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Historia y Patrimonio

Derecho del rey, derecho del reino: las leyes navarras en la Edad Moderna

'Novísima recopilación' realizada por Joaquín de Elizondo.
'Novísima recopilación' realizada por Joaquín de Elizondo.
Archivo Real y General de Navarra
  • Mercedes Galán
Actualizada 14/05/2021 a las 17:36

En aportaciones anteriores se ha hecho referencia a las “leyes que hicieron Navarra” en la Edad Media: el derecho navarro se recogía en los fueros locales y el Fuero General de Navarra, conforme a los que se ejercía la función de juzgar. Además, también los jueces contribuían con sus sentencias a la creación y fijación del derecho, así como la propia población con el desarrollo de sus costumbres.

Las instituciones y el régimen navarro que aparecían en los textos medievales trataron de preservarse y actualizarse, recogiéndolos, a comienzos del siglo XVI, en el llamado Fuero Reducido. Precisamente la razón por la que este fuero se elaboró y a la que debe su nombre fue tratar de “reducir a unidad” la diversidad de fueros existentes en Navarra. El texto, concluido en 1530, no se aprobó por más que el reino navarro lo solicitó a Carlos I y Felipe II, aunque los juristas navarros lo utilizaron en la práctica.

No obstante, el derecho medieval navarro también se iba actualizando a través de la actividad legislativa de las Cortes de Navarra, además de la práctica judicial y del desarrollo de las propias costumbres.

Además, a partir de la incorporación del reino navarro a la Corona de Castilla en 1515, los reyes, tanto personalmente como a través de sus Consejos y oficiales, dictaban disposiciones que debían ser aplicadas en Navarra.

Este hecho determinó que a lo largo de la Edad Moderna, desde el siglo XVI hasta comienzos del XIX, se hiciera referencia de una parte al “derecho del reino”, y de otra al “derecho del rey”, diferencia especialmente marcada en el caso de Navarra.

En todos los reinos peninsulares que contaban con Cortes propias, tanto las leyes del rey como las leyes de Cortes comenzaron a recogerse y publicarse conjuntamente en unos textos que facilitaban, tanto a los juristas como a la población en general, su conocimiento. Estos textos se denominan recopilaciones y son la fuente del derecho característica de la Edad Moderna.

El fenómeno jurídico de la elaboración de recopilaciones se dio en Navarra, como en el resto de territorios peninsulares, aunque tuvo sus peculiaridades.

Desde 1561, el Consejo Real otorgaba la “sobrecarta” o visto bueno a las reales cédulas y provisiones no opuestas a los fueros y leyes del reino. A ello se añadió el “pase foral”, otorgado por la Diputación desde 1632, si la disposición real no contravenía el derecho navarro. El “pase foral”, desde su establecimiento, pasó a ser el paso previo a la sobrecarta.

Las reparaciones de agravios se solicitaban también en las reuniones de Cortes, de forma que las leyes que finalmente resultaban aprobadas en Cortes podían ser tanto consecuencia de una necesidad que se había planteado, como de un agravio cuya reparación se había solicitado. Por esta razón, en las recopilaciones navarras se hace referencia tanto a las leyes como a los “agravios reparados”, que también tenían rango de ley aunque su origen fuese diferente.

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El difícil equilibrio entre el “derecho del reino” y el “derecho del rey”

La prevención que las Cortes navarras o su Diputación manifestaban hacia las disposiciones que provenían de la corte y que, lógicamente, se sometían a examen, hizo que cuando se planteó la tarea recopiladora en Navarra se distinguiese claramente lo que era el “derecho del reino” y el “derecho del rey”. Integraban el “derecho del reino” principalmente las leyes elaboradas por las Cortes navarras, mientras que se consideraba “derecho del rey” el conjunto de disposiciones que provenían del rey o de sus instituciones u oficiales.

