valida la compra de estos productos que tienen origen en la fábrica china Shandong Jiangpo Sanitary Products Co. Ltd. “Compraron mascarillas chinas al mismo precio unitario que las FFP2 de producción nacional que no se validaron a tiempo”, afeó Ibarrola.
FFP2 QUE NO QUERÍAN
Anteriormente se ha comentado la elaboración de un informe de intervención. “Este contrato fue cuestionado por los controles técnicos de intervención del Gobierno”, informó Ibarrola. Durante el análisis de todo el proceso contractual, una técnica interpuso el reparo suspensivo el 25 de noviembre de 2020. Aseguró que el expediente del contrato “no podía fiscalizarse favorablemente” por varias razones. En la resolución decía que el Ejecutivo había justificado la compra “por ser su producción española y su no dependencia del mercado asiático, cuyo transporte hacía subir considerablemente el precio, afirmándose que no existía en el mercado mascarillas FFP2 con marcado CE”.
Según el texto, algo contradictorio si se tiene en cuenta que finalmente se compraron las chinas. “Adquirieron las mismas mascarillas chinas que antes aseguraban que no cumplían los criterios de calidad y seguridad exigibles y que justificaba el contrato con Efficold”, denunciaron las portavoces de Navarra Suma. Además, el informe de intervención indicó que no se podía justificar el precio de compra porque era “muy superior al precio del mercado” por aquel entonces.
PARALIZAN EL INFORME
Pasan los meses y no se sabe nada de ese informe. “La Consejera de Economía y Hacienda no cumplió con su obligación y tapó lo que estaba ocurriendo”, dijo Ibarrola. Según Navarra Suma, el Ejecutivo paralizó el informe de intervención. El 6 de abril de 2022, los regionalistas preguntan por ello.
LO RETOMAN
Arrizabalaga, director general de Intervención y Contabilidad, elabora el 9 de mayo la segunda versión del informe y mantiene el carácter suspensivo de reparo. Siguen estando en desacuerdo con el contenido del contrato. “Las mascarillas adquiridas no se corresponden con las contratadas”, dice el documento. Navarra Suma denuncia ante el tribunal que el Ejecutivo no le dejaba ver el nuevo informe y formulan una pregunta oral que el Gobierno deberá responder en el Parlamento el 30 de junio.
APRUEBAN  EL CONTRATO
Un día antes, Arrizabalaga publica la tercera versión y elimina la suspensión de la tramitación. El contrato tiene cobertura legal. “Casualmente, el día anterior, se desdice”, denunciaron ayer las portavoces de Navarra Suma.

Navarra Suma señala a Chivite y Elma Saiz como principales responsables

Las portavoces de Navarra Suma pusieron en el centro de la diana a la presidenta María Chivite y la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, en todo lo referido al caso de compra de mascarillas por parte de Salud. “Negó que hubiera intermediarios que cobraran comisión por traer material de China”, criticó Álvarez sobre Chivite, que también preside la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) junto a la ayuda de Saiz, consejera delegada de la entidad que Navarra Suma considera responsable del caso Sodena.
Por lo que respecta a la compra de mascarillas por parte del departamento dirigido por Santos Induráin, Álvarez lamentó que Chivite asegurara que “Salud tenía parte del excedente” de Sodena. “Se podía haber quedado con el 10% del total y no compró ni una”, añadió la portavoz de Derechos Sociales sobre las mascarillas guardadas en dos almacenes, según Navarra Suma.
“Chivite aseguró que con este escándalo se demuestra que los órganos de control funcionan, insinuando que esto sólo es un problema administrativo”, comentó Marta Álvarez negando que fuera un problema administrativo lo sucedido sino “un quebranto de dinero público que sale de todos los ciudadanos porque se van a perder al menos 1.248.000 euros”. “Como dice la intervención en el informe, se hubiera evitado si se hubieran seguido esos procedimientos”, continuó la que es coordinadora de acción política del grupo regionalista.
SOLICITAN COMPARECENCIAS
Navarra Suma culpa a Elma Saiz de “intentar tapar” el informe de intervención sobre el contrato entre Salud y la empresa Efficold, lo que le hace ser una de las señaladas. “Paralizó durante año y medio la elaboración del informe”, señaló Cristina Ibarrola. Desde Navarra Suma piden “al menos” la comparecencia de la consejera Saiz, el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, la consejera de Salud, Santos Induráin, y el Director General de Intervención.
Además, las portavoces aseguraron que desde el partido “van a seguir indagando y preguntando”. “Desde luego vamos a llegar hasta el final en la exigencia de responsabilidades”, concluyeron. El curso político está a punto de comenzar, pero la guerra viene de antes.
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