El Gobierno es partidario de esperar al Consejo Europeo que tendrá lugar la semana próxima, los días 19 y 20, antes de dar el paso de aprobar un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Nada está aún decidido y las cosas pueden cambiar en función de distintos factores, pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, volvió a enfriar este viernes las expectativas de que el Consejo de Ministros del martes tome ya alguna decisión, como ha planteado Yolanda Díaz.

Montero hizo hincapié en algo que también vienen subrayando la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo: que, al menos de momento, el impacto del conflicto en Oriente Medio no es equiparable al que tuvo la guerra de Ucrania en 2022. Y, pese a las presiones de sus socios de Sumar o del PP, pero también del lehendakari, Imanol Pradales, o del presidente canario, Fernando Clavijo, en Moncloa recuerdan que entonces se tardó un mes en aprobar un real decreto ley de medidas urgentes.

Hace cuatro años, Sánchez también quiso esperar -en plena tensión por los problemas de desabastecimiento que provocó la huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte- a una reunión de líderes en la que finalmente se aceptó la "excepción ibérica", que permitió a España y Portugal desacoplar los precios de la electricidad respecto al gas. Cuerpo avanzó el jueves que ahora hay que ver "hasta qué punto este tipo de mecanismo está en estos momentos en la mente también de las autoridades europeas".

"Tenemos ya todo el compendio de medidas que aprobaremos en el momento que sea oportuno y será oportuno el momento en que, por una parte, tengamos pronunciamiento de los límites que pueda plantear Europa", añadió hoy la vicepresidenta primera. No se refería solo a la posibilidad de poner tope al precio del gas sino también a cuestiones fiscales. Porque otra diferencia con 2022 que pesa en el ánimo del Ejecutivo es que ahora no está activada la cláusula de escape que permite suspender temporalmente las metas de déficit y endeudamiento. Y se apruebe lo que se apruebe tendrá un elevadísimo coste económico.

La UE es también determinante a la hora de decidir, por ejemplo, si se instaura un marco de crisis que permita a los diferentes países desplegar ayudas estatales al sector. "Ir todos a una es la forma más firme y eficaz para poder atender la situación", remarcó Montero. La ministra de Hacienda matizó, en todo caso, que el Gobierno también quiere ver el comportamiento de los precios después de que las principales economías hayan decidido liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo. Eso puede alterar los tiempos previstos.

MAYOR INCERTIDUMBRE

Fuentes de Moncloa insisten en que lo que ya está decidido es que en esta ocasión las medidas no serán generalizadas -es decir, no se repetirá la bonificación por litro de combustible (los 20 céntimos de 2022)-, sino acotadas a sectores específicos. De entrada, como prioritarios, están el del transporte por carretera y el campo. Pero también señalan que hay varios asuntos que condicionan sus pasos. Por ejemplo, la incertidumbre acerca de cuánto puede durar esta situación. "Con Putin no era difícil anticipar escenarios. Trump no sabemos si mañana mismo va a decir que ya ha cumplido sus objetivos en Irán y se acabó", dicen. Está también la necesidad de arbitrar consensos tanto en el Parlamento (nada fácil) y con los distintos sectores económicos. Todas las señales apuntan a que en esta ocasión el Gobierno irá con pies de plomo antes de mandar nada a la Cámara. Y entre esas señales se incluye que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rechazara ayer la petición de convocar una Conferencia de Presidentes que formularon Pradales y Clavijo -preocupados por el impacto en la industria electrointensiva y el turismo, respectivamente-, con el argumento de que hay ejecutivos autonómicos (Extremadura, Aragón y Castilla y León a partir del lunes) que no están constituidos. Aun así, el ministro invitó a solicitar encuentros bilaterales sobre posibles medidas compartidas.