Diario de Navarra

Seis abogados de las defensas, cuatro acusaciones y tres magistrados, además de los acusados, estuvieron de forma permanente en el interior de la sala donde se celebraba el juicio de la violación de Sanfermines. Fueron estos. EL INSTRUCTOR Edilberto Esteban Iglesias lleva casi 15 años al frente del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona, donde ha dirigido numerosas investigaciones, entre ellas la de la aparición de un joven de Legasa en una sima de Gaztelu, el crimen de una joven de Burlada que fue arrojada a una balsa, el del guardia civil que simuló un atentado en Leitza... En su experiencia cuenta con numerosas operaciones antidroga, entre ellas el mayor alijo de cocaína de Europa que se decomisó en Algeciras en 2014. Siempre tuvo muy claro que los hechos ocurridos en Sanfermines de 2016 eran una agresión sexual (calificó las imágenes de “incompatibles con el consentimiento”) y resaltó la consistencia de la víctima. Las defensas le criticaron que no tomara declaración a los imputados hasta dos meses después (en realidad ellos se negaron a hacerlo el día 8 de julio) y que no dejara que los vídeos salieran de su juzgado. Otros muchos profesionales alaban esta última decisión, porque así se evitó su filtración, y destacan de él su rapidez y eficiencia en instruir todos los casos. EL TRIBUNAL Hasta hace unos años, la Sección Segunda de la Audiencia era la especializada en juzgar delitos de violencia de género por encima de los 5 años. La componen tres magistrados muy experimentados: José Francisco Cobo Sáenz (presidente), Ricardo González González y Raquel Fernandino Nosti. Y 2018 se les presenta intenso: juzgarán la mayor estafa piramidal de Navarra y el caso Osasuna. Cobo ha sido magistrado en casos como el del crimen de Alicia Arístregui (el primero que en Navarra se calificó de violencia de género), el crimen de Urbasa, Lazagurría... Es un experto en Derecho internacional y europeo (asesoró al juez de Tudela en la euroorden a Portugal de entrega de El Solitario) ha participado en conferencias y seminarios en muchos países de Europa. En 2008 fue propuesto para ser magistrado del Tribunal Constitucional por el PSN, aunque finalmente no fue elegido. Tampoco resultó ganador cuando en 2010 se presentó a presidir la Audiencia. Ricardo González aterrizó en Pamplona en 2001 procedente de Bilbao y ha dictado cuatro votos particulares en este caso, desmarcándose de sus compañeros. En su carrera ha sido magistrado en infinidad de casos (con jurado fue presidente, entre otros, del crimen de Tafalla) y junto a Cobo y su entonces compañero, Francisco Goyena, dictaron una auto revolucionario en 2010 que aceptaba la entrega de la vivienda como dación en pago. Tiene dos hermanos también magistrados en Pamplona. Raquel Fernandino tomó posesión como magistrada de la Audiencia en 2015, en sustitución de Goyena. Procedía de un juzgado de instrucción de Madrid (allí archivó una causa por fraude fiscal al líder de Podemos Juan Carlos Monenedero, por ejemplo). Antes estuvo en Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Tudela y Haro. Durante el juicio se les criticó por ser demasiado garantistas con los acusados (son los únicos que hacen declarar a los últimos), pero su criterio también fue aplaudido por muchos abogados por ser muy respetuoso con los derechos constitucionales. LA FISCAL Elena Sarasate. Pamplonesa, ingresó en la carrera Fiscal en 1989. Es juez en excedencia, ya que aprobó la oposición de jueces y fiscales, y optó por la Fiscalía. Trabaja desde 1991 en la Fiscalía de Navarra y entre 2004 y 2014 se centró en Menores. Antes, participó en juicios con jurado como el de una maestra en Santesteban (1997) y también fue la fiscal del crimen de Azpilagaña (2000). En el juicio, tanto acusaciones como defensas destacaron su tono sereno y contundencia. ACUSACIÓN PARTICULAR Carlos Bacaicoa se encontraba de guardia en el servicio de Atención a la Mujer el 7 de julio cuando le tocó asistir a una joven madrileña que denunciaba haber sido violada por cinco sevillanos. De perfil discreto, en la segunda mitad del juicio ha adoptado una posición más pública. Mucho más que el compañero que dirigía la defensa, el abogado de Madrid Miguel Ángel Morán, que guarda relación personal con la familia de la joven. AYUNTAMIENTO La acusación popular más activa (él propuso la testifical de las asistentas sociales). Víctor Sarasa está al frente de la sección de asuntos penales del Ayuntamiento de Pamplona desde hace 28 años (también lleva contenciosos de algunas áreas), y entre los casos en los que ha representado al Ayuntamiento se encuentran el del crimen de Nagore, la colocación de la Ikurriña en el chupinazo, el joven que sufrió graves secuelas tras un botellazo en Sanfermines... GOBIERNO FORAL Ildefonso Sebastián ha adoptado un rol menos activo (era el último en intervenir de las acusaciones, cuando ya se habían hecho la práctica totalidad de las preguntas) y muy discreto. Es jefe de la sección de asuntos penales del Gobierno de Navarra, por lo que interviene en numerosos casos defendiendo a funcionarios. En 2013 defendió a Yolanda Barcina, entonces presidenta, en el caso de los tartazos. TRES ACUSADOS Agustín Martínez ha sido la cara mediática de la defensa de los acusados, tanto por su participación en numerosos programas en la instrucción como durante el juicio. Ha recibido muchísimas críticas en las redes sociales, a pesar de que define como “de izquierdas” y “feminista”. Sus conclusiones fueron lás más completas de las defensas. En Sevilla es conocido por sus casos contra el expresidente del Sevilla, Del Nido, por ejemplo. Como ayudante en la sala tenía al abogado pamplonés José Javier Echeverría, ex concejal de Izquierda Unida en Pamplona y abogado del Servicio de Atención a la mujer. EXGUARDIA CIVIL Jesús Pérez Pérez, abogado sevillano, lleva al guardia civil acusado (fue suspendido por el Instituto Armado tras su encarcelamiento). Abogado en ejercicio desde 2003, es el primer caso de agresión sexual que ha llevado. Suya fue la pregunta a una agente que reconoció que la denunciante le había dicho que sabía que la habían grabado, y también la que encardinaba lo sucedido en los Sanfermines, “un referente mundial del turismo de excesos etílicos y sexuales”, algo muy criticado. En el juicio tenía ayudante. Exmilitar Juan Canales Cid, sevillano, trabajó muchos años en el despacho de Jesús Pérez. Le definen como un estudioso del Derecho y ha llevado varios casos de agresiones sexuales. Ha sido muy discreto ante los medios, a pesar de que la prueba que presentó (el informe de los detectives que rastreó las redes sociales de la joven) fue la que más revuelo causó. A última hora, justo cuando iban a declarar los detectives, lo retiró. Sus conclusiones fueron las más breves. También iba con ayudante.

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Quién es quién en el caso de la violación denunciada en San Fermín 2016

Unos con más exposición mediática que otros, dentro de la sala del jurado había cada día seis abogados de la defensa, cuatro acusaciones y tres magistrados. Estos fueron los actores del juicio.

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