La posible finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo llegará sin una legislación actualizada que sirva de Plan B al marco jurídico que ampara la alarma.

En este contexto, serán los ayuntamientos y comunidades autónomas quienes en el seno del Consejo Interterritorial y basándose en la Ley de Salud Pública de 1986, que les habilita para decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad, adopten las medidas que consideren oportunas en materia de restricciones para combatir la pandemia.

Y serán los tribunales quienes tengan la última palabra para avalar las medidas adoptadas por las comunidades, como, por ejemplo, las restricciones por coronavirus en Navarra.

Así pues, someter las decisiones sanitarias al control de la autoridad judicial no será siempre obligatorio, únicamente si afecta a derechos fundamentales, lo que no impide a ayuntamientos y a Comunidades Autónomas que busquen la ratificación del juez de cara a la opinión pública, aún a riesgo de no conseguirla. En los casos en los que los tribunales amparen las propuestas de las comunidades autónomas, sí podrían decretarse cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una CCAA.

Desde el Gobierno, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas "generales" que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal, pero ha asegurado que las CCAA podrán seguir limitando movilidad sin el estado de alarma.