Entre el “derecho del rey” eran especialmente delicadas las “leyes de visita”, normas resultantes de la inspección de que habían sido objeto las instituciones navarras por parte de oficiales del rey. En particular eran “visitados” o inspeccionados los tribunales navarros, con objeto de mejorar la administración de justicia. A pesar de la loable finalidad de la inspección, las Cortes y la Diputación estaban especialmente pendientes de que no se contraviniese el régimen navarro.

La necesidad de recoger de forma unificada y sistemática el derecho navarro, en un mismo texto, se había puesto de manifiesto con los últimos reyes privativos de Navarra, Catalina y Juan, que habían planteado a las Cortes en 1511 su elaboración.

En los años inmediatos a la conquista de 1512, en concreto en 1514, el virrey don Diego Fernández de Córdoba insistió en la necesidad de “reducir” los fueros a concordia y unidad, dada la diversidad de leyes y la confusión que ello suponía para la administración de justicia.

A pesar de que, como se ha señalado, el Fuero Reducido, texto con el que se pretendió lograr la unificación de los fueros medievales navarros, no se aprobó, siguió presente la necesidad de contar con una obra que recogiese el derecho vigente en Navarra.

Sin duda, la negativa a la aprobación del Fuero Reducido pesó en el ánimo de las Cortes navarras, que se negaron a aprobar cualquier texto legal no elaborado a su solicitud, o con su visto bueno.

De esta forma, el problema práctico que se planteó en Navarra fue que, para que una recopilación se considerase oficial, se requería una doble aprobación: la del rey y también la de las Cortes navarras.

Aunque el rey y sus instituciones dictasen normas para ser aplicadas en Navarra y que en la práctica se aplicaban, una vez obtenida la sobrecarta desde 1561, o el pase foral y la sobrecarta desde 1632, el hecho fue que no se recogieron en ningún texto considerado oficial antes del siglo XVII. Estas normas eran, por supuesto, derecho oficial, si no contravenían el derecho del reino, pero el problema seguía siendo su dispersión o la falta de una obra que las recopilase o recogiese conjuntamente.

Estaba claro que era necesario contar con recopilaciones de derecho navarro, pero también la reticencia de las Cortes a aprobar un texto en cuya elaboración no hubiesen participado o que no se hubiese hecho por su encargo.

Esta es la razón por la que al hacer referencia al derecho navarro de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII) se distinguen dos tipos de recopilaciones: las oficiales y las no oficiales. Aunque se elaboraron diversos textos, sólo dos llegaron a ser oficiales, al obtener la doble aprobación, la del rey y la de las Cortes navarras.

Las recopilaciones navarras “no oficiales”

La primera recopilación navarra que recogió el “derecho del rey” fue la elaborada por los licenciados Balanza y Pasquier, miembros del Consejo Real de Navarra. La obra se imprimió en Estella en 1557 con el título Las ordenanças, leyes de visita, y aranzeles, pregmaticas, reparos de agrauio, & otras prouissiones Reales del Reyno de Nauarra. Consta que el texto se imprimió por mandato de Felipe II y del virrey en su nombre, con acuerdo del Consejo Real.

Esta obra se divide en dos libros y recoge, en el libro primero, las ordenanzas de Carlos III para la Corte, leyes de visita desde 1525 hasta 1550, ordenanzas sobre merinos (1541), diversos aranceles y un cuaderno de treinta provisiones reales. En el libro segundo se incluyen pragmáticas, leyes, y reparos de agravio, además de ordenanzas reales para las ciudades y buenas villas y, por su importancia, el juramento y coronación de los reyes Catalina y Juan en 1494, el juramento de Felipe II siendo príncipe en 1551, el poder otorgado al virrey, y la forma de arrendamiento de las tablas reales.

Diez años después, en 1567, Pedro Pasquier, en esta ocasión como autor único, presentó una nueva recopilación, también impresa en Estella y que se conoció como Ordenanzas nuevas, para distinguirla de la obra que había realizado en colaboración con el licenciado Balanza. En esta segunda obra, dividida en tres libros, Pasquier ordena sistemáticamente el contenido de las Ordenanzas viejas, añade las leyes de las Cortes navarras de 1558 y 1561, e introduce disposiciones reales de tema civil. Cabe destacar el nuevo repertorio final por materias, que resulta de gran utilidad.

