Tras el enfrentamiento generado entre los socios del Gobierno de Navarra por temas como el Tren de Alta Velocidad, la Ley de Policías o la más reciente de las torres de Salesianos en Pamplona, ahora ha sido una decisión del departamento de Educación la que ha abierto una nueva brecha en el cuatripartito.

El origen está en una resolución del director general conocida el martes por la que autoriza a dos centros concertados, el religioso de la Compañía de María de Tudela y la Ikastola Paz de Ziganda de Villava, a ampliar su ratio por aula en 1º de Infantil de 25 a 28 alumnos, permitiendo que accedan niños y niñas que habían quedado en lista de espera.

Sin embargo, rectificó y reconoció que el plazo para que los centros elijan la ratio por aula -tenían que hacerlo antes del 31 de enero, cuando no se conocen las prematriculaciones- no está incluido en el Decreto Foral que regula la admisión del alumnado, sino que se hace a través de instrucciones del Negociado de Escolarización. Algo que, añadía, no puede prevalecer sobre el derecho de los padres y madres a la elección del centro, teniendo en cuenta que no existen razones pedagógicas en contra ni tampoco perjudica a terceros.

De esta forma, asumió la sugerencia de sendas resoluciones del Defensor del Pueblo de Navarra, que apoyó a los padres y no vio ningún obstáculo legal para aumentar las ratios. Además, en ambos casos reflejaba que los padres no tenían alternativa en Tudela ni en Pamplona en un centro de similares características.

I-E la califica como decisión “muy grave”

Los que no están de acuerdo son los otros tres grupos y el más crítico fue Izquierda-Ezkerra, que amenazó con romper relaciones con Educación y eludió cualquier responsabilidad. Aseguró que se desvincula de esta decisión y que son ajenos a la misma, además de añadir que consideran que “fractura” la confianza de I-E en el departamento, al que achaca toda la responsabilidad.

“La decisión es muy grave y el aumento del número de alumnos en el aula supone una merma en la atención educativa al alumnado”, aseguró Marisa de Simón, quien añadió que, además, se incumple la normativa sobre la reserva de plazas para el “alumnado sobrevenido”, aquel que llega una vez iniciado el curso y que no podrá acceder a estos dos centros porque tienen copadas todas sus plazas. “Esto nunca debería haberse consentido. Ahora, ¿cuántos centros van a pedir lo mismo?

Esto trae desorden y caos. La responsabilidad es de Geroa Bai”, recalcó.

I-E apostó por revertir los recortes en educación aplicados por UPN y PP y recordó que impulsó la reducción de 28 a 25 alumnos por aula. Además, señaló que, ante esta “complicada y crítica situación”, esperan que el departamento trabaje en defensa de la “educación en general, y muy en particular de la enseñanza pública” con recursos, infraestructuras y una escolarización “socializadora”.

De Simón también puso en duda que tenga que prevalecer la libertad de los padres. “¿Hasta qué punto las familias pueden elegir o no un centro religioso cuando la ley lo prohibe porque la concertada es para completar si hay una plaza en la pública tan buena o mejor? Creemos que no es un derecho. Educación tiene que garantizar una oferta pública de calidad”, insistió.

Por último, criticó que se haya tomado en agosto esta decisión que, aseguró, es contraria al acuerdo programático y de la que ni siquiera les han informado.

“Sorpresa” de Bildu y marcha atrás

A las críticas de I-E se sumó también Bildu, que dijo recibir con “sorpresa” esta decisión. “Cuando el cambio ha trabajado por revertir los recortes en la calidad de la enseñanza impuestos por UPN y PP y hemos trabajado para devolver ratios dignas a la educación pública, ahora se permite dar esta marcha atrás en estos dos centros”, denunció la portavoz de Educación Miren Aranoa.

Además, anunció que propondrá regular por Ley el número de alumnos por aula en cada centro, sea público o concertado. “Aumentar ratios y llegar hasta 27 o 28 alumnos por clase va en la dirección contraria a los objetivos de educación de calidad”, dijo.

No poner por encima la religión para Podemos

Podemos, refiriéndose al colegio religioso de la Compañía de María, también puso en duda la decisión. “La Constitución garantiza el derecho de los padres a ofrecer una educación acorde a sus sentimientos religiosos o convicciones, pero no obliga a que se lleve a cabo con recursos públicos”, señaló, aunque hay que tener en cuenta que los dos colegios católicos de Tudela son concertados y no hay opción de estudiar en uno privado. “La elección de una enseñanza religiosa no puede ser óbice para la admisión en un centro y menos para aumentar la ratio porque, en tal caso, estaríamos poniendo las motivaciones religiosas por encima de las pedagógicas y del interés siempre superior del menor a recibir una educación de calidad”, indicó.

También recalcó que hay una relación directa entre la calidad y las ratios y rechazó la decisión del Gobierno. “La reducción de las ratios fue una de las primeras exigencias con carácter prioritario en el acuerdo programático. Se habla de disminuirlas”, dijo, al tiempo que añadió que, aunque la ley permite llegar a 28 alumnos por aula, 25 ya resulta excesivo.

La decisión del departamento de Educación también generó ayer opiniones entre los partidos de la oposición, aunque no fueron coincidentes. Por un lado, el Partido Popular mostró su satisfacción por que el Gobierno de Navarra haya rectificado y permita que accedan a la Compañía de María los alumnos que se habían quedado fuera, algo que ya había solicitado teniendo en cuenta que estaba avalado por el Defensor del Pueblo.

“Coincidimos en que la libertad de los padres a elegir el centro que deseen debe prevalecer sobre el plazo de solicitud de aumento de alumnos, siempre que el centro esté de acuerdo y no se supere el máximo legal, como es el caso”, afirmó el parlamentario Javier García.

También criticó a I-E y le hizo responsable, al menos en parte, de que la mayoría de los tudelanos elijan la educación concertada porque la gestión del cuatripartito “no se caracteriza por la defensa de la calidad y la estabilidad de la escuela pública, esa que tanto dicen defender”.

Por su parte, el concejal del PP en Tudela José Suárez acusó al PSN, crítico con esta decisión, de anteponer sus criterios ideológicos a la libertad de los padres, “un derecho recogido en la Constitución y amparado por la ley”.

Precisamente, los socialistas anunciaron ayer que han presentado una interpelación al Gobierno de Navarra sobre su política en la escuela pública. Señalaron que decisiones como la de ampliar la ratio afectan a la distribución equilibrada de alumnado desfavorecido en algunos centros privados concertados, y añadieron que han generado “estupor y sorpresa”.

Su portavoz, Carlos Gimeno, recalcó que el Gobierno no está atendiendo a la escuela pública y que tampoco garantiza la equidad ni la excelencia en sus centros.