Diario de Navarra

El Tribunal Constitucional declaró ilegal que los ayuntamientos navarros cobren el impuesto de la plusvalía municipal cuando el inmueble se ha vendido a un precio inferior al que costó. Si no hay un incremento, no hay una plusvalía que gravar. La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha enviado una circular a las entidades locales en la que les recuerda que se trabaja en una reforma legal tras la sentencia, ya que afecta a tres artículos de la Ley de Haciendas Locales. “Teniendo en cuenta los posibles recursos que se pueden interponer frente a las liquidaciones que se practiquen, sería aconsejable demorar la liquidación del impuesto”, traslada la FNMC a los ayuntamientos, “sobre todo en aquellos casos en los que se pueda presumir que no se ha producido un incremento real de valor, siempre y cuando tal demora no provoque la prescripción de la obligación tributaria”. REQUISITO, HABER RECURRIDO La sentencia influirá en los ingresos de los municipios. Por una parte, las entidades dejarán de contar con parte de lo que recaudaban por este tributo y que en 2015 ascendió a un total de 19,6 millones de euros (en Pamplona, 5,6 millones). Por otro lado, algunos ayuntamientos deberán devolver lo cobrado en determinados casos. No se sabe en cuántos. El Constitucional no ha especificado si el fallo tiene carácter retroactivo (afectaría a los cuatro años anteriores). La FNMC entiende que esos ejercicios no serían reclamables y sólo contempla la posibilidad de devolución en el caso de que la resolución no fuese firme, es decir, si el contribuyente recurrió, algo que podía hacer en un plazo de 15 días después de haberlo abonado. Según la sociedad de tasaciones Tinsa, en Navarra se vendieron alrededor de 5.400 inmuebles en pérdidas entre 2013 y 2016 (los años anteriores han prescrito). En Navarra ha habido entre 40 y 60 recursos cada año. La FNMC señala en su circular que el legislador debe ahora fijar el procedimiento y la forma de acreditar que no hubo incremento de valor del inmueble. En cualquier caso, sostiene que la declaración de inconstitucionalidad en una disposición general “sólo afecta a actos y liquidaciones tributarias no firmes”. Afirma que es el criterio que se aplica en Guipúzcoa, donde tuvo lugar la primera sentencia sobre este tema. LA POSTURA DEL GOBIERNO El Gobierno foral estudia con la FNMC y ayuntamientos como el de Pamplona la salida legal a la situación. El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, afirmó que entre las opciones que barajan está crear un nuevo impuesto todavía sin definir o adaptar el tributo actual a lo que dice el Tribunal como han hecho Guipúzcoa y Álava. El Parlamento aprobará la solución definitiva. En cuanto al posible impacto en la recaudación de los ayuntamientos que deban reintegrar este impuesto, Aranburu indicó que si los municipios no pueden afrontarlo “habrá que buscar una fórmula” que deberá concretar el Legislativo. Apuntó como posibles vías aumentar el Fondo de las Haciendas Locales o subir la carga tributaria en otros impuestos municipales.

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La FNMC aconseja a las entidades esperar para liquidar las plusvalías

Recuerda a los ayuntamientos que se trabaja en la elaboración de una nueva ley; el Constitucional anuló este impuesto municipal si el inmueble se vende en pérdidas

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