A pesar de todo, ninguna de las dos obras mencionadas en las que intervino Pasquier llegó a ser oficial, al contener derecho no elaborado por las Cortes ni haber aprobado éstas su realización.

Un hecho simbólico, que merece la pena remarcar, es que en 1614 se concluyeron simultáneamente dos recopilaciones, una hecha por encargo del rey y otra por encargo del reino. La encargada por el rey la realizó Armendáriz, jurista navarro abogado del Consejo Real, que recopiló leyes de las Cortes navarras para contentar a los Estados sin conseguirlo, ya que las Cortes rechazaron el texto por no haberlo encargado ellas. Armendáriz habría preparado una segunda recopilación conteniendo el “derecho del rey”.

Por su parte, las Cortes también encargaron a sus síndicos, Sada y Murillo, una recopilación que recogía las leyes de Cortes elaboradas desde 1512, señalando expresamente que no debían recogerse leyes de visita ni provisiones del virrey o del Consejo.

La cuestión fue que las Cortes no aprobaron el texto de Armendáriz, pero tampoco el rey aprobó el elaborado por los síndicos, a pesar de que ambas obras recogían leyes de las Cortes navarras.

Otra obra no oficial, pero cuyo contenido se aplicó en la práctica y fue relevante para la organización y funcionamiento del Consejo Real es la colección de Ordenanzas del Consejo Real de Navarra, publicada en 1622 por Martín Eusa. Este texto permite conocer también el funcionamiento de la Corte Mayor y de la Cámara de Comptos.

Se realizaron además otras obras que, aunque tampoco fueron oficiales, son de gran interés para conocer el derecho navarro. Es el caso de los repertorios de Ruiz de Otalora (1561, recogiendo leyes del rey y del reino), y el de Sebastián de Irurzun, de 1666, que hace referencia a las leyes de Cortes desde 1614 hasta 1662 y a la que el Consejo concedió licencia de impresión en 1665.

Las recopilaciones navarras oficiales

Las dos recopilaciones navarras que llegaron a ser oficiales fueron la elaborada por Chavier, publicada en 1686, y la de Elizondo, publicada en 1735.

Antón de Chavier era abogado de los Consejos de Castilla y de Navarra, auditor general de la gente de guerra, y diputado en Cortes por la villa de Torralba. Realizó una recopilación que recogía sólo las leyes de las Cortes navarras desde 1512, así como el texto del Fuero General de Navarra, siendo ésta la primera vez en que este fuero se imprimía. Es decir, se trataba de una recopilación que sólo recogía derecho del reino. Fueron las propias Cortes las que acordaron que se recopilasen las leyes de Cortes hechas desde la unión con Castilla, junto con el Fuero General, y las que encomendaron el trabajo a Chavier. El texto fue aprobado y se publicó en 1686.

También fue oficial la recopilación elaborada por Joaquín de Elizondo, titulada Novísima Recopilación de las Leyes del Reino de Navarra, publicada en 1735. Esta obra, igual que la anterior, recogía leyes de las Cortes navarras, en concreto las elaboradas entre 1512 y 1716, año en el que se había celebrado la última reunión de Cortes previa a la elaboración del texto.

Esta obra se divide en cinco libros. El primero se dedica a aspectos importantes de derecho público, comenzando por hacer referencia al rey, su coronación y juramento, al virrey, límites del reino, las Cortes, las leyes del reino y su observancia, cédulas reales y mandatos de justicia, fortalezas, gente de guerra (ejército), patronato real, condición de natural del reino, oficios públicos alcaldes y regidores de los pueblos, residencias, insaculaciones, cuarteles y alcabalas, acostamientos, y derechos reales y concejiles. Se trata también de las tablas reales, sacas y peajes, cosas vedadas de entrar y sacar del reino, venta de cereales, pastos, cabañas, cañadas, disfrute de las Bardenas Reales, prendamiento de ganados, de la Mesta, repartimientos y derramas, yeguas y caballos, cotos y paramentos, pesos y medidas, vínculos de los pueblos, almadías, y privilegios y exenciones.

