El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez deja en el aire varias de las principales medidas económicas y laborales previstas para los próximos meses. La subida de las pensiones, el incremento salarial de los funcionarios y la actualización del ingreso mínimo vital (IMV) dependen de que el Gobierno les dé respaldo legal, mientras que el Ejecutivo mantiene su intención de seguir adelante con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

La disolución de las Cortes afecta a medidas que, en conjunto, tienen impacto sobre más de 18 millones de personas.

LAS PENSIONES, LA PRINCIPAL INCÓGNITA

La revalorización de las pensiones es la medida que afecta a un mayor número de ciudadanos. Están pendientes de ella unos 10,8 millones de pensionistas, entre contributivos, no contributivos y Clases Pasivas. A ellos se suman los 2,7 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital, cuya cuantía está vinculada a las pensiones no contributivas.

La ley establece desde 2021 que las pensiones deben actualizarse en función de la inflación. Sin embargo, para hacer efectiva la subida es necesario aprobar un real decreto, que tradicionalmente llega en el último Consejo de Ministros del año.

El principal problema es el calendario. El dato definitivo de inflación de noviembre, necesario para calcular la revalorización, no se conocerá hasta el 15 de diciembre, cuando el Gobierno ya estará en funciones tras la convocatoria electoral.

La situación genera dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para aprobar la medida, aunque no existe una prohibición expresa para hacerlo durante un periodo de funciones. En 2019, el propio Pedro Sánchez optó por retrasar la subida de las pensiones y los salarios públicos hasta la formación del nuevo Gobierno.

Todo apunta, no obstante, a que la actualización terminará aplicándose, aunque pueda llegar con retraso. En anteriores votaciones en el Congreso, el PP ha respaldado la revalorización de las pensiones, mientras que Vox ha sido el único partido que se ha opuesto.

LOS FUNCIONARIOS ESPERAN UNA SUBIDA DEL 4,5%

La situación es similar para los cerca de tres millones de empleados públicos. El Gobierno acordó una subida acumulada de los salarios de los funcionarios del 11,4% hasta 2028.

Para el próximo año está previsto un incremento del 4,5%, pero su aplicación necesita respaldo mediante un decreto. A diferencia de las pensiones, el Ejecutivo no tiene que esperar al dato definitivo del IPC, por lo que podría intentar aprobar la medida antes de las elecciones.

El PP también apoyó anteriormente los decretos de subida salarial de los empleados públicos correspondientes a 2025 y 2026, mientras que Vox votó en contra.

EL SMI MANTIENE SU CALENDARIO

El salario mínimo interprofesional (SMI), que afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, mantiene por ahora su hoja de ruta.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto reunir al comité de expertos para elaborar una propuesta de incremento que posteriormente será negociada con los sindicatos. Fuentes del Gobierno aseguran que la intención es mantener el proceso pese al adelanto electoral.

La incógnita está en si todos los trámites podrán completarse antes de las elecciones del 29 de noviembre. En los últimos años, la subida del SMI se ha aprobado incluso en enero o febrero del año siguiente. Además, existen precedentes de aumentos aprobados con un Gobierno en funciones, como ocurrió en diciembre de 2015 durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

OTRAS MEDIDAS LABORALES QUEDAN EN EL AIRE

La convocatoria electoral también paraliza las iniciativas legislativas que estaban pendientes de tramitación en el Congreso. Entre ellas se encontraban el Estatuto del Becario y la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, además de una propuesta de Podemos para despenalizar la jubilación anticipada de quienes acumulan 40 años o más de cotización.

También queda comprometida la reforma para endurecer el control horario, una de las principales iniciativas del Ministerio de Trabajo y que había provocado discrepancias entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo.

A esto se suma la ampliación de los permisos retribuidos por fallecimiento hasta los 10 días y la creación de nuevos permisos vinculados a los cuidados paliativos y la eutanasia, medidas pactadas con los sindicatos pero que todavía no se habían plasmado en una norma.

El adelanto electoral también dificulta la reforma del despido planteada por Yolanda Díaz, al requerir una ley, y deja en una situación incierta los cambios para evitar que las subidas del SMI absorban los complementos salariales de los trabajadores que cobran ligeramente por encima del mínimo.