El libro segundo hace referencia a cuestiones procesales: jueces del Consejo y la Corte Mayor, visitas y visitadores, oidores de comptos, fiscal y patrimonial, chanciller del reino, merinos, tesorero del reino, alguaciles, secretarios del Consejo, escribanos de la Corte Mayor, comisarios, letrados, receptores, escribanos reales, procuradores, porteros y ejecutores, alcaldes de guardas, vicarios generales, abogados, relatores, protomédico y su jurisdicción, depositario y depósitos, juicios y orden de proceder en ellos, reparto de negocios, pruebas y testigos, remisionados, sentencias, apelaciones y suplicaciones, inhibiciones, pleitos eclesiásticos, nulidades y restituciones, Inquisición, deudas, amparos, no sacar procesos del reino, prescripciones, y derechos de curiales. También dedica apartados a negocios de estado y guerra, así como a los hidalgos.

En el tercero predomina el derecho civil, ya que se trata de arrendamientos, compraventa, censos, pago de pechas, reventas, donaciones, corredores, matrimonios clandestinos, segundos matrimonios, arras, dote, conquistas, testamentos y sucesiones, inventarios, mayorazgos, y tutela. También se trata de vestidos y trajes, y de funerales y lutos.

El libro cuarto se dedica al derecho penal. Se hace referencia a acusaciones, blasfemos, adulterio, robo, fuerzas, ausentes, daños en huertas y árboles, ladrones, vagabundos, gitanos y galeotes, juego, homicidios, presos, remisión de los delitos y penas, perdones y salvaguardas.

Finalmente, el libro quinto trata cuestiones diversas, destacando lo relacionado con la beneficencia, obras públicas, moneda y diversos oficios. Se hace referencia a bautizos y misas nuevas, limosnas, hospitales, cofradías, guarda de los puertos, caminos, puentes, de la moneda, caza y pesca, colmenas y abejeras, mulas de alquiler, sastres y cordoneros, sombrereros, estañeros, caldereros, pellejeros, zapateros, herreros, tejidos, edificaciones, obras reales, criados, casas de armería y escudos de armas, jornaleros y oficiales mecánicos, monasterios, bastimentos, molinos y molineros, y padre de huérfanos.

En definitiva, la Novísima Recopilación permite hacerse una idea general del derecho del reino, al recoger diferentes leyes de Cortes que, desde 1512 hasta 1716, hicieron referencia a todas estas cuestiones.

Esta recopilación actualizó la realizada por Chavier, al añadir las leyes de Cortes posteriores a 1686, si bien no recogió el texto del Fuero General.

Las leyes de Cortes posteriores a la Novísima Recopilación de Elizondo hasta la última reunión de las Cortes navarras, que fue la celebrada entre 1828 y 1829, fueron publicadas por la Diputación Foral de Navarra en dos volúmenes de “Cuadernos de leyes y agravios reparados de los tres Estados del Reino de Navarra”.

Las recopilaciones de Chavier y Elizondo son de gran interés, ya que ofrecen una selección de las leyes de Cortes más relevantes, en relación con una temática amplia.

Sin embargo, si se quiere conocer en su integridad la labor legislativa de las Cortes navarras, es imprescindible acudir a las actas de las Cortes navarras. Para ello, los navarros tenemos la fortuna de que en el siglo XX estas actas fueron editadas por el Parlamento de Navarra, en una magnífica colección coordinada por Luis Javier Fortún.

En todo caso, para conocer el derecho navarro de la Edad Moderna en su integridad, en cuanto a tener también acceso a aquellas disposiciones que emanaron del rey o sus instituciones, es importante contar con las recopilaciones no oficiales.

El hecho de que en Navarra coexistan estos dos tipos de recopilaciones pone de manifiesto el equilibrio necesario, así como el mutuo respeto que se profesaron, las instituciones del rey y del reino.

Mercedes Galán. Catedrática de Historia del Derecho en la Universidad de Navarra

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